La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó hoy que investigara a autoridades del estado de Puebla (al gobernador Mario Marín, la procuradora estatal Blanca Alicia Villeda y la jueza local Rosa Celia Pérez González) y de Quintana Roo, para determinar si hubo confabulación entre éstas para violar los derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Dejó también abierta la posibilidad de investigar las redes de pederastas.
Durante la sesión del pleno de la SCJN se conformó ya la nueva comisión para investigar la posible violación a las garantías individuales de la periodista y escritora Lydia Cacho que, como ya se preveía, estará encabezada por el ministro Juan Silva Meza.
La magistrada Emma Meza Fonseca -quien formó parte de la primera comisión investigadora que determinó que no existían elementos indiciarios suficientes para investigar al «gober precioso» y sus subalternos- también formará parte de esta nueva comisión, así como los magistrados Eduardo Alvarado Puente y Anastasio Enrique Escobar Ángeles.
La SCJN determinó que «el objetivo fundamental de la investigación se debe centrar en la existencia o no de un posible concierto de autoridades del estado de Puebla para violar derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho».
No obstante, puntualizó que si dentro de esta investigación los comisionados encuentran hechos o situaciones «diversos» que a su vez pudieran constituir violaciones graves de garantías individuales, éstos podrán ser tomados en cuenta.
El máximo tribunal del país también dejó abierta la posibilidad de que la nueva comisión investigue las redes de pederastas, tras señalar que «como el engrose aprobado por la mayoría suprimió el párrafo en el que expresamente se señalaba que la investigación no comprende a las redes de pederastia, el pleno de la Honorable SCJN determina el mandato a la comisión investigadora».
LA FACULTAD DE INVESTIGAR DE LA SCJN
Esta será la sexta vez en la historia de nuestro país que la SCJN decide ejercer su facultad de investigar, ya que tan sólo en cinco ocasiones lo ha hecho, siendo la más reciente la del estado de Guerrero por la matanza de Aguas Blancas.
La facultad está dispuesta en el Artículo 97 constitucional párrafo segundo y puede también ejercerse a petición de un gobernador de una entidad federativa, del Congreso de la Unión o del Jefe del Ejecutivo.
En esta ocasión, la SCJN atiende la petición hecha por el Congreso de la Unión de investigar la violación a las garantías individuales de la también directora del Centro Integral de Apoyo a la Mujer (CIAM) en Cancún, hecha al máximo tribunal del país en febrero de 2006.
El 19 de septiembre de 2006, los ministros de la SCJN desecharon una primera investigación, encabezada por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia y asistida por la ministra Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín, quienes determinaron que «no existían elementos suficientes para demostrar que el gobernador de Puebla, Mario Marín, había atentado contra los derechos humanos y garantías de la periodista Lydia Cacho», pese a la existencia de llamadas telefónicas entre el «gober precioso» y Kamel Nacif para «darle su merecido a Cacho».
Ante ello, el pleno de la SCJN decidió crear una nueva comisión que realizara una investigación exhaustiva y que fue presentada este día.
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