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Invisibiliza a mujeres legislación migratoria mexicana y centroamericana

Por Guadalupe Cruz Jaimes

La legislación y políticas de migración de México, Centroamérica y República Dominicana, carecen de perspectiva de género, ignoran el impacto diferenciado de la migración en mujeres y hombres y están más enfocadas al control migratorio, lo que limita la protección de los derechos humanos de las mujeres en su tránsito a los países de destino.

Así lo dijo a Cimacnoticias Nancy Pérez García, directora general de Sin Fronteras, con base en el Estudio comparativo de la legislación y políticas migratorias en Centroamérica, México y República Dominicana, que presentaron hoy en esta capital.

Pérez García indicó que en general los marcos jurídicos de la región carecen de transversalidad de género, y, en consecuencia, ignoran entre sus disposiciones el impacto diferenciado de la migración en mujeres y hombres.

La experta lamentó que la perspectiva de género todavía no esté como un eje transversal en las legislaciones, ya que “no podemos tener una política general, necesitamos una política que identifique la vulnerabilidad de mujeres y hombres de distintas edades” para poder responder a sus necesidades “en una situación sumamente vulnerable, en su cruce por el país”.

La falta de esta visión en la normatividad migratoria tiene implicaciones “preocupantes”, pues “limita la posibilidad de protección a sus derechos humanos que pueda tener este grupo (mujeres)”, principalmente en su tránsito por México rumbo a Estado Unidos.

Al ignorar las especificidades entre las y los migrantes, las leyes carecen de disposiciones para evitar la transgresión de los derechos humanos de las mujeres. Y sólo las miran “una vez que ellas son víctimas para ver como se les va atender”, refirió Nancy Pérez.

No obstante, la directora de Sin Fronteras indicó que ha habido un avance en la protección de las mujeres que salen de sus países, pues al considerarlas como un grupo vulnerable se han creado protocolos que las autoridades migratorias deben seguir en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando ellas viajan con menores de edad, en casos de violencia sexual y de trata de personas.

En general, dijo, hay progresos en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes, pero falta “aterrizar” el tipo de atención que se debe brindar a cada grupo poblacional para prevenir y responder a casos de violación a sus derechos.

De igual modo, señaló que a la par de la creación de marcos jurídicos con transversalidad de género y de derechos humanos, hace falta definir los programas, presupuesto, infraestructura e instancias coordinadoras, en las que se apoyen las leyes y políticas migratorias.

Actualmente, la tendencia en las legislaciones en México y la región están enfocadas en el control migratorio, lejos de una política integral que considere a la migración como una problemática social, económica, política y cultural, como ocurre en Estados Unidos -indicó- con base en las conclusiones del estudio, elaborado por Sin Fronteras México y el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo.

Durante la presentación del análisis, realizado en ocho países de la región, entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Gisele Bonicci, de la Coalición Internacional contra la Detención (IDC, por sus siglas en inglés), denunció que las leyes centradas en el control y seguridad ha tenido un impacto en perjuicio de los derechos humanos de las personas migrantes.

Ese tipo de normas, abundó, desprotegen a esta población de actos abusivos y aumentan su invisibilidad.

A pesar de que los países analizados han firmado la mayoría de los tratados internacionales en la materia, las leyes siguen siendo discriminatorias para quienes transitan y residen fuera de sus países de origen, al condicionar su acceso a derechos como a la salud, educación y trabajo a su situación migratoria.

Por ello, Bonicci señaló que las legislaciones requieren “cambios sólidos”. Y mencionó algunas de las recomendaciones indicadas en el estudio, como la necesidad de supervisar y sancionar a las autoridades que transgredan los derechos de esta población.

12/GCJ/LGL

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