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Irregularidades en investigación de feminicidio en Guanajuato

Por Anaiz Zamora Márquez
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El desarrollo de la investigación sobre la violencia feminicida en el estado Guanajuato –de la que depende una eventual declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad– fue poco transparente, irregular y a conveniencia del gobierno federal.
 
De ese modo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) –instancia de la Secretaría de Gobernación– y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) demostraron el poco interés y sensibilidad que tienen para detener la violencia de género.
 
En un evento realizado hoy en Ciudad Universitaria de la UNAM, la doctora Yessica Ivet Cienfuegos Martínez y las maestras Rosalba Vázquez Valenzuela y Cynthia Galicia Mendoza –quienes fueron seleccionadas en abril pasado para integrar el Grupo de Trabajo que investigó la violencia feminicida en Guanajuato– manifestaron su malestar por la forma en que se desarrolló la indagación.
 
En el acto que congregó a académicas de todo el país para fijar su postura sobre el avance de la derecha en México, Galicia leyó una carta dirigida a Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres, y a Alejandra Negrete Morayta, titular de la Conavim, en la que se enlistaron las supuestas irregularidades del proceso.
 
Informó que la investigación concluyó en mayo pasado, por lo que el informe correspondiente (con propuestas de acciones preventivas de seguridad y justicia para abatir la violencia feminicida) quedó integrado en los siguientes días, pero aún no ha sido entregado a las autoridades de Guanajuato.
 
En la carta, las especialistas criticaron la “toma de decisiones infundadas y caprichosas” de las representantes de Conavim e Inmujeres en el Grupo de Trabajo, ya que dejaron fuera del informe y de las conclusiones –sin el consenso de las demás integrantes– “recomendaciones fundamentales” para proteger la vida de las guanajuatenses.
 
A decir de las investigadoras, las representantes de las instancias federales señalaron en varias ocasiones que “no tenían tiempo” o “tenían cosas más importantes que hacer” respecto a la investigación en Guanajuato.
 
Como ejemplo, dijeron que familiares de víctimas de feminicidio fueron entrevistados con premura y citados apenas con algunas horas de antelación.
 
“Como un caso, digno de toda nuestra y su atención” dieron cuenta “del abandono” del Grupo de Trabajo por parte del representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Carlos Villaseñor Navarro, director de Quejas del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la instancia.
 
Igualmente, denunciaron “la actitud prepotente” de la cuarta visitadora de la CNDH, Leticia Escandón, quien –pese a no ser integrante del grupo– en “un acto de despotismo” señaló que la Comisión no aprobaría el informe, ignorando que tuvieron un representante que votó a favor de los acuerdos.
 
Asimismo, Escandón “insinuó que (las académicas) no sabíamos nada respecto de violencia feminicida”.
 
Acusaron también la “falta de formalidad” de la secretaria técnica del Grupo de Trabajo, Gretha Jimena Vilchis Cordero, subdirectora de Atención a Víctimas, Denuncias, Seguimiento y Reparación del Daño de la Conavim.
 
Y es que –dijeron en la carta– en diversas ocasiones Vilchis canceló o modificó horas de las reuniones e incumplió con la asignación del presupuesto para la investigación, el cual tuvo que correr por cuenta de las académicas.
 
Con todo, Yessica Ivet Cienfuegos Martínez, Rosalba Vázquez Valenzuela y Cynthia Galicia Mendoza urgieron a que las recomendaciones emitidas al gobierno de Guanajuato se hagan públicas de inmediato.
 
Pidieron a la Conavim y al Inmujeres que las personas que sean sus representantes en los grupos de trabajo tengan formación en género y Derechos Humanos de las mujeres, y sean sensibles al tema de violencia feminicida.
 
Las especialistas también manifestaron su preocupación ante la forma cómo se integró el Grupo de Trabajo para la investigación del feminicidio en el estado de Morelos –tal y como reportó Cimacnoticias (http://www.cimacnoticias.com.mx/node/66952)–, pues “las autoridades faltaron a la transparencia y a que deben informar sobre el proceso cómo los investigadores e investigadoras fueron seleccionados”.
 
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