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Irregularidades y corrupción opacan el feminicidio de Nadia

Por Guadalupe Cruz Jaimes

La soga que usaron los homicidas para matar a Nadia estuvo “extraviada” seis meses, una camisa manchada de sangre no fue analizada por el perito “por higiene”, se quemaron evidencias en la casa donde ocurrió el crimen, los expedientes tienen nombres alterados, la hora del deceso definida por los forenses no corresponde a la realidad, no se consideraron de importancia las heridas en el cuerpo de la víctima y los testimonios de sus dos hijos han sido ignorados.

Por eso dicen que mi hija se suicidó, afirma doña Antonia, porque las autoridades han cometido irregularidades durante la averiguación, por eso la corrupción, con el objetivo siempre de favorecer la idea del suicidio y exculpar a los feminicidas Bernardo López Gutiérrez, compañero de Nadia y padre de sus hijos, y su hermano Isidro, alias “Matute”.

Durante cinco años, doña Antonia ha luchado para que la palabra de sus nietos, César y Andrés, únicos testigos presenciales del feminicidio registrado al interior de su casa, en Villa Nicolás Romero, Estado de México, el 12 de febrero de 2004, sea escuchada.

Ellos, que entonces tenían 5 y 4 años, respectivamente, junto con su hermana Mariana, de dos años, vieron cómo su padre y su tío metieron a madre en una cisterna, la golpearon mientras ella pedía auxilio, la sacaron, la condujeron al baño, le ataron una cuerda y la colgaron, para simular un suicidio. Después, Bernardo los amenazó con matarlos si decían qué había pasado.

Hoy, los niños no han cambiado su versión y su abuela Antonia sigue interponiendo los recursos legales para que se finquen las responsabilidades correspondientes.

Dos semanas después del asesinato de su madre, los niños rindieron su testimonio ante las autoridades de la Procuraduría estatal, el 25 de febrero de 2004. Y han sido sometidos a peritajes psicológicos en la Unidad de Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) local, primero, y luego ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra).

LUCHA JUDICIAL

Las irregularidades cometidas en la averiguación previa iniciada por el deceso de Nadia, que permitieron a las autoridades afirmar que fue un suicidio, hicieron que su madre presentara, en diciembre de 2004, un peritaje que demuestra que no fue así, que a su hija la asesinaron.

En enero de 2005, Roberto Pérez Pérez, Ministerio Público (MP), en Cuautitlán Izcalli, Estado e México (Edomex) le consignó la averiguación CUA/IZC/III/827/04 por el homicidio de su hija.

Más aún, el pasado 5 de febrero, doña Antonia interpuso una demanda ante la Mesa de Responsabilidades de Tlalnepantla, Edomex, en contra de quien resulte responsable de las irregularidades cometidas por servidores públicos mexiquenses, desde que se levantó el cuerpo de su hija, la madrugada del 13 de febrero de 2004.

Entre estas irregularidades –explica Antonia a Cimacnoticias, mientras saca los documentos que sostienen cada una de sus palabras— está que el perito en criminalística Mishel Aceff Sánchez y el médico forense Jorge Pliego, al momento de rendir su declaración, luego del levantamiento del cuerpo, manifestaron que Nadia no tenía rigidez cadavérica y que tenía entre 3 y 5 horas de haber fallecido.

No es así, explica la señora Antonia, cuando encontraron el cuerpo de mi hija estaba totalmente rígido, “incluso sus piernas ya no las pudo enderezar completamente”. Los mismos peritos aseguraron, al menos en tres ocasiones, que fue un suicidio ya que las lesiones sufridas por la víctima antes de morir, no están relacionadas con el deceso.

Además, cuando Emmanuel Vilchis Sandoval era MP de la Subprocuraduría Regional de la PGJ, en Cuautitlán Izacalli, se “extravió” la soga con la que Nadia fue asfixiada. Y apareció 6 meses después “con manchas de sangre” y este mismo MP no la envía a estudio.

La señora también se inconformó por el dictamen que realizó José Escárcega Hernández, ingeniero químico, perito de la PGJ del Edomex, en marzo de 2004, quien determinó que la sangre encontrada en una camisa que se extrajo de la casa la víctima “es humana, pero insuficiente para examinar”.

Más aún, el perito escribió en su informe: “ropa con sangre no se revisa por higiene”, por lo cual hasta hoy, no se ha realizado ningún estudio.

Dichas irregularidades son producto de “la gran corrupción” de la autoridad, que por la “cuestión económica” y el “tráfico de influencias”, se inclina por alguna de las partes, se explica la madre de Nadia.

Por eso, dice, después de 5 años del asesinato de Nadia, el área de aprehensiones de la PGJ del Edomex ni siquiera ha pedido una fotografía o un retrato hablado del feminicida Bernardo López, prófugo desde la madrugada del 13 de febrero de 2004, luego de matar a su esposa y amenazar de muerte a sus hijos.

Lo que sí logró doña Antonia tres años después del asesinato es que la juez Elaine Dolores Nava girara una orden de aprehensión en contra de Isidro López Gutiérrez, “Matute”, el 30 de octubre de 2007. Pero él se había entregado desde hacía un mes, alegando inocencia y acusando a la señora Márquez de manipular el caso.

Isidro afirmó que nunca había tenido problemas con la ley, pero Antonia sabía que no era así, que había sido acusado por violación e incesto. El pasado 19 de enero, Isaac Manuel Urrutia, subdirector del Instituto de Servicios Periciales de la Delegación Regional de Tlalnepantla, hizo llegar a Felipe Landeros Herrera, juez Tercero de lo Penal de la PGJ, en Cuautitlán Izcalli, que Isidro “sí registro antecedentes anteriores: de violación e incesto causa 244/89-1 de fecha de 24 de abril de 1989”, aunque la resolución del juicio, que se celebró hace 20 años fue: “libertad por desvanecimiento de datos”.

“RELACIONES” POLÍTICAS

Bernardo e Isidro se sienten protegidos, afirma doña Antonia, porque tienen una relación cercana con dos personajes que gozan de una acomodada situación económica y de “peso político” en Villa Nicolás Romero.

El feminicida trabajaba como chofer de microbús para Alejandro Zamora Cid quien, de acuerdo con María Antonia, contenderá por la presidencia municipal de Villa Nicolás Romero en el proceso electoral de este 2009 bajo los colores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además, Zamora Cid es primo de Donato Zamora Rosas, sobrino político de Victoria López Gutiérrez, hermana de los feminicidas, quien fue señalada por vecinos de Nadia como una de las personas que quemó las evidencias en la escena del crimen.

Actualmente, la defensa de Isidro López insiste en que los hijos de Nadia son manipulados por su abuela y que deben carearse con el feminicida, aunque el peritaje psicológico que hizo la Fevimtra, el pasado 26 de enero, señala que sólo el menor de los niños estaría en condiciones de realizar el careo.

La argumentación de los defensores de Isidro “está llena de descalificativos para Nadia y los niños”, menciona doña Antonia. Estos abogados insisten en que se suicidó porque estaba “deprimida” a causa del consumo de drogas y alcohol. Pero los análisis de sangre realizados al cuerpo de la joven indican que ella no consumía ninguna sustancia, como lo afirma también su madre.

INTIMIDACIONES

Luego de que detuvieron a Isidro, alias “Matute”, “ni mis hijos, ni mis nietos pueden estar seguros, no pueden salir solos ni a la tienda, ni a la papelería”, dice la señora Antonia, porque “en mi familia hemos sufrido represalias que incluso han llegado a los golpes”.

Ella fue agredida físicamente, en la esquina de su casa, por Juan Rosas López, hijo de Victoria López. La madre de Nadia presentó una demanda ante la PGJ de Cuautitlán Izcalli, ya que en Villa Nicolás Romero, donde le corresponde, no la quisieron atender.

Además, afuera del domicilio de María Antonia, donde habita con sus hijas, hijos y nietos, se estaciona con frecuencia un automóvil modelo Sentra, color verde, conducido por Juan o Gilberto Rosas López, sobrinos de los feminicidas.

“Los hemos visto merodeando, en las madrugadas, denuncia la señora. Los vecinos ya se dieron cuenta y creen que son ladrones. Hace poco mataron a golpes al perro de uno de mis vecinos”…

Antonia espera que llegue el 17 de marzo, cuando se realizará una junta de peritos, donde las autoridades mexiquenses, junto con la defensa y el perito de la parte acusatoria, presentarán todas las evidencias para reconstruir los hechos.

A partir de sus resoluciones, Felipe Landeros Herrera, juez Tercero de lo Penal de la PGJ en Cuautitlán Izcalli, emitirá su sentencia y quizá el testimonio de los niños se convierta en justicia.

09/GCJ/GG

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