El secretario técnico de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem,) Julio Mata denunció hoy el clima de terror que priva en Acapulco por los citatorios que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) ha enviado a familiares de desparecidos durante la Guerra Sucia, tal es el caso de Elpidia Moreno de 70 años de edad.
Durante la presentación del informe La Verdad y la Justicia: Archivos Pendientes en la Fiscalía Especial» en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mata dio a conocer que en días recientes , la señora Moreno -quien utiliza una silla de ruedas para movilizarse-, ha recibido tres citatorios en su domicilio para presentarse a declarar ante la PGJM con relación a la desaparición de su hijo Santiago Roque Moreno, ocurrida en 1968.
Informó que desde los días 5, 7 y 8 de febrero, llegaron hasta su domicilio de Calle número12 en la colonia Cuauhtémoc, militares vestidos de civil, para entregarle los citatorios en los que la procuraduría militar hace referencia a la denuncia presentada por Elpidia Moreno ante la procuraduría General de la República (PGR) por la desaparición de su hijo.
De esta forma Moreno fue convocada a coadyuvar con el Ministerio Público Militar aportando todos los datos o elementos de prueba con los que cuente para contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo Mata junto con otros activistas, rechazó que los familiares deban acudir ante la justicia militar porque eso avalaría a esos tribunales antepóniendolos a la justicia civil.
Mata informó que hasta el momento se han recibido citatorios en Acapulco, Atoyac y Chilpancingo, lo que ha creado un clima de terrorismo entre los familiares de las personas desparecidas.
Informó que estos casos interpondrán amparos, al insistir en que no se presentarán ante las autoridades militares a declarar.
Igualmente, dijeron que en el ámbito internacional, llevarán estos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) así como otros organismos de defensa de derechos humanos.
Por su parte Enrique González, asesor jurídico de la Afadem, opinó que citar a los familiares es una forma más de los militares de presionar y torturar psicológicamente a los familiares, descartando la intención de realizar un verdadero trabajo ministerial.
Por su parte Edgar Cortez del Centro Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» dio que estas acciones fortalecen la actuación de la justicia militar y reproducen la política estatal consistente en someter al fuero militar casos de violaciones a los derechos humanos en los que están involucrados miembros del Ejército Mexicano.
SM/MEL
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