A lo largo de la última década y a través de sus expresiones, la sociedad civil se ha convertido en un actor político de tal importancia que ha dado lugar a iniciativas y reformas de ley en las que antes sólo participaba el poder legislativo, como en Jalisco, donde el movimiento civil fue el motor que dio origen a la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, afirmó la maestra Andrea Ramírez Sánchez.
La especialista señaló que el proceso para llegar a esta Ley, aprobada el 4 de diciembre de 2003, no escapó del laberíntico proceso para legislar en México, incluso derivó en complicaciones particulares por tratarse de un tema polémico que cuestiona lo más arraigado de una sociedad: «sus patrones culturales y la naturalización de conductas socialmente consentidas, tales como la violencia familiar».
Durante su ponencia «Participación civil y política en torno a la Ley de Violencia Intrafamiliar en Jalisco», dentro del Coloquio de Estudios de Género, realizado el 23 y 24 de octubre de 2008 en el Colegio de México (Colmex) con motivo del XXV aniversario del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), Ramírez Sánchez señaló que el reconocimiento de la violencia contra las mujeres y la violencia familiar, de la cual son víctimas sobre todo las mujeres, ha sido un proceso lento en el estado.
Ante la complejidad de visibilizar cambios radicales en poco tiempo, cada conciencia que se movió y cada reflexión realizada por parte de las personas que permanecían herméticas ante estos temas fueron un paso importante en aquel sinuoso camino, dijo la especialista. «Este proceso marcó la historia de un gran avance legislativo en Jalisco».
Esta ley fue el resultado de la conjugación de aspectos como: un contexto internacional en el cual existen dos convenciones internacionales que obligan al Estado mexicano a realizar una serie de acciones para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia; un escenario local donde el primer gobierno panista en Jalisco «prometía» apertura a los movimientos sociales, y una sociedad civil dispuesta a dar un paso en la democratización jalisciense para brindar a las mujeres la oportunidad de tener una herramienta legal con la cual ampararse.
Este contexto, afirmó la especialista en género, permitió la formación y acción de Voces Unidas, un grupo civil que aprovechó las incipientes manifestaciones democráticas en el estado para proponer una causa que defendía a gran parte de la sociedad.
LA POSTURA DE LA IGLESIA
Pese a ello la iglesia católica, valiéndose de su liderazgo moral y religioso, fijó su postura sobre la Ley. «Algunos grupos conservadores se unieron a la idea de objetar el concepto incluyente de familia que se extendía de la nuclear, considerada por éstos «natural» y fundada en el matrimonio heterosexual basado en el amor y el compromiso de un hombre y una mujer, pues temían que la iniciativa indujera a uniones homosexuales».
Asimismo, defendieron la autoridad paterna por encima de cualquier modificación en las relaciones familiares, y plantearon su desacuerdo con que el Gobierno tuviera injerencia en el ámbito privado, enfatizó Andrea Ramírez Sánchez.
Incluso el Arzobispado acusó al grupo promotor de manipular y engañar a la sociedad por hacerla firmar un proyecto «destructor» de la familia, texto que se hizo público y fue enviado a las y los diputados y al Gobernador del estado para que, como «representante de los intereses» de las y los ciudadanos, ayudara a «salvaguardar los valores del pueblo», entre ellos el de la familia como institución base de toda sociedad civilizada.
Todo esto, afirmó Ramírez Sánchez, hace ver que estamos ante un conservadurismo católico preocupado por la defensa de los valores morales tradicionales y de la institución católica, y ante un conservadurismo político interesado en mantener el «statu quo», en este caso de la legislación vigente, para impedir modificaciones al derecho y al significado de la familia. Estos términos estuvieron oscilando de una institución a otra en el proceso en Jalisco.
ESTRATEGIAS
Los distintos actores implementaron diversas estrategias de acuerdo con sus intereses, una de ellas fue generar opinión pública a su favor a través de los medios de comunicación. Éstos a su vez garantizaron la expresión de opiniones y propuestas, y facilitaron un espacio de interés para un problema público en el cual las y los ciudadanos fueron actores y noticia.
Fue un reto para Voces Unidas, un grupo civil organizado y movilizado, señaló la especialista, que la sociedad jalisciense tomara conciencia de la gravedad de un problema como el que aquí se presenta.
Al mismo tiempo, que la Ley fuera una iniciativa popular tuvo una importancia crucial. Si bien al final consiguieron menos de lo que buscaban, obtuvieron ganancias en diferentes sentidos al movilizarse, convocar y aglutinar sectores tan distintos y favorecer un diálogo entre ellos. Lograron hacer que la ciudadanía sintiera que su firma tenía poder y que su voz podía ser escuchada.
08/GT/GG
