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JLCyA pone trabas para que despachadoras elijan sindicato

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCyA) retrasa el juicio con el que las trabajadoras de la gasolinería “Súper Servicio Coapa”, en la delegación Tlalpan, al sur de esta ciudad, obtendrían la titularidad de su contrato colectivo de trabajo y se deslindarían por fin del sindicato de protección que contrató la empresa.
 
Ayer se cumplió un año desde que las despachadoras de la estación “Súper Servicio Coapa” –quienes enfrentan bajos salarios, acoso sexual, hostigamiento, represión y despidos injustificados– presentaron una demanda ante la JLCyA para dejar de pertenecer al Sindicato Autónomo de Trabajadores y Empleados del Comercio en General, Industria Gastronómica, Cantinas, Bares, Restaurantes, Similares y Conexos del DF, que contrató la empresa.
 
La demanda se presentó luego de que las trabajadoras descubrieron que la representación sindical permitió que ellas laboraran en condiciones ilegales, negoció sus derechos laborales con el dueño de la empresa (Eduardo Cohen Carabier), y visitó sólo una vez a las empleadas, según documentó Cimacnoticias. (http://www.cimacnoticias.com.mx/node/68648)
 
No obstante, en la octava audiencia del juicio –celebrada este martes 2 de junio– las autoridades laborales informaron a las despachadoras que “por su culpa” aún no habrá recuento para que ellas voten por su nuevo sindicato.
 
Según relató una de las despachadoras a Cimacnoticias, el juicio se pospuso hasta el próximo 2 de julio, tal como ha ido pasando desde hace meses debido a que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del DF (STyFE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no han presentado un padrón confiable para realizar la votación y elegir sindicato.
 
Es decir, la JLCyA está por admitir un padrón de 105 empleadas y empleados; pero hace un año –cuando inició el juicio– la lista real estaba integrada por 75 personas, muchas de las cuales fueron hostigadas y despedidas para evitar que voten a favor de una nueva organización gremial.
 
De acuerdo con la despachadora, ellas no aceptan el nuevo padrón porque los 30 nombres que se agregaron son de personas que supuestamente contrató la empresa en meses recientes, para que voten en contra del sindicato que quieren las trabajadoras.  
 
Salvador Arellano Ayala, representante del Sindicato de Trabajadores de Casas, Comercios, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del DF –que lucha por la titularidad del contrato–, confirmó lo dicho por la despachadora y agregó que algunas audiencias ante la JLCyA no se han realizado porque la Junta “olvidó” notificar a los representantes de “Súper Servicio Coapa”.
 
Otro obstáculo para llevar a cabo el recuento es que los representantes de la empresa interpusieron dos “incidentes” para solicitar que el caso se lleve ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
 
A decir de Arellano Ayala, la JLCyA “obstaculiza y retrasa” el juicio para favorecer al empresario Eduardo Cohen, quien despidió a las empleadas que están en contra del sindicato de protección (o “charro” como se le conoce en México), y está pagando a nuevos trabajadores para que voten a favor.  
 
Ante la falta de resultados, las despachadoras de gasolina se manifestaron pacíficamente afuera de la Junta Local.
 
IMPUNIDAD
 
Mientras transcurre este juicio, las despachadoras enfrentan represión y hasta el despido injustificado por parte de Edgardo Espinosa, representante legal de “Súper Servicio Coapa”, sin que el gobierno capitalino intervenga.
 
Unas 18 empleadas de las 24 que fueron despedidas el pasado 19 de marzo por exigir mejores condiciones laborales permanecen vendiendo aguas de sabores en las inmediaciones de la gasolinería, mientras la JLCyA resuelve sus demandas individuales contra la empresa.
 
Las empleadas fueron despedidas a pesar de que en noviembre pasado presentaron quejas ante la Secretaría del Trabajo capitalina y la Comisión de Derechos Humanos del DF.
 
Si bien la STyFE sí llevó a cabo las inspecciones a la gasolinería solicitadas por las trabajadoras, sólo ha emitido hasta ahora una multa por 90 mil pesos a Cohen Carabier, al tiempo que dejó de informar a las despachadoras sobre la investigación que lleva a cabo.
 
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