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Joven demanda a pareja que la apropió durante dictadura argentina

Por Redaccion

Por primera vez en Argentina una joven de padres desaparecidos, María Eugenia Sampallo, se presentó como querellante ante un matrimonio que la apropió como hija cuando era una bebé, pareja ahora condenada tras siete años de trámites, informa un texto de Osvaldo Cardosa, en el Especial Prensa Latina Mujer.

Sampallo, la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo, relató cómo la pareja formada por María Cristina Gómez y Osvaldo Rivas le recomendaron ver una psicóloga para contarle que ellos no eran sus padres. Según la especialista, sus verdaderos progenitores murieron en un accidente.

La noticia no fue particularmente triste. Pero tuve ganas de saber quiénes fueron mis padres, reconoció la muchacha, ahora de 30 años, a quien también le mintieron en otras ocasiones: desde que su madre había sido sirvienta de la familia Rivas hasta ser hija de una aeromoza europea.

El único comentario transmitido con nombre y apellidos fue el que implicaba al ex capitán Enrique Berthier, amigo de Gómez desde la adolescencia.

A Sampallo le quisieron hacer creer que de bebé (cuando tenía tres meses de vida) fue abandonada en el hospital militar y Berthier era, según le contó la pareja, quien le dio el aviso. Yo no creía ninguna de las cosas que decían, porque parecían fabulaciones, afirmó la joven.

Cuando el matrimonio se divorció en 1988, agregó la joven, Gómez generaba peleas por procesos estúpidos, cotidianos y me reprochaba por qué no era agradecida con ella teniendo en cuenta cuánto había hecho por mí. Decía que si no fuera por ellos, yo estaría tirada en una zanja.

Hasta que un día, Gómez pidió que saliera de la casa y cuando volví me comunicó que unas viejas la querían separar de ella, en alusión a las Abuelas de Plaza de Mayo. Esa inesperada visita conllevó a un primer análisis de sangre de la niña en 1989, cuando tenía 11 años, pero los resultados fueron negativos.

A los 19 años, la muchacha se fue de la casa y no me llevé recuerdos que estuvieran relacionados a Rivas y Gómez, porque prefería no recordar, comentó.

Dos años más tarde hubo otro encuentro con su apropiadora para intentar encontrar sus verdaderos lazos de sangre y la charla terminó en exabruptos, afirmó Sampallo. Su identidad comenzó a revelarse cuando, a mediados de 2000 y ante dudas sobre su origen, se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y luego a las Abuelas.

Para 2001, los resultados genéticos revelaron que era hija de los desaparecidos Mirta Barragán y Leonardo Sampallo, quienes fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977, cuando su madre estaba embarazada de seis meses.

La joven recuperó su identidad completa en el 2002, cuando se encontró con las dos hermanas del padre. A pesar de todo, María Eugenia cuenta con pocos datos de Leonardo, aunque aseguró: Mi papá supo que había nacido.

EL PROCESO

Tras un mes y medio de audiencias, el Tribunal Oral Federal cinco de Buenos Aires sentenció, el pasado 4 de abril, a siete años de prisión a Gómez, ocho a Rivas y 10 a Berthier. A la pareja se le acusó de sustraer a la niña de sus padres biológicos, así como de ocultarla y retenerla.

También fue encausada por falsificación del certificado de nacimiento con el que inscribieron a María Eugenia como su hija para obtener su Documento Nacional de Identidad (DNI) falso.

El ex militar fue acusado por los mismos delitos que el matrimonio, y se sumó además su participación en el fraude suscripto por el médico militar Julio César Cáceres Monie. La misma corte ordenó también la destrucción del DNI de la hija robada, el cual estaba a nombre de María Eugenia Violeta Rivas.

Anteriormente, la fiscalía y la querella habían pedido 25 años de prisión para los tres imputados, mientras que la defensa solicitó la absolución. Cuando salió de la audiencia, el abogado querellante Tomás Ojea Quintana declaró que resultó un juicio histórico porque los tres acusados han sido condenados por los delitos de ocultación y por todo lo que sufrió María Eugenia.

En ese contexto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó de delincuentes a los condenados y admitió que no se conforma en absoluto con la decisión judicial. Indicó que María Eugenia tuvo una vida muy desgraciada, muy mortificada sobre todo psicológicamente, porque el matrimonio le decía que no era hija de ellos y la daban cualquier maternidad. La pareja recibió en varias oportunidades a Carlotto, pero nos negó siempre ver a María Eugenia.

El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni alegó que el Código Penal está totalmente desproporcionado respecto a las condenas que se aplican y lo atribuyó a demandas mediáticas que convierten la criminalidad de la pobreza en el centro de la discusión.

LA HISTORIA OFICIAL

El secuestro y desaparición de bebés es la historia más negra de la dictadura argentina, llamada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). En la mayoría de los casos, se trató de mujeres detenidas-desaparecidas y las autoridades elaboraron un reglamento secreto para establecer el procedimiento a seguir.

Organizaron maternidades dentro de los centros clandestinos de detención o en sus cercanías, con médicos y enfermeras bajo mando militar. Fue muy típico, según testimonios, que una vez ocurrido el parto se asesinara a la madre y se confeccionaran documentos falsos para el bebé, suprimiendo su identidad.

Los recién nacidos eran entonces entregados a parejas que en la mayoría de los casos eran cómplices o encubridoras del asesinato de los padres biológicos y de la eliminación de la identidad de los pequeños.

En algunas oportunidades, los niños fueron inscritos como propios por los apropiadores y en otros mediante adopciones ilegales.

Tras el retorno de la democracia en Argentina, el 10 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín ordenó el enjuiciamiento de las primeras tres juntas militares que estuvieron al mando durante la dictadura.

Sin embargo, el fiscal Julio César Strassera no presentó el robo de bebés como un plan sistemático del régimen militar y, por lo tanto, el delito no formó parte de aquellos por los que fueron condenados.

A pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, Alfonsín asignó en 1985 a dos fiscales para que se dedicaran especialmente a los casos de secuestro-desaparición de niños: Mariano Ciafardini y Aníbal Ibarra.

Este último sería después elegido, dos veces, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y destituido por la tragedia en la discoteca Cromagnón.

Años más tarde, en un contexto de sublevaciones militares, el Congreso sancionó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que obstaculizaron la posibilidad de enjuiciar a los demás responsables de violaciones de derechos humanos y en particular del secuestro-desaparición de las y los niños.

El ciclo de impunidad se cerró en 1989 y 1990, con los indultos concedidos por el entonces presidente Carlos Menem.

En 1997 las Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron una causa penal al argumentar que el robo de bebés era parte de un plan sistemático impulsado desde el más alto nivel del Estado durante la dictadura.

Se estima que unas 500 niñas y niños fueron secuestrados-desaparecidos. Sampallo integra la lista de los 88 jóvenes a quienes las Abuelas lograron restituirle su identidad.

Para más dolor, muchos menores de edad en Argentina crecieron con la inocencia ultrajada, sin saber en qué circunstancias nacieron, quiénes eran ellos y sus padres, concluye el texto del Especial Prensa Latina Mujer.

08/GG/CV

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