El 16 de febrero pasado, la tlapaneca Valentina Rosendo Cantú lavaba ropa en un arroyo a 200 metros de su casa en Barranca Bejuco, un caserío en la montaña de Guerrero. Un piquete de militares con un detenido, la sorprendió por atrás. «¿En dónde están los encapuchados?», le gritaban. La golpearon, se desmayó unos minutos. Luego, dos soldados la violaron mientras otros seis miraban.
La indignación por lo ocurrido a la joven de 17 años, junto con el temor de ser señalados como guerrilleros, animó a la comunidad de Barranca Bejuco para salir de la Montaña y poner una queja contra militares del Ejército Mexicano ante la cuarta visitaduría general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La queja firmada en Ayutla de los Libres, Guerrero, del 26 de febrero del 2002 consigna que «Valentina Rosendo Cantú, es indígena de nuestra comunidad Tlapaneca (Me’paa) llamada Barranca Bejuco, del municipio de Acatepec, estado de Guerrero, tiene 17 años de edad, está casada con Fidel Bernardino Sierra y tienen un niño de tres meses de edad y nunca ha tenido ningún problema con ningún vecino y menos con una autoridad».
En una zona aislada por una geografía montañosa y falta de caminos, donde durante más dos décadas de militarización y guerra sucia, las mujeres indígenas son blanco constante de las fuerzas armadas, de acuerdo con un análisis del Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan».
Allí, en los municipios más marginados del país, habitan 255 mil indígenas nahuas, mixtecos, tlapanecos –85 por ciento del total de la población.
«Tlachinollan» documentó nueve violaciones sexuales a mujeres entre junio de 1999 y mayo del 2000, por lo menos cuatro de ellas vinculando a fuerzas militares, policiacas o paramilitares. Cada uno de estos casos, permanece impune.
A Valentina, la interrogaron sobre los «encapuchados», es decir, presuntos guerilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) o del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
A diferencia de otras indígenas, tras la agresión contó con el apoyo comunitario, quienes buscaron a la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos Tlapanecos «Hilario Ramírez Morales», a la que pertenecen y la cual llevó el caso ante la CNDH y el diario El Sur en Acapulco.
Aunque todavía no hay curso legal para este caso, se corre el riesgo de que se juzgue en el fuero militar, como acontece en la mayoría de los casos donde se denuncian agresiones sexuales por efectivos del Ejército Mexicano.
El caso más conocido es el de las tres hermanas tzeltales, quienes el 8 de junio de 1994, fueron detenidas ilegalmente por miembros del Ejército Mexicano en un retén militar en el municipio de Altamirano, Chiapas. Intentaron hacer que confesarán una filiación zapatista y posteriormente la violaron.
El próximo 7 de marzo se llevará una audiencia sobre el caso de las hermanas Santiz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el gobierno mexicano tendrá que rendir cuentas por el incumplimiento de las recomendaciones del organismo internacional.
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