La ausencia de las y los jóvenes en las políticas públicas y en la promoción de sus derechos sexuales y reproductivos, es reflejo del incremento de embarazos no deseados, de infecciones por VIH/Sida y de abortos clandestinos.
Los servicios de salud dirigidos a las y los adolescentes sólo están dedicados a la planificación familiar y la atención del embarazo, dejando de lado temas relacionados con el pleno ejercicio de su sexualidad y reproducción, estimó la organización civil Salud Integral para la Mujer (Sipam) en su informe Los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres en la Política de Salud del Gobierno Federal 2003.
En este balance, la organización critica la política de salud ejercida por el gobierno foxista durante 2003, que influenciada por organismos conservadores ha puesto en riesgo los avances logrados por los grupos de mujeres en años anteriores, sobre todo en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y jóvenes.
De esta forma, nuestro país se caracteriza por la constante violación a los derechos básicos de la mujer de decidir sobre su cuerpo y por el estancamiento en materia de derechos sexuales y reproductivos, como el acceso universal a los servicios de salud y a información laica, veraz y objetiva en esta materia.
El acceso a la amplia gama de métodos anticonceptivos, la atención integral al cáncer cérvicouterino y mamario, el combate a la mortalidad materna, y el acceso gratuito y de calidad al aborto legal.
La exclusión, la desigualdad y los constantes recortes al gasto social han sido también una constante del Estado que ha incumplido los acuerdos y compromisos internacionales signados, principalmente el de El Cairo en 1994.
Asuntos como el VIH/Sida, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), embarazo prematuro, matrimonio precoz y la discriminación y violencia de género, considerados como motivos fundamentales de inversión para otros gobiernos, no han sido prioritarios para el nuestro, argumentó Sipam.
El balance de Sipam advierte sobre la privatización de los servicios de salud ante la ineficacia del gobierno de elevar su calidad, y un ejemplo que destaca es la implementación del Seguro Popular, cuyo objetivo es incluir a 45 millones de personas que no son derechohabientes a los servicios de salud.
La falta de atención en otras instancias de salud como el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS), traducida en desabasto de medicamentos, falta de infraestructura y equipo y los constantes recortes presupuestales, son otro ejemplo de la inminente privatización.
SALUD REFLEJADA EN PRESUPUESTOS
De acuerdo con el análisis de Sipam, durante 2003 el gobierno federal gastó menos de 11 centavos de cada peso del presupuesto para atender las necesidades de salud de la población, lo que implica que el gasto per cápita por día fue de cuatro pesos con 38 centavos en promedio.
Así, el presupuesto destinado para salud corresponde únicamente a 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el gasto privado es del3.4 por ciento, muy por debajo del promedio de los países de América Latina.
Asimismo, el impacto del presupuesto para las mujeres y las niñas representaron sólo 0.85 por ciento y la mayor parte se encontró dentro de los recursos de salud. De éstos, el programa Mujer y Salud junto con el de Atención a la Violencia Intrafamiliar sufrieron un recorte de 14 por ciento.
Ante esta situación, Sipam considera que se puede lograr una mejora en las políticas de salud, pero que es necesario el trabajo conjunto de sectores sociales y políticos que ayuden a contrarrestar la privatización de los servicios de salud y consideró oportuna una revisión de la Ley General de Salud y el Seguro Popular y una reasignación de recursos para subsanar el actual sistema de salud.
04/LGL/GBG
