Es deseable que el desarrollo y superación personal de las mujeres de entre 22 y 44 años con hijas e hijos, que representan el 33.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) de Veracruz, mejoren al tiempo que la condición de sus familias, pero la gran mayoría no tienen consciencia plena de su situación, revela el Programa Veracruzano de las Mujeres 2005-2010.
Sin embargo, dadoras de vida, columna vertical de hogares en pareja y a solas, «muchas mujeres han pagado injustamente un alto costo para ayudar al desarrollo social de sus familias», señala el Programa y las acciones que se realicen para atender las necesidades de las madres en materia de educación, salud y acceso a los mercados laborales, ya vivan en pareja, sean solteras, separadas o viudas, repercute en sus hijas e hijos.
«En su mayoría se enfrentan a problemas y dificultades de los que en ocasiones no son muy conscientes, y esto les impone serias limitaciones a su integración social y a su desarrollo personal», señala el documento.
Además hay factores socioculturales que las encuadra como las responsables del cuidado de la familia, lo que se traduce en que cubren una doble o triple jornada laboral sin remuneración monetaria.
De acuerdo con un diagnóstico del Consejo Nacional de Población (Conapo), basado en el Censo de Población y Vivienda; el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Veracruzano de las Mujeres 2005-2010, entre otros documentos, en las mujeres viudas –que constituyen el grupo más numeroso de las madres solas– se puede revisar el impacto.
Hay unos dos millones de viudas en el país, y en asociación directa con su edad se registra que tienen los menores niveles de escolaridad de todas las mujeres. Solo tres de cada diez terminó la primaria o no asistió a la escuela.
Las familias con jefatura femenina han crecido a un ritmo de 5.1 por ciento anual, mientras la jefatura masculina sólo el 2.7 por ciento. Trabaja el 71.8 por ciento de las madres solteras, y tres de cada diez vive en condiciones de pobreza.
Las mujeres jefas de familia constituyen la mayor autoridad dentro del hogar para la tomar decisiones y son el único soporte económico. Generalmente esta sobrecarga de tareas las condena a la ausencia de vida personal y muchas se agobian.
Todo apoyo y ayuda a las madres parece insuficiente.
De acuerdo a los documentos consultados, la madre trabajadora además del empleo remunerado, se enfrenta a una marcada conducta discriminatoria para su contratación y pago equiparado al de los hombres. Por lo que obtiene ingresos por otras vías, como las ventas directas o en abonos, y/o venden comida y realizan trabajos extras, entre otras cosas.
Esto va en relación directa con la violencia, de acuerdo al Programa Veracruzano de las Mujeres 2005-2010. Éste subraya «la exclusión y discriminación; limitación de libertades y toma de decisiones; desigualdad de acceso a recursos de autonomía y poder, tales como educación, salud, recursos financieros y participación social y económica. Lo que es particularmente grave en zonas rurales con alta población indígena y en algunas áreas suburbanas».
De acuerdo a las «Tendencias Mundiales del Empleo de las Mujeres 2007», realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el número de mujeres en la fuerza laboral del mundo es mayor que nunca.
Por datos del INEGI se encontró que en México, sólo el 63.4 por ciento de las trabajadoras son asalariadas. Lo que significa que alrededor de seis millones no tienen seguro médico, vacaciones, fondo de vivienda ni pensión.
El 23 por ciento de las mujeres que trabajan obtienen sus ingresos mediante actividades por cuenta propia, mientras otro 12 por ciento realiza trabajo de apoyo a la familia sin recibir remuneración alguna, y al menos un millón 800 mil se dedica al servicio doméstico.
El 80 por ciento de los empleados de la venta directa de bienes de consumo y servicios, según la Asociación Mexicana de Ventas Directas, son mujeres y sólo reciben por ello comisiones, sin ninguna prestación social.
Como vías de atención al problema el Plan veracruzano contempla ahondar en la equidad de género, «como una política transversal que tienda a guiar las estrategias y acciones de los diversos programas estatales, a fin de garantizar una mayor participación de las mujeres en los ámbitos político, económico, social y cultural».
Para esto es necesario «el establecimiento de condiciones que favorezcan su empoderamiento y el pleno goce de los derechos de las mujeres y los beneficios sociales y económicos», pues reconoce que «la falta de oportunidades, son mayores en algunos sectores como las indígenas, las campesinas, las reclusas, y las mujeres jefas de familia».
08/LD/GG/CV
