En México cuando una mujer comete un delito y rompe lo social, «las penas se manifiestan con mayor dureza» debido a que los jueces intentan demostrar que lo que ella está haciendo no solamente trastocó la ley sino también a la organización, al orden social establecido, por lo que se aplica la doble criminalidad, la doble penalidad».
Así lo aseguró la ex subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Olamendi, quien, en entrevista exclusiva para este medio añadió que cuando una mujer «rompe» de alguna manera la visión o el esquema que se tiene de ella al cometer, por ejemplo, homicidio calificado; y sucede lo contrario cuando el hombre es quien delinque.
Cuando se es mujer y, además, madre, que comete una serie de ilícitos –como Juana Barraza Samperio, la asesina serial conocida como la «Mataviejitas»–, además de cargarle el delito la sociedad tiene que demostrar que ella rompió un esquema muy fuerte: la mujer-madre no puede transgredir la ley.
Por lo anterior, a Barraza Samperio se le sumaron las penas de sus homicidios calificados por lo que fue sentenciada a 759 años de prisión el pasado lunes 31 de marzo de este año.
La especialista en derechos humanos recordó el caso de Elvira Luz Cruz, a quién la sociedad en general le reprochó «¿cómo una madre va a matar a sus hijos? No puede ser». En su caso, ella también rompe un orden social muy grande, una estructura social y cultural. Ella mata a los hijos. Entonces, a la sanción penal se le agrega la sanción moral.
A LOS HOMBRES SE LES SANCIONA MENOS
Mientras a Juana Barraza Samperio los jueces la sentenciaron a 759 años de prisión, en México hubo asesinos seriales que, incluso, lograron abandonar la prisión aún con vida.
En una breve búsqueda en el Archivo General de la Nación, Ramo Judicial, se encuentran los casos del «Goyo» Cárdenas, Higinio «El Pelón Sobera», Alfredo Ríos Galeana, Gilberto Flores Muñoz y Julio Castrillón Escobar, entre muchos otros.
Destacan los siguientes casos: En 1942 Gregorio «Goyo» Cárdenas, llamado «el estrangulador de Tacuba», asesinó a cuatro mujeres. Fue sentenciado a 34 años de prisión en Lecumberri y en el manicomio de La Castañeda. Salió libre y fue aplaudido por los priistas en la Cámara de Diputados al ser presentado como una persona rehabilitada.
El 6 de octubre de 1978, Gilberto Flores Alavés asesinó a machetazos a sus abuelos: Gilberto Flores Muñoz, director de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera y ex gobernador de Nayarit, y a María Asunción Izquierdo, famosa escritora. Culminó su sentencia en el Reclusorio Oriente.
Uno de los casos más recientes ocurrió cuando, en enero de 2002, en Monterrey, Julio Castrillón Escobar terminó con la vida de Ana Nassar Campos de dos golpes en la cabeza con una pesa para ejercitar los bíceps. Son tanto culpables Castrillón Escobar autor material del crimen, como sus padres la señora Delia Escobar y el señor Julio Castrillón Valdez, quien da clases de ética y catecismo a muchos panistas que gobernaron ese estado norteño. No se sabe nada del asesino.
Apenas en 2005 se detuvo a Alfredo Ríos Galeana, ex militar de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y ex policía del Batallón de Radio Patrullas del Estado de México (Barapem), quien se volvió delincuente en 1981 al desaparecer dicha corporación. Ríos Galeana conformó una banda con la que asaltó innumerables bancos y mató a varios policías, pero también secuestró y asesinó a comerciantes y empresarios.
En 2005 fue detenido en Estados Unidos, en South Gate, cerca de California, donde tenía una nueva esposa y tres hijos, además de que se hizo cristiano y su vida era relajada. Ahora se encuentra en el penal federal de La Palma y varios de sus delitos han prescrito, los testigos murieron y los bancos han desaparecido.
En todos los casos, aunque la sociedad sancionó, ésta no los condenó socialmente porque «a los hombres se les ha permitido todo», señaló Patricia Olamendi. Y agregó que regularmente los delincuentes son hombres y no las mujeres, por lo que cuando éstas cometen un delito, trastocan el orden ya establecido.
VISIÓN DE GÉNERO Y JUSTICIA
Con el fin de evitar una «parcialidad» en la impartición de justicia, quienes deciden la libertad de las personas están «más que nadie» obligados a conocer cómo es el orden social y la construcción social de género, señala Olamendi.
«Los juzgadores, dado que son los que imponen este tipo de sanciones o juzgan estas conductas, están más que nada obligados a conocer cómo la sociedad se comporta; y también están obligados a tomar en cuenta esta realidad para evitar, la doble criminalidad, la doble penalidad», dice Olamendi.
Tenemos que obligar a que el sistema judicial conozca la realidad social, con el fin de evitar juzgar con misoginia, concluyó la especialista en derechos humanos.
08/GGL/GG
