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Jueces y funcionarios contra violencia de género en Juárez

Por Miriam Ruiz

Jueces y otros funcionarios del poder judicial de Chihuahua acordaron aquí avanzar con todas las esferas de gobierno para acabar con la violencia de género y transparentar su acción a otros organismos, al reunirse con tres expertos de la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la que México signó un convenio para acabar con el feminicidio en Ciudad Juárez.

Carlos Castresana Fernández, fiscal español para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción; Edgardo Buscaglia, jefe de la misión de la ONU, y Stanley Pimentel, ex agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense con 30 años de trabajo en la frontera México-EU, participaron en el foro de dos días realizado en esta ciudad fronteriza.

El sistema de justicia es discriminatorio hacia las mujeres, aseguró hoy en la capital chihuahuense la subsecretaria para Asuntos Globales de la cancillería, Patricia Olamendi, al clausurar la Reunión para el Análisis y Seguimiento de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres y fortalecimiento de la Perspectiva de Género.

Olamendi señaló que se prejuzga a las mujeres que denuncian violencia sexual, y la autoridad se cuestiona qué habrían hecho para provocarlo, al destacar que la legislación también contribuye a la discriminación de la población femenina.

“Chihuahua puede tener la mejor justicia,” concluyó al finalizar esta reunión convocada por el Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu), de donde emanó la Declaración de Chihuahua donde de reconoce que la violencia de género es un asunto prioritario en la agenda del estado de Chihuahua.

El punto noveno del documento consensuado en la Casa Redonda Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo, abre el control del sistema procesal en casos de homicidio a organismos nacionales o internacionales, ajenos a la justicia de Chihuahua.

La declaratoria considera que debe privilegiarse la prevención del delito, a su represión, lo que requiere el trabajo efectivo de las tres esferas de gobierno incluyendo “la creación de bancos de datos nacionales que ayuden a la investigación de casos pendientes.”

Llaman al poder legislativo a reformar en lo que toca a delitos sexuales y que afectan a la familia, así como a garantizar recursos económicos para un sistema de testigos protegidos, y “la asignación presupuestas en materia de desarrollo social como medio de prevención de la violencia familiar”.

El punto cuatro propone “diseñar un programa de comunicación social que a la vez que preserva los aspectos legales de la investigación, respetar los derechos de las víctimas, concientizar a la población de la necesidad de las autoridades de preservar la escena del crimen”.

2004/MR/BJ

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