«Existen elementos suficientes para que Felipe Landeros, juez Tercero de lo Penal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) dicte sentencia condenatoria con agravantes contra Isidro López Gutiérrez, inculpado por el homicidio de Nadia Alejandra de 24 años de edad», señaló David Peña, asesor jurídico de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a pocos días de que se dicte sentencia.
Nadia Alejandra fue asesinada por su esposo Bernardo López Gutiérrez y su hermano Isidro López Gutiérrez apodado «Matute», el 12 de febrero de 2004, en Villa Nicolás Romero, Estado de México, frente a su hija de 2 años y sus hijos de 4 y 5 años de edad.
Según las declaraciones de la y los menores de edad, las cuales ampliaron en distintas ocasiones durante la averiguación que se cerró el 8 de septiembre pasado, Bernardo e Isidro golpearon a Nadia, la introdujeron a la cisterna y después con una soga enredada al cuello, la colgaron de una viga en el baño de su casa.
Entrevistado por Cimacnoticias, David Peña, quien junto con la abogada Karla Michel Salas llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 3 de los 8 casos de feminicidio del Campo Algodonero, en Ciudad Juárez -el cual está próximo de sentencia- explicó que en el caso de Nadia el juez cuenta con «bastantes pruebas y evidencias para responsabilizar a Matute».
Aún con las «irregularidades» cometidas por las autoridades de la PGJEM, como el hecho de que se «extravió» la soga al momento de levantar el cuerpo de Nadia, resulta «evidente una conducta de violencia extrema y de tortura que incluso debe ser considerada como agravante a la penalidad que se impone por delito de homicidio», consideró el abogado.
Y afirmó que para este caso el elemento sustancial es el testimonio de los hijos de la víctima, la congruencia con la que narran los hechos y las condiciones en las que la joven fue encontrada.
«El propio cuerpo habla», señaló Peña, por ello, es preciso tener en cuenta «el daño que presentaba Nadia».
ACTOS DOLOSOS DETRÁS DEL FEMINICIDIO
Para el abogado, especialista en el tema de feminicidio que cada año cobra la vida de alrededor de mil 200 mujeres en el país, el problema sustancial radica en la forma en la que se realizó la investigación, en la que la pérdida de evidencias son «actos dolosos» que se presentan con frecuencia.
Las pruebas no se pierden por error humano, hay un acto doloso, una intencionalidad por desaparecerlas. «Si tú no tienes evidencias de la forma en la que se registraron los hechos, te permite crear tu propia versión, que muchas veces es favorecedora para los inculpados», afirmó David Peña quien agrego:
«Toda esta construcción de hechos realizada a la luz de una visión misógina que no entiende la violencia contra las mujeres, genera la impunidad».
En el caso de Nadia Alejandra además de la desaparición de elementos físicos como la soga con la que fue asesinada, se le resta importancia a los testimonios de sus hijos «con un afán de desacreditar a los menores de edad y de proteger a los asesinos», puntualizó.
Sin embargo, esto no es nada nuevo ya que la desvalorización de los testimonios de las niñas y niños, es otra de las constantes en los casos de feminicidio, «se les resta importancia, es común, que se diga que están mintiendo, que son manipulados».
Por lo que las omisiones que se presentan en el caso de Nadia son intencionales, prueba de ello es que a más de cinco años del asesinato las autoridades mexiquenses no solicitaron una fotografía o retrato hablado de Bernardo López, quien se encuentra prófugo desde el crimen, lo cual es premeditado y deriva en que el asesinato pudiera quedar impune como ha sucedido en otros casos.
«Todas éstas son acciones que pretenden mantener en la impunidad los asesinatos de mujeres, lo vemos desde el policía que llega a la escena del crimen hasta el juez que dicta la sentencia. No se le da importancia, no se analizan las implicaciones sociales y políticas que tienen los homicidios, los cuales no sólo se consideran un homicidio más, sino que además responsabilizan de los hechos a la propia víctima», enfatizó Peña.
09/GCJ/LGL
