Los abogados Xavier Oléa Peláez y Xavier Oléa Trueheart, coadyuvantes en la causa que se le sigue a Jean Succar Kuri por delitos de corrupción de menores, pornografía infantil y lavado de dinero, entre otros, acusan al juez Víctor Manuel Echeverría Tun de aceptar un soborno por parte de la defensa del procesado.
Habrían sobornado al juez quinto penal de Toluca para impedir que los abogados Oléa estuvieran presentes en la diligencia del 28 de mayo, donde ampliarían ampliación de declaración de Edith Lorena Escalada Cetina y Estefanía Escalada Cetina, víctimas de Succar Kuri.
Los abogados llevaban preparadas para esa diligencia 130 preguntas para Edith Escalada y 70 para Estefanía Escalada. También iban a presentar «documentos que demuestran los depósitos de Surcar Kuri en cuentas bancarias a sus nombres (de las víctimas), a cambio de que vendan sus testimonios para defender a su violador».
Sin embargo, ante la ausencia de los abogados coadyuvantes, se le dio «una ventaja indebida», «de manera dolosa por parte del juez Echeverría Tun» a la defensa de Succar, pues la Ministerio Público del Estado de México, adscrita al juzgado quinto penal de Toluca, «aún cuando es sumamente preparada, desconoce de fondo el asunto», explican.
Además, «resulta evidente que la testigo Edith Escalada se presentó ante el juez? primeramente en virtud de haber recibido el ofrecimiento de surcar Kuri de un millón de dólares americanos; en segundo término, a sabiendas que no sería interrogada por la coadyuvancia y, tercero, porque al celebrarse la audiencia en el Altiplano, no estarían presentes los medios de difusión». Y «así, con toda tranquilidad puede o pudo retractarse de sus declaraciones sin ningún cuestionamiento».
Los abogados Oléa informan que presentarán en su oportunidad denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, a pesar de que ésta «no ha dado seguimiento adecuado a las investigaciones que se le han presentado» y por parte de su titular, Bello Melchor Rodríguez Carrillo, «existe una definida pereza para este asunto en particular».
Denunciarán al juez Echeverría Tun por los delitos de cohecho y contra la administración de justicia, «puesto que estamos ciertos que recibió alguna considerable cantidad de dinero por parte de los defensores de Succar Kuri», y porque concedió a la defensa de Succar una ventaja indebida, dejando en absoluto estado de indefensión a las víctimas del delito o delitos.
Con ello violó flagrantemente lo establecido por el Artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También solicitarán los abogados que el juez deje de atender la causa, «por virtud de su franca y evidente parcialidad».
Anunciaron también que podrían denunciar de igual manera a la Ministerio Público adscrita al juzgado tercero penal, presente durante la diligencia, pues no se opuso en forma jurídica al acuerdo que emitió en su oportunidad el juez y debió, por lo menos, haber interpuesto el recurso de revocación contre el auto que dictó el juez.
Esto implica una «dolosa omisión», ya que su responsabilidad como representante de la sociedad es estar atento a todas y cada una de las circunstancias que deriven del o los procesos en los que es parte, dicen los abogados.
Además, «porque el superior jerárquico del MP adscrito, Mario Cajón, recibió un soborno por parte de Succar Kuri y el titular del MP público hizo caso omiso a ello, que oportunamente se hizo de su conocimiento».
LOS HECHOS
La ampliación de declaración de Edith y Estefanía estaba señalada para el martes 29 de mayo (dentro de la causa 300/2003 y su acumulada 13/2004), a través del juez quinto penal de primera instancia del distrito judicial de Toluca, Gregorio Ramiro Ochoa Álvarez, quien llevó a cabo ya otras diligencias de la causa, ante la presencia de los abogados Oléa, a quienes dicho juez reconoció personalidad jurídica.
Sin embargo, la diligencia se citó para el lunes 28 de mayo y ahí, con malos tratos por parte de los custodios, impidieron la entrada de los abogados en la sala de Audiencias 7, bajo el argumento de que no estaban autorizados para estar presentes, pues se trataba de una causa diferente.
Alrededor de las 9:50 horas llegaron al penal del Altiplano los dos (coadyuvantes) abogados, para comparecer en la audiencia prevista para las 10:00 horas. Al llegar, estaba presente el defensor de Jean Surcar Kuri, Wenceslao Cisneros Amaya, el personal del juzgado quinto (juez, secretaria de acuerdos y dos personas más, además la Ministerio público adscrita, así como las ofendidas Edith Lorena y Estefanía).
Todas y todos se registraron, entregaron sus identificaciones oficiales. Se percataron al momento que sobre la mesa de ingreso, los elementos de seguridad federales que resguardan el área tenían una lista con los nombres de todos los coadyuvantes autorizados para ingresar a la sala de Audiencias 7. Es decir, no solamente los abogados Oléa, titulares de la coadyuvancia, sino otros miembros de su despacho, en donde se llevaría a cabo la diligencia.
Más tarde ingresó el personal del juzgado defensor y posteriormente las testigos.
Habían pasado más de 40 minutos desde su llegada, cuando de manera prepotente y ofensiva, los elementos de seguridad (custodios) dijeron a los abogados Oléa que su ingreso no estaba autorizado. Eran las 11:30 horas. Con lujo de violencia, el personal federal de seguridad los llevó hasta la puerta principal y les ordenó abordar su automóvil y abandonar el lugar. Así lo hicieron «por no tener otra opción».
Se comunicaron entonces con un abogado de su despacho que está en Cancún y le solicitaron acudiera al juzgado tercero penal de primera instancia en Cancún, Quintana Roo, con el fin de que revisara el expediente.
Minutos después, el abogado les informó que había un acuerdo del día anterior que no les había sido notificado, ni les ha sido notificado hasta el momento, en el que el juez tercero ordenó que no se les permitiera el acceso, ya que la diligencia se llevaría a cabo dentro de la causa 300/2003.
Esta orden, dicen los abogados, es «absurda en virtud que ambas causas, con el aval del Ministerio Público del fuero común de Cancún, se acumularán», lo cual fue aceptado por el juez tercero penal de Cancún.
Al haberse acumulado los procesos, el proceso se volvió uno solo. En consecuencia, dicen, tienen (en el proceso) el mismo carácter de coadyuvantes del MP.
«Resulta evidente que con su conducta dolosa, el juez Víctor Manuel Echeverría Tun, aceptó soborno por parte de la defensa de Surcar Kuri para que no estuviéramos presentes, lo que no convenía a la defensa», afirman categóricos los abogados.
Y se preguntan si el procurador no sería también cohechado por Succar. Y si «serán capaces de repetir la historia de 2003, cuando la procuraduría de Quintana Roo ayudó a escapar a Surcar».
07/GG/CV
