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Juicio contra Granados Chapa: “pasividad judicial que raya en negligencia”

Por Guadalupe Gómez Quintana

Con una “pasividad judicial que raya en negligencia” se desarrolla el juicio contra el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, acusado por daño moral hace cuatro años por el diputado federal Gerardo Sosa Castelán, luego de la publicación del libro La Sosa Nostra: Gobierno y Porrismo coludidos en Hidalgo, prologado por el autor de la columna Plaza Pública y escrito por el profesor Alfredo Rivera Flores.

Así lo advierten la abogada del columnista, Perla Gómez Gallardo, quien junto con personalidades del medio periodístico, trabajadoras y trabajadores de los medios, defensoras y defensores de la libertad de expresión y representantes del medio cultural, apoya en una carta pública al también abogado y profesor universitario, fundador de Proceso, UnomásUno, La Jornada, Mira, columnista de Reforma y conductor del programa Plaza Pública, en Radio UNAM.

El libro La Sosa Nostra documenta en 132 páginas la actuación del hoy diputado federal Gerardo Sosa Castelán, cuando era rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y señala, como indica el resumen de la propia editorial, “las redes de poder dentro de la universidad y el daño que puede hacer ‘quien privilegia sus intereses particulares a los intereses generales’”.

Granados Chapa se presentará el próximo lunes, junto con el profesor Rivera Flores, también acusado por daño moral, a otra diligencia del juicio, bajo la causa 638/04, que desde agosto de 2004 no pasa de la primera instancia.

Esa es la razón por la cual el proceso contra el periodista es ejemplo de los interminables juicios utilizados como una nueva forma de inhibir la libertad de expresión, como lo señala la carta de apoyo al periodista y ha advertido en diversas ocasiones Gómez Gallardo, catedrática en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.

El juez 39 de lo civil, Miguel Ángel Robles Villegas no concluye aún la primera instancia, explica Gómez Gallardo, porque se llevó más de dos años emplazar a los demandados; se han desechado, sin razón, pruebas fundamentales para la defensa y, porque se han aceptado pruebas absurdas de la parte actora, como periciales en psicología a cargo de los demandados, que no tienen ninguna relevancia en juicios de esta naturaleza.

De igual forma, detalla la defensora de Granados Chiapa, quien no cobra honorarios como un acto de solidaridad con el ex candidato a gobernador de Hidalgo y con el autor del libro, se ha recurrido a otros absurdos procesales como haber acusado a la abogada defensora de falsificar su propia firma. Además, se han planteado más de 29 apelaciones, lo que ha paralizado el juicio.

EJEMPLO DE DILACIÓN

La irrelevancia de tales pruebas se hizo evidente en la audiencia pública llevada a cabo el pasado lunes 18 de agosto, a la que el juez llegó con 45 minutos de retraso y se desarrolló entre el ruido ensordecedor de un taladro. La diligencia fue atestiguada por un nutrido grupo de periodistas, comunicadoras y comunicadores, literatas, literatos, y activistas a favor de la libertad de expresión.

De acuerdo con el abogado Javier Quijano, esa diligencia no tenía sentido, ya que era inútil que se hubieran solicitado peritajes psicológicos de los inculpados, si el delito que la defensa del diputado Sosa quería probar era el daño que le habría causado el libro al ex candidato a la gubernatura de Hidalgo.

Por tanto, explica Quijano, quien debería analizarse bajo el conocimiento psicológico era el diputado Sosa. Pero él no ha estado en ninguna de las diligencias y a quien ninguno de los tres peritos que intervienen en el juicio “tuvo a vistas”.

A la diligencia pública acudieron, entre otras personas: el director de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda; Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó, la ex contralora capitalina Clara Jusidman, el abogado Javier Quijano; José Reveles; el director de la Fundación Manuel Buendía, Omar Raúl Martínez; el director editorial de Reforma René Delgado, el escritor Carlos Monsiváis, así como reporteras, reporteros y representes de organizaciones que defienden la libertad de expresión, como Reporteros sin Fronteras.

LEGISLACIÓN DEFICIENTE

Este tipo de juicios por daño moral, explicó la abogada Perla Gómez a Cimacnoticias el lunes pasado, al término de la audiencia, constituyen una “trampa procesal”, pues ante la ambigüedad legislativa, las autoridades judiciales propician que el juicio civil sea la vía para inhibir la libertad de expresión e impida que se auxilie a personas víctimas de acusaciones por figuras públicas que ponen en entredicho la democracia.

Así lo señala también el Informe Anual del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que afirma: los llamados “delitos de prensa”, entre ellos el “daño moral, son “uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público”.

http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/rmxc/despenalizar.htm#1#1Perla Gómez explica, en un artículo publicado en la Revista Mexicana de Comunicación, las diversas acciones que existen en México para inhibir el ejercicio de las libertades de expresión e información. Éstas van desde los ataques directo contra el quehacer periodístico, como amenazas, agresiones físicas, atentados y asesinatos. Hasta los actos inhibitorios: demandas, citas a comparecer, detenciones o bloqueos publicitarios e informativos.

Entre los actos indirectos están los llamados delitos de prensa, subdivididos en dos vías: la penal, con delitos contra el honor (injuria, difamación y calumnia) y la civil con las obligaciones que se desprenden de hechos ilícitos (daño moral y reparación moral).http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/rmxc/despenalizar.htm#2#2

Si con la vía penal, el periodista puede ser encarcelado, con la civil se le obliga a la reparación económica por indemnización al supuesto afectado.

El Congreso de la Unión despenalizó ya los delitos de prensa en el ámbito federal y en el Distrito Federal la vía penal también despareció, no así la civil, que obligará el lunes próximo a Alfredo Rivera Flores y al periodista Miguel Ángel Granados Chiapa, integrante del legendario equipo de Excélsior que comandaba Julio Scherer, promotor de la libertad de expresión, académico autor de diversos libros sobre la prensa y la liberad de expresión, autor durante 30 años de la columna Plaza Pública, a presentarse a otra diligencia donde se desahogarán las pruebas confensionales.

Mal hacemos, escribió el autor de La Sosa Nostra en un artículo de opinión, al pensar que la embestida contra la libertad de expresión que se hace evidente en el país nos resulta ajena…

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