Inicio Juicios orales deben integrar acuerdos de DH a favor de mujeres

Juicios orales deben integrar acuerdos de DH a favor de mujeres

Por Anaiz Zamora Márquez

El reto de la aplicación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (juicios orales) –que debe implementarse en breve en la capital del país– es que las mujeres víctimas de algún tipo de violencia no se vean afectadas por tipos penales o decisiones judiciales que vulneren aún más sus Derechos Humanos (DH).
 
En ello coincidieron expertas y especialistas nacionales e internacionales durante el “Foro internacional sobre experiencias y buenas prácticas en el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la justicia, para las mujeres víctimas de violencia y delitos cometidos por razones de género”, organizado por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF).
 
Expertas como Ana Isabel Garita, de Costa Rica; Carmen Hein de Campos, de Brasil; y María Eugenia Solís García, de Guatemala, subrayaron la importancia de incorporar al nuevo sistema penal los principios de la reforma constitucional en materia de DH de 2011.
 
Destacaron la defensa de los derechos de las mujeres, los cuales son tutelados por instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), y bajo los que se debe regir la actuación del personal judicial capitalino.
 
Teresa Incháustegui Romero, directora del Inmujeres-DF, explicó que al incorporar esos principios se garantiza la reparación del daño, la debida diligencia, la progresividad, el principio pro-persona, y la garantía de no repetición para las mujeres víctimas de violencia.
 
Subrayó que la naturalización de la violencia hacia las mujeres es una herencia que viene de siglos atrás, cuando éstas no eran sujetas de derechos, ni tenían personalidad jurídica, por lo que se ha requerido de reformas para incorporar los derechos femeninos en las leyes.
 
“El reto que tenemos en el DF y todo el país, a través del nuevo sistema penal acusatorio, es que la mecánica de este sistema de procesos penales no arrolle los fundamentos de los derechos de las mujeres, principalmente de las mujeres violentadas”, destacó.
 
La subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), María de los Ángeles López Peña, explicó que “no es sencillo” incorporar la perspectiva de género en el nuevo sistema penal.
 
Argumentó que las personas operadoras del sistema deberán interpretar y aplicar las normas desde una óptica de DH, además de analizar los casos concretos en los que intervienen para que identifiquen aquellas prácticas que reproducen la desigualdad para las víctimas, así como los tipos y modalidades de violencia de género.
 
“Las personas profesionales responsables de la atención deben reconocer que las mujeres en situación de víctimas por delitos que constituyan violencia de género, deben ser asesoradas, representadas y atendidas desde esta visión integral, es decir, que además de ceñirse a sus competencias y atribuciones, deberán ser sensibles a las circunstancias y condiciones que acompañan a las mujeres, para incidir en estrategias legítimas de acceso a la justicia”, enfatizó López Peña.
 
La doctora Ana Isabel Garita compartió la experiencia del sistema de justicia costarricense y señaló que a partir de la implementación de los juicios orales se deben adecuar los tipos y procedimientos penales desde la visión de género, además de que tanto en la carpeta de investigación como en el proceso penal se respeten los derechos de las víctimas.
 
Ximena Andión Ibáñez, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, resaltó la importancia de una evaluación sobre la forma en la que las herramientas de capacitación y formación se  imparten a servidoras y servidores públicos, ya que aunque por años se ha presumido que se brinda capacitación, actualmente se observa que a las mujeres víctimas de violencia que acuden a pedir medidas de protección se les niegan, o incluso no se cree en su palabra.
 
Ya se ha capacitado a los operadores de justicia, pero en realidad no hay un diagnóstico de cómo ha servido esta capacitación; a la fecha seguimos teniendo medidas negadas, criticó Andión Ibáñez.
 
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