Inicio Juicios orales no dan garantías a mujeres en región istmeña de Oaxaca

Juicios orales no dan garantías a mujeres en región istmeña de Oaxaca

Los juicios orales no dan garantías a las víctimas de un delito, pero protegen a los delincuentes, afirmó María Esther, quien denunció un secuestro, intento de violación, lesiones y amenaza de muerte que sufrió por parte de dos hombres en la región del Istmo de Tehuantepec, uno de los cuales fue liberado en sólo 72 horas, por el juez Alejandro Magno González Antonio.

De los hechos ocurridos 16 de agosto pasado en Santo Domingo Tehuantepec, María Esther denunció que “seguramente hay otros casos como el suyo donde los violadores han salido libres, porque los encargados de procurar justicia no están preparados, ni siquiera conocen bien el mecanismo de los juicios orales”.

El dolor físico aún está en mi cuerpo, señaló tras explicar que durante 40 minutos aproximadamente fue secuestrada en Tehuantepec por un taxista y su cómplice. “Pero el dolor emocional perdurará para toda la vida”, añadió tras sentir que las autoridades fueron negligentes al dejar en libertad a uno de sus agresores, tras la reciente aprobación de una ley que castigaría severamente a quienes secuestren a sus víctimas.

Apoyada por un grupo de amigas, la mujer narró que fue interceptada por Alexis Piñón López y Sandi Rodríguez Sosa, a las 6:30 horas del 16 de agosto, cuando se dirigía a un templo cristiano. Los dos hombres la subieron por la fuerza a un al taxi número 1260, placas de circulación 29-63SJD del estado de Oaxaca.

Alexis Piñón López, quien fue detenido, y Sandi Rodríguez, quién se dio a la fuga, son los dos hombres que atentaron contra su vida. El primero, puesto en libertad tras un rápido juicio oral en sólo 72 horas, “hoy se le puede ver manejando su taxi en Santo Domingo Tehuantepec, como si nada, ¿qué esperan las autoridades qué pase? Yo tengo miedo y responsabilizo a estas dos personas de lo pudiera sucederme a mi a mi familia”, acusó.

Durante unos 40 minutos, los delincuentes la golpearon, le pidieron sus objetos de valor. Alexis conducía el vehículo, en tanto Sandi pretendía violarla en la parte trasera del automóvil, bajo la amenaza de que la “descuartizarían y tirarla”, mientras salían de la ciudad de Santo Domingo Tehuantepec para dirigirse a la autopista rumbo Arriaga, Chiapas.

Con el automóvil en movimiento y ante la agresión sexual de que estaba siendo objeto, optó por abrir la puerta y lanzarse a la carretera, se quitó los zapatos para poder correr. Dos kilómetros más adelante, con los pies ensangrentados, fue auxiliada por un trailero y otra persona, quienes detuvieron a Alexis pero se dio a la fuga, más tarde la policía del municipio de Mixtequilla logró detenerlo de nuevo.

Después de un rápido juicio oral, Alexis fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 15 mil pesos, lo anterior de acuerdo con la relatoría del juicio realizado en el Juzgado de Garantías en Materia Penal de Santo Domingo, Tehuantepec, número de causa 0289/2008, número HTSJE/JGMPT/0192/2008.

En el documento que mostró María Esther señala que “tomando en consideración que es una persona que trabaja como taxista, gana cien pesos diarios, tiene tres hijas y atendiendo al delito, a la gravedad, a la situación de la victima, esta Representación social considera que se le fije una garantía de 15 mil pesos y como bien dice usted no es necesario que lo exhiba en efectivo sino a través de algunas prendas o hipotecas, como el pueda exigir esa cantidad…”.

En ese sentido preguntó ¿tal parece que es más importante a qué se dedica el delincuente que el delito que cometió? Luego pidió la intervención de Lourdes Salinas de Ruiz, presidenta del DIF Estatal, para que interceda por ella y todas las mujeres, “¿qué otro delito cree que hizo falta para que me hagan justicia? Quizá que me maten, se respondió.

También demandó de las y los diputados que legislen y castiguen a los delincuentes, pues no es posible que las leyes dejen en libertad a los delincuentes que intentan violar a las mujeres, se necesitan penas más severas “esos hombres no merecen estar libres ni con vida”.

María Esther preguntó al Tribunal Superior de Justicia si los jueces, como Alejandro Magno González Antonio, están preparados, “si son capaces de dictar una resolución, me queda esa duda”, planteó ante los representantes de los medios de comunicación.

Al procurador General de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez le preguntó a través de los medios ¿qué pasa con esos funcionarios, son corruptos?, en referencia a los agentes del Ministerio Público que no integran debidamente sus investigaciones y que favorecen la libertad de los delincuentes desprotegiendo a las personas afectadas.

La señora María Esther llamó a las mujeres que han sufrido violencia a no quedarse calladas, a levantar la voz para que no haya impunidad, en tanto anunció que el Ministerio Público de Tehuantepec, Calixto López, ha interpuesto una apelación ante las autoridades competentes, luego de que quedó acreditado el cuerpo del delito, según consta en la misma integración del juicio oral realizado el pasado lunes 18 de agosto.

DEFICIENTE CAPACITACIÓN

En entrevista, Beatriz Hernández Bautista, pasante de abogada, cuyo proyecto de tesis analiza de qué manera se incluyen o no los derechos de las mujeres en el nuevo Código Procesal Penal de Oaxaca, existe una capacitación deficiente para los funcionarios que aplican los juicios orales en la región del Istmo.

“Hay una capacitación deficiente en el tema indígena y en el de las mujeres, no hay sensibilización sobre género; no hay realmente condiciones para que la igualdad entre las partes exista, en caso de que sean hombre y mujer”.

Las y los integrantes del Colegio Regional de Abogados Istmeños han señalado las deficiencias en la implementación del nuevo sistema, así como la falta de capacitación de los funcionarios que en el intervienen.

Esther Torres Salinas, secretaria de Actas y Acuerdos de dicho organismo, relató que la fiscal Delma Colón del Juzgado de Garantías de Juchitán, en un caso de abuso sexual que enfrentó una niña de tres años de edad, citó a la madre de la víctima para inducirla a aceptar 15 mil pesos como reparación del daño, porque era el único beneficio que podía obtener a través de éste nuevo sistema puesto en marcha desde septiembre de 2007 en el Istmo de Tehuantepec.

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