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Justicia a Juárez, ni una muerta más

Por Leticia Burgos Ochoa

Justicia, ni una muerta más, se dice fácil pero tuvieron que pasar cientos de asesinatos de mujeres para que el gobierno federal reaccionara y más que cumplir con sus promesas, se lograra atender hasta ahora el reclamo de familiares, defensoras y defensores de los derechos humanos y organizaciones civiles nacionales e internacionales: justicia, ni una muerta más. Reclamo hasta ahora incumplido.

Justicia, ni una muerta más, es ciertamente una demanda histórica que encierra toda una vida de lucha por la defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y que se hizo visible éste reclamo gracias a los familiares, a la movilización nacional y la manifestación internacional y de sendas recomendaciones.

El Ejecutivo Federal después de siete fiscalías locales designadas por los distintos gobiernos locales de 1993 a la fecha, dio paso al nombramiento de la María López Urbina como fiscal Especial federal y de Guadalupe Morfín comisionada de la Presidencia de la República para coordinar los distintos esfuerzos institucionales para prevenir, sancionar y combatir la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El Congreso de la Unión por su parte en ambas Cámaras se constituyeron comisiones especiales para el seguimiento de las investigaciones y en el caso de la H. Cámara de Diputados, se ampliaron sus facultades para atender el fenómeno del feminicidio en el país.

A esta reacción política e institucional de dos poderes de la Nación, el Ejecutivo y Legislativo, le precedieron diversas manifestaciones de carácter local, nacional e internacional que deben de tenerse muy presente en el proceso de revisión y seguimiento de la acción gubernamental procuradora de justicia e inclusive considerarlas como hilos conductores para evitar que tenga cabida la impunidad y llegue por fin la justicia a Juárez.

Por que cada día que pasa se torna cada vez más insoportable y doloroso que ningún rincón de nuestra patria se escapa la violencia hacia las mujeres y en vez de detenerse vaya en aumento, por lo que es cada vez más evidente la urgente necesidad de arribar a un acuerdo de carácter nacional, un Pacto Nacional contra la violencia y la seguridad hacia las mujeres, entre los tres poderes de la Nación, los tres niveles de Gobierno y la sociedad, necesitamos toda la fuerza del Estado para cerrarle el paso a la violencia y la impunidad y lograr que en nuestro país reine la justicia para todas y para todos.

Mientras se investiga y se presentan avances de las acciones gubernamentales para prevenir y combatir la violencia hacia las mujeres, no solo no se detienen los asesinatos, sino que continúan cometiéndose con igual o peor saña en aquel lugar como en otras latitudes de la república, los avances hasta ahora reportados no trascienden el mismo nivel de conclusiones realizadas por los organismos defensores de los derechos humanos que dieron paso a las recomendaciones como el informe especial que recientemente dio a conocer a la opinión pública la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Hasta ahora solo se reitera que hubo negligencia, omisión y abuso de autoridad de 81 servidores públicos, con la de que solo desde el nivel de ministerio público, fiscales especiales hacia abajo, sin tocarse a autoridades de mayor rango y primer orden de responsabilidad en la administración y procuración de justicia.

Me pregunto ¿Qué acaso los exprocuradores y exgobernadores incluido el actual gobierno de Chihuahua nada tuvieron que ver con todos y cada uno de los actos que configuran los delitos antes expuestos? ¿Qué acaso la impunidad que se expresa en los 81 servidores públicos no se hicieron al amparo de la institución que las autoridades de más alto nivel están obligados a velar y en su caso a sancionar?

Son preguntas obligadas que tendremos que formular al Ejecutivo Federal y al Procurador General de la República, en tiempos en que al parecer en asuntos como el Paraje San Juan y ahora el Encino, el máximo órgano defensor del pueblo –se vuelve el peor verdugo y la antítesis de la justicia. Para Juárez solo demandamos justicia y cero tolerancia a la impunidad.

*Senadora del PRD y presidenta de la Comisión Especial que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez de la Comisión de Desarrollo Social.

2004/GV/SM

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