En los últimos 7 años se ejerció acción penal por delito de aborto contra 30 mujeres en Guanajuato. Así lo señala el oficio 12203/2010 de la Procuraduría de Justicia del estado.
El documento -del que Cimacnoticias tiene copia-, contradice las reiteradas declaraciones del gobernador de la entidad Juan Manuel Oliva Ramírez, respecto a que en Guanajuato «no hay mujeres presas por el delito de aborto» y que este delito no existe en la entidad.
Según el oficio 12203/2010, en los últimos siete años «por el delito de aborto» se iniciaron 130 averiguaciones previas: en 30 se ejerció acción penal no sólo contra la madre, sino «contra diversas personas que provocaron el aborto a la mujer», de las restantes, 43 se archivaron, 23 se reservaron, en 25 se dictó incompetencia, hay 2 acumuladas y 7 en trámite.
Pero además del delito de aborto, también está la figura de «homicidio en razón de parentesco» por la que ocho mujeres fueron sentenciadas y liberadas recientemente.
Según la Procuraduría, de 2003 a junio de 2010, por este delito se han iniciado 116 averiguaciones previas, 96 ya fueron consignadas, 12 archivadas, una reservada, tres en trámite, y en cuatro se declaró incompetente. «Precisa» que dentro de las 96 consignadas se incluyen «otros casos», y no «únicamente cuando se trata de la madre que priva de la vida a un descendiente».
En contraste, la organización «Las Libres», documentó que del 2000 al 2008, 130 mujeres fueron procesadas y sentenciadas por el delito de aborto, aún en caso de violación, y que las ocho acusadas por homicidio en razón de parentesco, sufrieron abortos involuntarios.
De acuerdo con la información dada por la Procuraduría, en total 30 mujeres han sido acusadas del «delito de aborto» y siete más están en espera de ser consignadas; mientras que por el delito de «homicidio en razón de parentesco» de las 96 consignaciones, no especifica cuántas mujeres se encontrarían en esta situación, tras haber sufrido abortos involuntarios.
Y aclara: «Al día de hoy, en los Centros de Readaptación Social del estado de Guanajuato, no se encuentra ninguna mujer compurgando una pena por el delito de aborto».
¿QUÉ JUSTICIA SE APLICA EN GUANAJUATO?
Mientras la justicia se aplica de manera muy puntual contra las mujeres que sufren abortos incluso involuntarios, para los hombres que asesinan mujeres no hay castigo.
De acuerdo con información proporcionada por el procurador Carlos Zamarripa, a las legisladoras de la Comisión Especial de Feminicidios durante una reunión de trabajo, de septiembre de 2006 a septiembre de 2010, han sido asesinadas 152 mujeres: la mitad de los casos se encuentran sin resolver. El funcionario insistió que el 95 por ciento de los asesinatos fueron de «origen familiar».
Guanajuato es la única entidad que no tiene una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que no reconoce la existencia del feminicidio, al clasificar los asesinatos como «violencia familiar o del crimen organizado».
Cuestionado por las legisladoras al respecto, Carlos Zamarripa dijo que en 2009, se aprobó la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia en el estado de Guanajuato, la cual incluye nuevas figuras penales, pero que ésta entrará en vigor hasta 2011 porque «se está preparando la infraestructura necesaria para ello».
Sobre el número de niñas y mujeres desaparecidas, el procurador no supo dar respuestas y argumentó que su exposición «era específicamente sobre feminicidio», por lo que lo comprometieron a firmar un convenio de colaboración en el que se establece la creación de un mecanismo para la búsqueda inmediata de desaparecidas.
La creación de una página Web con la información personal de mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas, así como un banco genético, son otros compromisos.
OBSERVACIÓN DE LA ONU
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), hizo una recomendación a las autoridades de Guanajuato, luego de constatar en la entidad la adversa situación de los derechos humanos de las mujeres, como el derecho a una vida libre de violencia, y a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
En ella, exhorta a las autoridades revisar la legislación y en particular la figura penal de «homicidio en razón de parentesco».
La OACNUDH concluyó que en Guanajuato no existen garantías para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos humanos, sexuales y reproductivos, además de que existen «preocupantes niveles de violencia contra ellas».
Las legisladoras afirmaron ante el procurador, que «Guanajuato se ha distinguido por ser conservador y por su trato hacia las mujeres, pues todo es pecado, malo y satanizado».
La diputada Teresa Incháustegui Romero, presidenta de la Comisión Especial, destacó que la situación planteada sobre feminicidio por el funcionario es alarmante, nos habla de un alto índice de no resolución de los casos, que además van en aumento.
En contraste, la penalización para las mujeres en la entidad por aborto, «ha sido de enorme dureza, lo que habla muy mal de la justicia que se imparte en la entidad», enfatizó.
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