«Deben investigarse exhaustivamente todos los asesinatos no esclarecidos de mujeres en Ciudad Juárez y llevar a los responsables ante la justicia», recomendó Dato Param Cumaraswamy, relator especial sobre la independencia de jueces y abogados.
Durante la 58 sesión de la Comisión de Derechos Humanos que se lleva a cabo en Ginebra, el relator especial presentó como parte de su informe anual de actividades el reporte de la misión a México; en el que abunda de calificativos como «indiferencia, insensibilidad y negligencia».
Para el relator de las Naciones Unidas es claro que la investigación de esos asesinatos –en los que desde 1993 han muerto más de 250 mujeres– ha sido «ineficiente e incompetente, si es que acaso ha habido alguna investigación».
Cumaraswamy, además, considera que «las mujeres no han logrado la igualdad» pues sufren discriminación en su vida diaria; por ello demandó el desarrollo de programas para eliminar prácticas laborales discriminatorias contra las mujeres. «El Estado ha sido incapaz de adoptar medidas contra la costumbre de las empresas para practicarles pruebas de embarazo.
Asimismo recomendó que era necesario ampliar el acceso de las mujeres a la justicia, establecer unidades especializadas sobre violencia contra las mujeres y capacitar a las policías sobre delitos sexuales; además de crear cortes especializadas en problemas intrafamiliares.
Pese a que acepta que hay voluntad política, para Cumaraswamy la reforma de la administración de justicia del gobierno de Vicente Fox no refleja «en la realidad esos cambios, pues continúa la impunidad y la corrupción en las instituciones judiciales».
Otro caso planteado por el relator internacional es el de la «prominente» abogada de derechos humanos Digna Ochoa, asesinada el 19 de octubre del año pasado. «Estoy seriamente preocupado por la información de que el procurador general cerró en mayo del 2001 la investigación de las amenazas de muerte que sufrió Ochoa».
Más adelante afirmó que la persecución de defensores de derechos humanos «es un continuo problema en México», por lo que demandó esclarecer el asesinato y determinar el origen de las amenazas de muerte que ha recibido la también abogada Pilar Noriega.
Para Cumaraswamy no son ajenas también las amenazas de muerte que han padecido algunos miembros de la Academia de Derechos Humanos, del Centro Miguel Agustín Pro y del Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, lo mismo que Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, en el estado de Guerrero.
Cortes militares
Por otro lado el funcionario de la ONU también le recomendó al gobierno mexicano que los crímenes cometidos contra civiles por parte de militares sean investigados por autoridades civiles «para evitar sospechas de parcialidad. La legislación actual debe cambiarse para permitir que se juzgue a militares», advirtió.
«Muchos juicios ante tribunales militares contra personal del ejército acusado de violaciones de derechos humanos no se llevan a cabo por la desconfianza del público a esas instancias». Urgió asimismo que se removieran los militares de las tareas policiacas y de seguridad pública, ya que implican el aumento de violaciones de derechos humanos.
Indígenas
Con relación al tema de los indígenas, Cumaraswamy aseveró que «deben implementarse los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas» firmados entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lo mismo que reconocer la legislación y tradiciones indígenas».
«En Chiapas el enfrentamiento entre el gobierno estatal y el EZLN ha dado lugar a serias violaciones de derechos humanos entre la población indígena, donde posiblemente los grupos paramilitares han sido responsables de ejecuciones y desapariciones arbitrarias.»
Finalmente exigió que se tomen «medidas inmediatas» contra las condiciones de trabajo tipo «esclavitud» que viven las indígenas migrantes, sobre todo en el estado de Chihuahua, aunque no descartó que también «pueden prevalecer en otras partes de México».
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