En México el sistema de acceso a la justicia para las mujeres es ineficiente: la estadística a nivel nacional es sólo de tres por ciento de condenas firmes, en relación a todas las averiguaciones previas y juicios que se iniciaron, el 97 por ciento restante es impunidad.
De ahí la urgencia de una Subprocuraduría de la Mujer, en todas las Procuradurías de los estados de la República, además de que todos los tribunales cuenten con un secretariado con especialidad en género y derecho.
Lo anterior, dijo la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa, con el fin de que realmente se haga realidad la justicia para las mujeres y las niñas del país, porque «de continuar como vamos lo único que estamos reciclando es el patriarcado, el machismo y la impunidad», con la impunidad la violencia en contra de la población femenil.
Tere Ulloa, quien fuera propuesta como candidata para el Premio Nobel de la Paz, agregó: «tenemos muchos años luchando, y me arde la cara de ver el tipo de país que les estamos heredando a las niñas y niños, con este tipo de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están protegiendo a depredadores sexuales de niñas y niños».
En entrevista, la feminista les recordó a las y los ministros de la Corte que cuando se genera impunidad se genera violencia. Subrayó que no se está garantizando el castigo a los depredadores. Cuando hay un discurso y una doble moral, «las señoras ministras de género no saben nada», precisó.
En el marco de Tribunal Ciudadano por el Acceso de las Mujeres a la Justicia, que se realizó como parte de los 16 días de Activismo «para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas», Ulloa externó que no sabía qué es lo que le está pasando al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, donde han registrado importantes retrocesos en la procuración de justicia.
A grado tal, explicó, que niñas que empiezan a ser violadas a los tres años de edad y a los nueve pueden ya decirlo, los jueces les piden que ubiquen en tiempo, modo y circunstancias de todas y cada una de las violaciones de que fueron objeto, cuando para las criaturas los tiempos no corren igual.
Luego, denunció que en la Ciudad de México hay más de 250 mil mujeres y niñas en situación de prostitución; de donde casi el 88 por ciento no son de aquí; el 89 por ciento, empezaron entre los 12 y 13 años; en tanto que el 99 por ciento son explotadas por algunos de los actores de la industria del sexo, padrotes o lenones; 82 por ciento son analfabetas o con primaria incompleta.
UNIR FUERZAS Y VOCES
En su momento, la integrante del Centro de Apoyo Margarita Magón, Rocío Corral Espinosa Monsiváis, dijo que la propuesta que como organización civil tienen para el Tribunal es que en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y en el ejercicio de nuestra ciudadanía podamos denunciar casos que son violatorios de los derechos humanos de las mujeres, y que les han impedido el acceso a la justicia.
Subrayó que uno de los objetivos es unir fuerzas entre las mujeres para alzar la voz, para decir que es lo que necesitamos las mujeres, para que a través de las funcionarias públicas del gobierno capitalino y legisladoras de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las tengan en consideración y las impulsen antes los órganos correspondientes.
Las organizaciones civiles y feministas presentes en el evento emplazaron a las y los legisladores de ese órgano legislativo a aprobar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal, lo antes posible porque es urgente, toda vez que se asigne el presupuesto para que se aplique la ley.
Por su parte, la directora general de Igualdad y Diversidad Social del gobierno del Distrito Federal, Martha Patricia Patiño Fierro, se comprometió a ir ante el Supremo Tribunal de Justicia a entregar los resultados del este foro del Tribunal Ciudadano por el Acceso de las Mujeres a la Justicia, con el fin de ayudar a las cuatro mujeres que acudieron a dar testimonio de cómo son violados sus derechos humanos en los tribunales de la familiar y ministerios públicos.
Martha Patricia Patiño calificó como viables este tipo de foros que les permite visualizar cómo rebota la ausencia de una visión de género en la atención de las mujeres, además les permite tener contacto directo con la población, como sucede en estos casos con mujeres que no han accedido a la justicia.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Leticia Quezada Contreras, adelantó que se van a revisar y reformar algunos artículos para que el Gobierno capitalino destine presupuesto a las Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Salud, ambas del DF, para que tengan los recursos suficientes que les permita realizar los exámenes de ADN, cuando sean necesarios.
07/MLT/GG
