Amnistía Internacional (AI) llamó a Nicaragua a erradicar la violación y abusos sexuales contra las niñas de ese país, mediante la conciencia que debe adquirir la sociedad para descartar que este tipo de violencia es culpa de la víctima, y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y a la reparación del daño.
Así lo señala el informe «Escucha sus voces y actúa: No más violación y violencia sexual contra niñas en Nicaragua», que hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, dio a conocer AI.
La organización internacional señala que, con base en datos policiales, entre 1998 y 2008 se denunciaron más de 14 mil casos de agresiones sexuales contra las nicaragüenses, un tercio de ellas eran menores de 17 años de edad.
En un comunicado de prensa, Esther Major, investigadora de AI sobre Centroamérica, señaló que «la justicia nicaragüense debe servir a todas las personas, no sólo a las que tienen poder y dinero. El gobierno debe transmitir un mensaje claro de que la violencia sexual nunca es culpa de la víctima», subraya.
Agregó que «cada día, muchas niñas nicaragüenses sufren el horror de la violencia sexual en silencio, por no arriesgarse al rechazo que a menudo sufren cuando hablan de lo sucedido».
AI documentó la estigmatización de las víctimas de abuso sexual que prevalece en la sociedad nicaragüense y que provoca que las niñas «no se atrevan a denunciar la terrible situación que están viviendo».
«Es hora de que las autoridades demuestren el mismo coraje que las valientes sobrevivientes que compartieron sus testimonios con nosotros y rompieron el silencio que rodea a los abusos sexuales», indicó Esther Major.
El informe, que forma parte de la campaña «Exige Dignidad» de AI, sostiene que quienes ejercen violencia sexual contra las niñas son familiares y personas que ocupan una posición de poder, por lo que «el hogar constituye un lugar peligroso», donde los agresores las obligan a guardar silencio.
A pesar de que en el país centroamericano existen protocolos para funcionarios dedicados a la impartición de justicia acerca del trato a las víctimas de violación y abuso sexual, en la práctica no se cumplen.
Por lo anterior, son «demasiadas niñas las que abandonan la escuela, dejan su trabajo e incluso intentan quitarse la vida». El informe muestra que algunas sobrevivientes sufren el trauma adicional de descubrir que se han quedado embarazadas a consecuencia de la violación.
En esa circunstancia, las niñas que quieren continuar con el embarazo, no se les proporciona ayuda ni para cuidar del bebé ni para regresar a sus estudios o trabajo.
Quienes desean interrumpir el embarazo, producto de la violación, son obligadas a continuar con la gestación, bajo la amenaza de ir a prisión, debido a que en 2008, el gobierno nicaragüense tipificó como delito todas las formas de aborto.
Para una niña a la que su violador ya le ha negado todo control sobre su cuerpo, la ley actual supone una crueldad insoportable, refiere el informe.
De acuerdo con la investigadora de AI, «lo único que piden las jóvenes víctimas de violación y abuso sexual es que el gobierno nicaragüense proteja su derecho a no sufrir violencia sexual, y que las apoye para que puedan superar el trauma físico y psicológico causado por esos actos de violencia. Esta es una obligación que Nicaragua ha contraído en virtud del derecho nacional e internacional.»
«Pedimos al gobierno nicaragüense que ponga fin a la violencia sexual y garantice que esa violencia no defina el resto de la vida de las sobrevivientes», expresó Esther Major.
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