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Juventud rechazada de la educación superior

Por Manuel Fuentes Muñiz*

Las y los jóvenes rechazados por las universidades públicas representan uno de los grandes problemas de la nación; sin embargo tanto el Gobierno federal, los estatales y la iniciativa privada poco hacen para atenderlo.

Es inadmisible que nueve de cada diez solicitantes reciban el portazo que les niega una educación profesional; las y los jóvenes se dan cuenta pronto que hay otras puertas cerradas: tampoco hay alternativas de empleos que les permita pagar una universidad o preparatoria privada; las pocas ofertas laborales son de míseros salarios, exigencia de tiempo completo o rotación de turnos y sin prestaciones sociales.

En todos los centros de trabajo exigen «experiencia» y las y los jóvenes no la tienen; tienen que buscar empleos informales y se dan cuenta que ese es otro espacio de competencia y de cotos cerrados en los mejores lugares de venta.

Las y los jóvenes que no aprobaron el examen reciben el estigma de «rechazado», como si ellos fueran los responsables de no haber accedido a los estudios universitarios, cuando la sociedad es la reprobada por no ofrecer alternativas educativas para ellos.

Acceder a una universidad o preparatoria pública no es un problema de capacidad académica del o la estudiante, ya que aunque todos los concursantes tuvieran la mejor puntuación sólo el diez por ciento podría acceder a instituciones de educación pública.

La cifra de jóvenes aspirantes rechazados se ha quintuplicado en los últimos 16 años, mientras que la oferta educativa prácticamente se ha mantenido en el mismo nivel. En este periodo de 2008, a 152 mil se les negó el acceso en la UNAM, a cerca de 50 mil en el IPN y unos 40 mil de la UAM, ello sin contar con los rechazados a nivel nacional.

Tan sólo en Jalisco en 2008 hubo más de 24 mil rechazados, en Puebla se han reportado 18 mil jóvenes en la misma condición, en Tabasco 10 mil, en Oaxaca 7 mil, en Baja California 6 mil, en Guerrero, Chiapas, Michoacán más de 5 mil. Y las cifras son similares en todo el país.

¿A DÓNDE VAN?

¿Qué pasa con las y los jóvenes rechazados? Los gobiernos se desentienden del problema y no lo aceptan como un problema de la sociedad sino como una carga. La educación universitaria pública no es un tema de prioridad nacional como se demuestra en los presupuestos aprobados en las Cámaras de Diputados.

A las y los jóvenes se les cierran las puertas y son fácil presa de bandas organizadas. Los menores de edad son los más cotizados por ser inimputables ante la justicia penal.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) sobre la participación de jóvenes en la delincuencia son reveladoras: 40 por ciento de presuntos delincuentes del fuero federal y 49 por ciento del fuero común son jóvenes.

De éstos, la proporción de varones de 15 a 29 años involucrados en un crimen federal es de 41 por ciento, y 50 por ciento en actos de competencia del fuero común, mientras que las mujeres representan 35 y 40 por ciento, respectivamente.

LAS JÓVENES

Las mujeres jóvenes enfrentan las mayores dificultades al toparse con la cerrazón de sus familias a que inicien una carrera universitaria y en lugar de ello impulsarlas a estudiar carreras «cortas» para que pronto dejen de ser una carga para la familia; la tragedia se acrecienta para ellas con embarazos tempranos y no deseados que les dificulta aún más continuar con estudios profesionales.

Las mayores dificultades se dan en las entidades de la República donde las condiciones económicas son mayores y las posibilidades de acceder a estudios universitarios son todavía más limitadas que en el centro del país.

Dar alternativas a los jóvenes no puede continuar siendo materia de discursos, se requieren soluciones concretas en su desarrollo educativo. El seguir cerrándole las puertas es mantener a nuestro país en el subdesarrollo en todos los ámbitos.

Se requiere fortalecer la educación superior por ser una prioridad para el desarrollo nacional y ello no lo entiende la clase dirigente de este país.

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*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.

08/MFM/GG/CV

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