La secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Elena Zúñiga, celebró la inclusión de la Anticoncepción de Emergencia, mientras que el subsecretario de población, migración y asuntos religiosos, Armando Salinas Torres, consideró que el tema corresponde a la Secretaría de Salud.
En la conmemoración del 30 aniversario de la Ley General de Población, Zúñiga Herrera, destacó en su discurso que después de 30 años el Estado mexicano saldó una deuda pendiente con la población y, en especial, con las mujeres al asumir su compromiso de garantizar el acceso a la más amplia gama de medios para regular la fecundidad, incluyendo tanto a los métodos naturales como a los modernos.
La funcionaria enfatizó el derecho de las personas a elegir, conforme a sus características, necesidades y convicciones, cualquier método de su preferencia.
Más adelante, dijo a la prensa que la AE es una nueva opción que puede cambiar la vida de quien tiene una relación no protegida y aseguró que funciona para evitar 100 mil abortos que, oficialmente se reconoce, se realizan cada año.
En cuanto a los comentarios de la jerarquía católica, sobre que estas pastillas son abortivas, Zúñiga insistió en que tienen derecho a dar su punto de vista, sin embargo, los llamó a buscar información y conocer muy bien la nueva reglamentación del Estado porque es cuestión de opciones.
Por su parte, el subsecretario de asuntos religiosos, Armando Salinas Torres, exdiputado panista y catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Panamericana -vinculada a los Legionarios de Cristo-, se deslindó ante los medios de dar una postura desde la Secretaría de Gobernación sobre la AE como opción anticonceptiva al considerar, por una parte, que eso es un asunto de la Secretaría de Salud, así como un diálogo público de la iglesia y la sociedad.
Agregó que «la política poblacional tiene que ver con un tema mucho más amplio que el debate actual», pese a que la ley incluye específicamente el tema de la planificación familiar.
«La política poblacional no tiene que ver con este debate público, donde nadie está excluido de su deliberación para informarse y fijar una posición que tiene que ver con un tema de salud pública».
2004/MR/LG/GB
