La política laboral por la que pugnará el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de diputados durante la LXI Legislatura carece de acciones dirigidas a mejorar las condiciones laborales de las 16.2 millones de trabajadoras en el país, aseveró Martha Heredia Figueroa, vicepresidenta de Equidad y Género de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
A pesar de que en su agenda legislativa en materia laboral la representación del Sol Azteca en la cámara baja asegura que impulsará reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) con perspectiva de género, no menciona las necesidades y demandas de las mujeres trabajadoras, como erradicar, prevenir y sancionar la violencia laboral.
Ello se debe, dijo, a la falta de sensibilidad de quienes formulan estas propuestas y a la construcción cultural machista que prevalece en el ámbito legislativo y sindical. «Piensan que sólo queremos que agreguen el artículo ‘la’ y en realidad nos hace falta mucho más en materia de trabajo», afirmó Martha Heredia.
Las trabajadoras demandan una política incluyente, democrática, un trato equitativo, igual salario para mujeres y hombres por el mismo trabajo, capacitación laboral y sindical para su desarrollo y acceso a la justicia laboral, sobre todo en casos de acoso y hostigamiento sexual en los centros de trabajo.
Además de la integración de los convenios 110 y 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumentos que aseguran a la mujer embarazada o en periodo de lactancia una triple protección: a su salud y la de su hija o hijo, a su empleo y garantía de su ingreso, además de igualdad de trato entre mujeres y hombres en este ámbito, respectivamente.
De acuerdo con Martha Heredia, estos temas ya se discuten en la UNT, confederación que agrupa alrededor de 300 organizaciones sindicales integradas por un millón de trabajadoras y trabajadores –de los que 46 por ciento son mujeres–, pero no son prioridad, pues en la propuesta no se incluyen las necesidades de la fuerza laboral de las mexicanas.
La política laboral propone impulsar la aprobación de iniciativas del PRD y la UNT sobre las reformas a la Constitución y la legislación laboral que tiene como ejes centrales sustituir el concepto de salario mínimo por salario social, la transformación de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) por rama, de los Sindicatos Gremiales y de Empresa en Nacionales de Industria, y que las Juntas de Conciliación y Arbitraje se transformen en jueces de lo laboral, entre otros puntos.
A decir de Anselmo García Pineda, consultor de la OIT en México, experto en sindicalismo nacional y negociación de CCT, de aprobarse dichas propuestas tendrían un impacto favorecedor e importante sobre los derechos de los y las trabajadoras; sin embargo, la vía legislativa en las relaciones laborales puede fungir como un facilitador, pero es difícil que transforme la realidad, ya que para ello se requiere del diálogo social entre patrones, sindicatos y autoridades.
Asimismo, precisó, debe tomarse en cuenta la «debilidad» del PRD, pues además de ser la tercera fuerza política en la Cámara de diputados, los gobiernos locales del Sol Azteca como los de Guerrero y Zacatecas tienen posibilidad de impulsar estos cambios y a la fecha no lo han hecho.
Entonces, sostuvo, tenemos por un lado el discurso legislativo y por otro la gestión de los gobiernos locales que siguen la misma política laboral establecida por el gobierno federal, sin colocar en el debate público temas como el cambio de las Juntas de Conciliación por los jueces de lo laboral.
Otra de las propuestas del PRD que el consultor de la OIT considera importantes es la creación del Seguro Nacional de Desempleo y para el Fomento del Empleo, viable en materia económica y social, pero no política, ya que el sector empresarial carece de solidaridad con la mano de obra del país, a pesar de que ésta genera su riqueza.
09/GCJ/LG
