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La alimentación: Un derecho postergado y un riesgo inminente

Por Clara Jusidman*

El pasado 23 de marzo, con el voto en contra del Partido Acción Nacional (PAN), se aprobó en comisiones del Senado elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación de todos los mexicanos obligando a “que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”.

La iniciativa había sido aprobada por unanimidad en el pleno de la Cámara de Diputados, incluyendo el voto de la fracción del propio PAN.

A diferencia de esa aprobación por sus propios diputados, los senadores panistas se alistan para que ahora en el pleno del Senado se rechace la incorporación del derecho a la alimentación en el artículo cuarto de nuestra Constitución.

Argumentan que la redacción propuesta tiene un “matiz paternalista”, ya que como señaló al senador Alejandro Zapata Perogordo no están dispuestos “a abrir todo el espectro universal en un Estado paternalista, como lo establece la reforma, ya que cualquier persona puede exigir que se le alimente aún teniendo las posibilidades económicas necesarias y suficientes”.

Así, no están dispuestos a que el compromiso que se establezca para el Estado sea el de “garantizar” el abasto suficiente y oportuno de un grupo de alimentos que la ley definiría como básicos, pero sí aceptaron anteriormente que el término “garantizar” fuera incluido en la Constitución respecto del financiamiento público que deben recibir los partidos políticos (artículo 116, fracción IV).

De todos los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el Pacto Internacional de Derechos, Económicos y Sociales (PIDESC), del que México es Estado Parte, el único que no se encuentra incorporado en nuestra Constitución por una negativa sistemática e histórica del PAN, es el derecho a la alimentación.

Desde 1994 se hizo la propuesta de incorporarlo y desde hace nueve años se intensificaron los trabajos legislativos para hacerlo.

Se trata de un tema que tiene que ver con la dignidad humana y el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, postulados cercanos a la doctrina del propio PAN y a los compromisos que ese partido y el presidente Calderón han asumido respecto de la superación de la pobreza.

Es precisamente la insuficiencia de ingresos para comprar una canasta alimentaria básica la que define a los casi 20 millones de mexicanos que se encuentran en la pobreza extrema.

La vida misma y el ejercicio de otros Derechos Humanos como la salud, la educación, incluso la participación y el ejercicio libre del voto, dependen del “derecho fundamental de toda persona de estar protegida contra el hambre”, como lo establece el PIDESC.

La consecución de la ciudadanía política y de la ciudadanía civil se sustentan en lograr en paralelo la ciudadanía social, en cuya base se encuentra la seguridad de acceder a una alimentación adecuada.

Esta seguridad se cumple cuando “cada hombre, mujer y niño -solo o en comunidad- tiene acceso físico y económico durante todo el tiempo a alimentos adecuados o a medios para su satisfacción (Observación general 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas).

Ahora bien, la crisis alimentaria que inició a fines del 2008 apunta hacia una situación de emergencia nacional dados los severos daños ocasionados en la agricultura del país por el cambio climático, tanto por las excesivas lluvias experimentadas en 2010 en los estados del sur-sureste, como por las heladas vividas en el norte y noroeste en 2011, con fuertes pérdidas en la producción de maíz, sorgo, garbanzo, papa, cártamo, hortalizas y cítricos.

A ello se suma, por nuestra creciente dependencia de las importaciones de granos, el aumento en el último año del 32 por ciento de la cotización internacional promedio de los alimentos (índice elaborado por el Fondo Monetario Internacional).

El incremento se debe, entre otras causas, al cambio climático que redujo las cosechas de trigo en Rusia, Australia y Argentina; el uso de maíz para la producción de etanol, el aumento de la demanda de maíz para producir otros productos industriales y plásticos, los cambios en los patrones de alimentación, entre otros países, de China, India, y el aumento de la población y la especulación financiera en el mercado de futuros de los alimentos.

Resulta así urgente que se apruebe la incorporación del derecho a una alimentación adecuada en la Constitución y que el Estado mexicano se ponga a trabajar en el desarrollo e instrumentación de una Estrategia Nacional de Alimentación y Prevención de los Riesgos de Hambre, que contemple todas las fases de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el la comercialización y el consumo de alimentos, para evitar una posible e inminente catástrofe humana.

*Analista de Cambio Social y presidenta de INCIDE Social A.C.

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