Con una enorme diligencia, el presupuesto para 2006 ha sido aprobado. Lamentablemente no se pudo avanzar en un presupuesto general con enfoque de género; ahora, sin embargo, se etiquetaron recursos para importantes proyectos que empujen acciones en favor de las mujeres, no se puede negar. Los poco más de 2 mil millones que se aplicarán, promisoriamente, a programas centrales como el combate a la violencia contra las mujeres; la educación, las cuestiones de salud y otros rubros son, desde luego, un paso adelante.
Este es el último presupuesto que la actual legislatura aprobará y probablemente sea también uno de los aspectos de género que nos hereden las diputadas, porque fueron ellas, a través de distintas comisiones, quienes trabajaron el presupuesto etiquetado para la población femenina del país. Pero es del todo insuficiente en términos de forma y de fondo.
El presupuesto es una de las herramientas de la esperada transversalidad, que va mucho más allá de recursos etiquetados. La posibilidad de pernear todas las acciones gubernamentales de una perspectiva feminista todavía parece utópica, sobre todo cuando no existe la voluntad política de los gobiernos para mirar con profundidad el conflicto que plantea la exclusión y discriminación de las mujeres.
Y es que cuando se repara en el lugar que más de la mitad de la población tiene en la sociedad; cuando se miran de cerca la vida, el desarrollo y las dificultades de las mujeres, se revela, sin duda alguna, el tamaño de la desigualdad.
Algunos datos son irrefutables. En el año 2005, la paridad en los puestos de decisión tiene una brecha preocupante: ni siquiera hemos conseguido cabalmente el 30 por ciento de esta representación.
Todavía, entre quienes no saben leer y escribir, las mujeres son más del 60 por ciento; la muerte materna, la que ocurre como resultado del cáncer cérvicouterino, muestra cómo no se avanza en frenar las muertes evitables. Y si hablamos de justicia para las mujeres, la impunidad frente a la violencia contra las mujeres es tremenda. Es suficiente echar un ojo sobre el número de delincuentes libres que golpean, maltratan o asesinan a las mujeres en cualquier estadística estatal.
A cambio se regatean los recursos de prevención y combate a la violencia contra las mujeres. Es lamentable que todas las políticas sociales dediquen cuantiosos recursos sólo para elaborar folletos o campañas que no cambian la situación y que tampoco horadan la conciencia. Especialistas en comunicación reiteradamente ponen en duda la efectividad de dichas campañas.
Este sexenio, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres ha gastado muchos millones en desplegados y spots cuya efectividad no ha sido evaluada. En la práctica crecen los crímenes contra las mujeres, porque al lado de esta inversión no hay fondos para la capacitación entre el magisterio.
Nadie toca los mensajes que trasmiten los monopolios de la comunicación y, según los resultados de encuestas y estudios de la Secretaría de Salud, se sabe que el personal que debe atender a las mujeres maltratadas o heridas desconoce la norma oficial de prevención o bien se muestra absolutamente ignorante acerca de la transversalidad del enfoque de género.
La simulación es todavía peor cuando este gobierno remienda, con políticas milimétricas, la ofensa cotidiana que significa el nivel de pobreza y marginación de millones de personas de este país. Y es desde esta perspectiva que, si bien es importante cómo se ha etiquetado el presupuesto para 2006 -precisamente en una coyuntura electoral- todavía forma parte de una política, digamos, inconsciente e inconsistente frente a la situación de vida de millones de mujeres.
Tenemos que aplaudir que se destinarán recursos suficientes para la operación de una fiscalía especializada en los crímenes de género. Lamentablemente, ésta ha sido creada de facto con el presupuesto, porque todavía en la Cámara no se aprobaron los cambios a la ley de la administración pública y no existe el decreto de creación de dicha fiscalía. Esto habla de la poca importancia que se da al problema, a pesar de que el emblemático caso de Ciudad Juárez forma parte de la opinión pública internacional.
Es de aplaudir, por otra parte, que se hayan etiquetado recursos para que ahora sí, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, se apuntalen los institutos estatales de la mujer, ya que por omisión, ignorancia o mala fe fueron secuestrados los que la Cámara destinó en 2005 para que desde estos institutos se hiciera un diagnóstico estatal para todo el país sobre la violencia contra las mujeres o se afianzaran las labores urgentísimas de transversalidad.
En fin, que cuando estamos a unos cuantas semanas para que termine 2005, el balance es que los estados de la República no avanzaron en estas políticas. Lo grave es que en unos días, con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, escucharemos nuevamente discursos y propuestas.
Seguramente habrá en la televisión una nueva campaña de difusión mientras, por mencionar un solo ejemplo, hasta 12 mil denuncias de maltrato conyugal fueron reportadas en Sonora y existen mesas de trámite en Guerrero que han sido sobrepasadas por la denuncia; tanto o igual en que cualquier otra entidad donde revisemos los datos o las investigaciones acerca de lo que está pasando.
Parece que desde los centros de decisión nadie se inmuta. Es probable que el crimen y el homicidio, el maltrato y la exclusión de las mujeres, reporten cifras y circunstancias tan terribles como si viviéramos la guerra.
*Sara Lovera, periodista y feminista mexicana
05/SL/YT
