Luego de que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) reveló que Felipe Calderón carecía de pruebas y elementos para dictaminar como natural la muerte de la señora nahua Ernestina Ascencio Rosario, organizaciones civiles de Veracruz exigen la reapertura del caso a nivel internacional, mientras el gobierno federalargumenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de que ésta emita un pronunciamiento al respecto.
La afirmación del comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero, sobre la falta de pruebas y elementos de Felipe Calderón Hinojosa para determinar que una gastritis fue la causa de muerte de la indígena de Soledad Atzompa dio un nuevo giro a este caso, que está siendo discutido en niveles internacionales, dijo Jairo Guarneros Sosa, representante de la sociedad civil en la región de Orizaba.
Las aseveraciones del funcionario del IFAI obligan a la Presidencia de la República a dar una explicación amplia del caso, en vista de que emitió un fallo cuando no había elementos probatorios de lo expuesto por Felipe Calderón, lo que reafirma el hecho de que la indígena sí sufrió una agresión que la llevó a la muerte.
En este sentido, Guadalupe Rebolledo, secretaria de Enlace de la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (Rocver), mencionó que existe una grave preocupación por el mensaje que emite el representante del Poder Ejecutivo en torno a los casos de mujeres agraviadas por miembros del Ejército, como los de doña Ernestina Ascencio, en Zongolica; las mujeres de Michoacán y las de Castaños, en Coahuila.
Tal pareciera que Felipe Calderón envía un mensaje a toda la tropa armada otorgando manos libres para actuar sin que puedan recibir algún tipo de castigo por sus hechos negativos, explicó vía telefónica la representante de Rocver.
Añadió que esta postura deja en gran vulnerabilidad a la sociedad civil, mientras que los agresores gozan de una total protección e impunidad. Por ello, las organizaciones civiles de Veracruz y de todo el país piden la reapertura del caso de Ernestina Ascencio y los de otras mujeres agraviadas por miembros de las fuerzas armadas.
Indicó que conjuntamente con el Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que retome el caso, sin embargo al estar la familia cooptada por el gobierno de Veracruz, la reapertura del caso se dificulta.
Aunque remarcó que por su trascendencia y la violación a la autonomía de un pueblo, el asunto debe atenderse a través de instancias internacionales y no a voluntad de una familia, considerando que los soldados violaron todas las leyes establecidas que debieran garantizar la paz, el orden y la democracia mexicana.
Por su parte, el presidente del Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos, Christopher Alexis Servín Rodríguez, explicó a Cimacnoticias que mantiene comunicación periódica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo al cual fue canalizado el caso de la violación y muerte de Ernestina Ascencio presuntamente a manos de elementos del Ejército Mexicano, y al que se solicitó la reapertura del caso que repercutió no sólo en el seno de una familia sino en todo el país, por la violación a las garantías de un pueblo.
Informó que, en su defensa, el Gobierno mexicano también proporciona elementos que sustenten el dicho de que Ernestina Ascencio murió por causas naturales.
La CIDH analizará las dos propuestas y emitirá un pronunciamiento posiblemente este mismo año, «no se sabe en qué momento se emitirá un fallo, pero se envían informaciones sobre todas las irregularidades que se siguen presentando en la región de Zongolica», apuntó el presidente del Observatorio Veracruzano de Derechos Humanos.
Servín Rodríguez aseguró que la CIDH recibe informes sobre las condiciones de vida de las y los pobladores de la sierra de Zongolica, sus carencias, violencia generalizada, falta de servicios, así como la situación que guarda con respecto al cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
07/LC/GG
