La clínica del cáncer de la corrupción

Más de 26 meses han transcurrido y no se ha concluido la obra “construcción y equipamiento de la unidad de prevención del cáncer de la mujer en el Hospital General Dr. Juventino Rodríguez García”, en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y que además beneficiará a mujeres de los municipios de Coyuca de Benítez, Tecpan de Galeana y Benito Juárez. Estaba prevista para entregarse en octubre de 2014.
 
Por ello, el título “la clínica del cáncer de la corrupción” fue  acuñado como una de las principales denuncias que organizaciones realizamos durante la manifestación del pasado 8 de marzo, debido a las anomalías, retrasos, incumplimiento de acuerdos, sobreejercicios de recursos, y falta de transparencia y rendición de cuentas.
 
De acuerdo con el convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud estatal (Ss) y el ayuntamiento de Atoyac, el presupuesto total de la obra fue de 9 millones 80 mil pesos, de los cuales 5 millones de pesos (mdp) aportaría el ayuntamiento para la ejecución de la obra física y 4 millones 80 mil la Ss para su equipamiento, y también sería responsable de cubrir los salarios del personal requerido para su funcionamiento.
 
En diciembre de 2015, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, región Costa Grande, señaló que el gasto anual aproximado por pago de personal médico y administrativo es de un mdp, personal que hoy sigue subutilizado.
 
Aunado a ello, las autoridades de salud y organizaciones sociales han señalado que la garantía del mastógrafo –con una inversión millonaria– ha caducado, ya que al no concluirse la obra no puede instalarse.
 
Entre las razones referidas por las autoridades, los trabajos de la obra se detuvieron en octubre de 2014 por “falta de suficiencia presupuestal” (que coincidió con el inicio del proceso electoral en Guerrero), y en enero de 2015 se reiniciaron los trabajos.
 
El ex presidente municipal Ediberto Tabarez anunció al menos tres fechas de inauguración de la obra: marzo, junio y septiembre.
 
Las organizaciones que han venido monitoreando la obra son Comunidad Raíz Zubia, Organización Campesina de la Sierra del Sur, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, Frente de Defensa Popular, la Coalición de Ejidos de la Costa Grande, y el Consejo Regional de Desarrollo Sustentable de la Costa Grande, que también han realizado visitas a las instalaciones y denuncias públicas para incidir en su conclusión y funcionamiento.
 
El Colectivo de Mujeres Campesinas (Comucam), Madres Solteras por el Avance Social, el Frente Ciudadano Atoyaquense, Red de Mujeres Surianas, Por México Hoy, y la Sociedad Cooperativa Sierra de Guerrero, son organizaciones que también se han sumado a la exigencia.
 
Asimismo, Susana Oviedo, a través de Comunidad Raíz Zubia –y en acuerdo con las organizaciones de Atoyac– solicitó la intervención de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer de la Secretaría de la Mujer estatal, por los retrasos de la obra y violaciones de Derechos Humanos de las mujeres.
 
En ese sentido y en el marco del 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, las organizaciones que hemos venido participando en el monitoreo nos dimos cita en las instalaciones de la clínica para verificar los avances, y constatamos que el pasado 5 de junio no fue concluida la obra –fecha que le indicó el presidente municipal a la procuradora de la Mujer–.
 
Durante el recorrido por la clínica, el técnico responsable de la empresa Orcamex, Francisco Quevedo, informó que faltaba la instalación de un transformador adecuado para el uso de los aparatos, por lo que no se han instalado las lámparas, aires acondicionados, equipo, ni tampoco las puertas, baños, cancelería de aluminio, cristalería y el piso laminado donde se colocará el mastógrafo.
 
También señaló que la empresa de seguridad radiológica es Baritrón S.A. de C.V. y que el concreto baritado se colocó en las paredes, e indicó que no era necesario que se colocara en el techo porque las radiaciones no afectarían a la población.
 
Sin embargo, la Norma Oficial Mexicana (NOM)-156-SSA1-1996 Salud Ambiental. Requisitos Técnicos para las Instalaciones en Establecimientos de Diagnóstico Médico con Rayos X señala que “en las instalaciones fijas o móviles, la delimitación de la zona controlada debe efectuarse mediante elementos estructurales o de construcción tales como pisos, paredes y techo”.
 
Las anomalías y corrupción persisten en esta obra –que fue una gestión conjunta que inició en 2012 entre organizaciones,  regidoras del ayuntamiento y la jurisdicción sanitaria–, y es muestra de la falta de cumplimiento de las obligaciones de servidores públicos, ello a pesar de que existen mecanismos de control y vigilancia, pero no funcionan.
 
Cabe mencionar que este caso fue dado a conocer durante la pasada visita (no oficial) del relator de DH de la ONU y en una reunión ordinaria del Observatorio de Mortalidad Materna en México, en la que se denunciaron violaciones al derecho a la salud, al derecho a saber, al derecho a la rendición de cuentas, y el derecho a una vida digna.
 
Hemos observado que en este entramado son muchas las instituciones de gobierno que violentan las leyes y reglamentos de obra, así como leyes orgánicas y de salud en la entidad, ya que de manera directa o indirecta son responsables de la supervisión de la obra y garantía del acceso a los servicios públicos de salud.
 
Hoy día, sabemos que la morbi-mortalidad por cáncer es prevenible. Por ello, las organizaciones seguimos exigiendo la conclusión y funcionamiento de la clínica, en cumplimiento con las normas vigentes; la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que se invirtieron, así como de los 10 mdp asignados este año  para el mantenimiento del hospital; y que se sancione a los funcionarios corruptos.
 
Además, que la clínica pueda brindar atención y seguimiento al tratamiento del cáncer, ya que las mujeres tienen que trasladarse a Acapulco y ello genera gastos que para algunas familias es imposible cubrirlos, y representa uno de los motivos por los cuales truncan su tratamiento.
 
Del mismo modo, consideramos necesario el impulso de procesos y mecanismos de control social ciudadano que puedan llevar a la construcción del poder popular en salud a través de la participación proactiva de las comunidades, donde la sociedad –y grupos tradicionalmente excluidos– puedan influir en la toma de decisiones públicas, e impulsar procesos autónomos desde la salud comunitaria, enfatizando en la prevención, formación de personas promotoras, difusión de sus saberes populares, redes solidarias de atención, y la exigibilidad de políticas públicas que impacten de forma positiva no sólo para incrementar la supervivencia de las mujeres, sino su calidad de vida.
 
*Activista, feminista descolonial e investigadora de Comunidad Raíz Zubia, asociación civil que promueve el derecho a saber y la participación comunitaria para el ejercicio de los Derechos Humanos, como el derecho a la salud de las mujeres en Guerrero.
 
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