Mari es una mujer joven de apenas treinta años, de Rumania que, por avatares de la vida y que sólo a ella le conciernen, ha recalado en Ontinyent y que trabaja como camarera en un restaurante.
Está casada con un compatriota suyo y no tienen hijos. Está a la espera de recibir sus papeles en orden y su mayor ilusión es abrir una tienda de ropa para criaturas.
Esta semana me la encontré y estaba un poco taciturna. Cuando le pregunté qué le pasaba, me contestó que había discutido fuertemente con su marido por la aprobación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y hombres puesto que este último consideraba que España «las mujeres ya teníamos demasiados derechos». Y ella estaba que se subía por las paredes.
Él montó en cólera por la aprobación de esta Ley que equipara derechos e iguala a las personas. Incluso beneficia a los hombres en su condición de padres al ampliar el permiso por nacimiento de una criatura hasta los 13 días, entre otras cosas.
Pero aún así, para el marido de Mari, en España «las mujeres tenemos demasiados derechos» y por eso discute con su mujer.
Creo que este es un buen ejemplo que ilustra la posición de aquellos que no quieren que se aplique la máxima universal de la igualdad. Les viene muy bien que siga estando como máxima constitucional, recogida en varios artículos, pero que con eso sea suficiente y que ellos, en parte ofendidos sean capaces de contestarnos «pero si ya somos iguales, lo dice la Constitución…».
No, señores, el tiempo y la dura realidad del día a día, nos muestran que eso no era suficiente y que ha tenido que legislarse y establecer medidas concretas para que se pueda avanzar hacia la igualdad real.
Y con todo esto, ya se han encargado aquellos a los que últimamente se les llena la boca de hablar de igualdad de trato para las víctimas del terrorismo, en abstenerse ante una Ley Orgánica que marca un antes y un después en las aspiraciones de muchas mujeres.
Una Ley que ha sido negociada con muchas organizaciones sociales y de mujeres. Una Ley que no hubiera sido necesaria si ellos, también cuando gobernaron, hubieran impulsado medidas efectivas para que esa igualdad formal que consagra la Constitución se hubiera ido transformando en igualdad real. Pero no lo hicieron.
Prefirieron embarcarnos en una guerra estúpida y sin motivos. Prefirieron hacerse la foto en las Azores, antes que hacérsela junto a las organizaciones de mujeres que, ya entonces, les demandaban una ley integral contra la violencia de género que no hicieron.
Y ahora se abstienen y dan argumentos a todos aquellos que, como el marido de Mari, creen que las mujeres tenemos demasiados derechos en España.
¿Y qué significa tener demasiados derechos? ¿Exigir que se nos trate dignamente, en igualdad de condiciones y que no se nos pegue? ¿Que nuestra presencia como mujeres esté garantizada en los consejos de administración de las grandes empresas? ¿Negociar en las empresas más grandes que medianas unos planes de igualdad en donde se regulen temas como el acceso al empleo de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, en donde no se discrimine por ser mujer, en donde se cobre de verdad lo mismo que los hombres, en donde se persiga y se castigue el acoso sexual en el ámbito laboral y que afecta a nuestra dignidad como mujeres?
Todo esto son derechos reconocidos para los varones, ¿porqué no han de serlo para las mujeres? O, ¿acaso quién se abstiene y da argumentos a esa parte de hombres (afortunadamente no son todos iguales) lo que está buscando es perpetuar esos privilegios que la historia y la cultura les han estado brindando a lo largo de los años?
En el fondo –y también en la superficie- esa es la gran contradicción de Mari con respecto a su marido y el desprecio que este siente por los derechos que, afortunadamente, las mujeres en España vamos consiguiendo.
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* Periodista feminista en Ontinyent, Valencia, España.
07/TM/GG
