Las mujeres hicieron un gran esfuerzo como constructoras de la paz en los países centroamericanos que vivieron conflictos armados, pero su intervención no se tradujo en una mejora sustancial de sus condiciones de vida, reconoció Miriam Morales Sanhueza, coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
«El trabajo de las mujeres, organizadas o no, o como parte de la fuerza de trabajo actual de esos países ha sido muy meritorio, pero son países en los que las políticas neoliberales han pegado muy fuerte y han victimizado a más mujeres. Es sabido que hay una proporción directa: a más política liberal, más mujeres ingresan a la pobreza, más mujeres se quedan solas», dijo en entrevista con Cimacnoticias.
Consideró que las mujeres de países como Guatemala, El Salvador o Nicaragua son admirables, pues se recuperaron de los efectos de la guerra en menor tiempo que otros grupos o sectores de la sociedad, y ganaron en autonomía, aunque no alcanzaron, en términos generales, una mejora social importante porque al pactarse la paz no se establecieron políticas de género.
«Lo que ocurrió fue que, durante los procesos de búsqueda de la paz, las mujeres no fueron consideradas un sector social. Entonces, se plantearon leyes que tendían a la búsqueda de un Estado de derecho, pero no hubo un énfasis particular en la situación de las mujeres. Las que participaron en esos procesos se definían más como combatientes, militantes de uno u otro bando, que como representantes de una posición feminista», destacó la funcionaria.
En el caso de las mujeres que permanecieron en México al terminar los conflictos armados, concretamente las guatemaltecas, su situación fue diferente, pues el hecho de ser refugiadas las llevó a empoderarse y tomar control de sus vidas y las de sus familias.
En los campos de refugiados establecidos en Chiapas y Campeche muchos de los líderes que comenzaron a organizar la ayuda y la convivencia en esos espacios fueron mujeres, que aprendieron a hacerse escuchar y a tomar decisiones.
Con ellas, y con sus familias, que suman una población de 26 mil personas, la Comar, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las organizaciones civiles aplicaron políticas de género que fueron bien recibidas y, de hecho, impulsadas por los propios refugiados, que ahora son ciudadanos mexicanos por naturalización, explicó.
Por ejemplo, en las asignaciones de tierra que se hicieron para este grupo, se estableció que la propiedad era tanto para la mujer como para el hombre al 50 por ciento, ya sea que estuvieran casados por matrimonios legales o de hecho.
El grado de aceptación de estas políticas fue muy amplio, aseguró, y existen muchos ejemplos de éxito en cuanto a la participación femenina en la conducción de pequeñas empresas e, incluso, de cooperativas en las que se integraron para producir y vender sus productos.
Es el caso, citó, de la sociedad mercantil La Primavera, en Campeche, donde las mujeres se forman como directoras, como productoras y como exportadoras. «La sociedad trabaja dos cosechas al año y han hecho cosas admirables».
Para la funcionaria, los procesos de guerra por los que atravesaron estas mujeres les ha permitido dar un salto gigante hacia la posibilidad de entender su propio lugar en la sociedad y sacar de esa experiencia el mayor provecho.
«Dicen que las grandes revoluciones del siglo XX son las de las mujeres, y el caso de las guatemaltecas es un claro ejemplo de ello», consideró.
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