La corrupción alcanzó a generales contrainsurgentes

El desarrollo de las audiencias judiciales que se siguen contra Otto Pérez y Roxana Baldetti, ex binomio presidencial guatemalteco, por los delitos de lavado de dinero, asociación y enriquecimiento ilícitos, está demostrando hasta qué punto se concretó la alianza entre jefes militares contrainsurgentes con funcionarios, abogados y empresarios corruptos.
 
En este proceso están inculpadas 56 personas, entre ellas siete mujeres, y permite observar cómo algunos de los presuntos delincuentes recurren a las prácticas religiosas para exculparse de los señalamientos judiciales, o bien asumen actitudes cínicas o de víctima para respaldar su inocencia, y así disimular su preocupación por estar privados de la libertad después de haber tenido tanto dinero y poder que les permitió cooptar al Estado para imponer sus intereses y acumular riquezas.
 
Es verdad que se conocía la existencia de relaciones entre la cúpula militar y funcionarios con altos cargos con empresarios, incluyendo dueños de medios de comunicación comerciales, pero las imputaciones contra los sindicados en el caso “cooptación del Estado de Guatemala” alcanza niveles inesperados no sólo por los montos que representa el saqueo cometido sino por el despilfarro que hicieron –principalmente quienes gobernaron Guatemala entre 2012 y 2015–, para hacerse de manera ilegal de todo tipo de medios de transporte, casas y fincas, joyas y un largo etcétera.
 
Los datos revelados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad han derribado el mito de la rectitud y honorabilidad, que dijeron tener y muchas personas lo creyeron, los altos jefes militares que defendían la mano dura para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Nadie puede ahora afirmar que contar con medallas y rangos castrenses es una garantía de honradez.
 
Otro cuento que se va por los suelos es aquel discurso de algunos generales del Ejército que pelearon contra la guerrilla, quienes dijeron salvar del comunismo al país, porque su disposición de guerrear fue para construir una estructura que les permitiera concretar el fraude electoral para llegar a gobernar Guatemala a toda costa.
 
Así, su dizque disposición a dar la vida más bien se enfocó a construir una red criminal que administró una serie de empresas ficticias para mover el dinero producto de transacciones ilícitas y darle una apariencia de legalidad. Sin el contubernio entre abogados, políticos y empresarios esto hubiera sido imposible.
 
Otro relato que cae de manera estrepitosa son las filiaciones religiosas que también han buscado otorgar un supuesto manto de honradez e integridad. Entre los inculpados que dicen servir a Dios y no temer a nada por ser hijos del supremo, sus invocaciones poco les pueden servir como pruebas de descargo, tampoco sus caras compungidas ni sus plegarias pueden ser atenuantes por los delitos como “lavadores,  financistas y contratistas”.
 
Al conocer detalles de este caso no puedo dejar de pensar qué pasaría en México si al PRI se le investigara y se hiciera una persecución criminal a fondo por los fraudes electorales cometidos cooptando al Estado.
 
*Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
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