De los mil 200 millones de personas que no tienen acceso al agua potable en el mundo, más de la mitad son mujeres y niñas, además de que una mujer de Nairobi paga seis veces más por un litro de agua que una estadounidense.
Según especialistas, estas carencias se irán agudizando en la medida que los servicios básicos se sigan privatizando y encarezcan su valor, publicó hoy el portal chileno Mujeres Hoy.
Las mujeres asiáticas y africanas recorren una distancia promedio de seis horas para recolectar agua y el peso que cargan en sus cabezas equivale al equipaje permitido por las líneas aéreas, es decir, 20 kilos, mientras que mil niños y niñas mueren cada día de enfermedades asociadas a la falta de acceso de agua potable.
Así lo asegura un estudio de la Women’s Human Rights titulado «Las Mujeres y la Privatización del Agua», donde se asegura que gran parte de estas carencias provienen de la enajenación de este recurso por parte de las transnacionales, lo que acarrea un encarecimiento de su valor y su consiguiente inaccesibilidad para las personas con menores recursos, es decir las mujeres y niños y niñas.
En el estudio de Women’s Human Rights se asegura que estas carencias de han acentuado en los países en que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han impuesto la privatización del agua como condición para otorgar préstamos.
En la actualidad muchos pueblos están luchando para que el agua, como derecho básico, sea excluida de las negociaciones de la OMC, el ALCA y los TLC.
Así ocurrió en Cancún el pasado septiembre del 2003 durante la Reunión Ministerial de la OMC, así sucederá también del 16 al 21 de enero próximos en Bombay, India, durante el Foro Social Mundial, que en su tercera edición migra de Porto Alegre, Brasil, a la ciudad india.
La investigadora colombiana Mariela Adela Rivera-Santander ilustra las consecuencias de la privatización del recurso en las mujeres: «En Cochabamba, Bolivia, su privatización ha provocado un aumento indiscriminado del precio hasta del 200 por ciento, en tanto en Guinea ha sido del 500 por ciento en cinco años, con un grave impacto en la vida de las mujeres, niñas y niños».
Rivera-Santander asegura que las mujeres jefas de familia en Colombia y Filipinas, cuando les cortan el servicio de agua por falta de pago, vuelven a utilizar el agua contaminada, lo que las expone a sufrir graves enfermedades y a dedicar horas al acarreo.
Ante las urgencias desatadas por el encarecimiento y la escasez del vital elemento, el Comité del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales –acuerdo adoptado por los países miembros de la ONU en 1966- reconoció en noviembre de 2002 de forma explícita al agua como un derecho humano fundamental.
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