En los últimos meses no dejamos de escuchar hablar de la crisis económica por todas partes. Nos inundan con noticias sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) en grandes empresas. También nos haban de los concursos voluntarios de acreedores en algunas empresas. E incluso algunas de ellas se atreven a hablar de «nuevas formas o maneras de conciliar la vida laboral o personal en tiempos de crisis».
Lo que casi nadie está diciendo (al menos claramente) es que la población más vulnerable a esta crisis va a ser las mujeres y la población trabajadora inmigrante.
Si tenemos en cuenta que la bonanza económica de los últimos años ha venido de la mano de dos sectores productivos, como lo son el inmobiliario y los servicios, entenderemos los motivos de la vulnerabilidad de estos dos grandes colectivos.
En el sector inmobiliario se han ocupado (o subcontratado, que todo hay que decirlo) a centenares de miles de hombres, en su mayoría inmigrantes. Y en la hostelería la mayoría de los empleos también los ocupan hombres inmigrantes y mujeres.
De todo el mundo es sabido que el sector inmobiliario está estancado y que los desorbitados precios de las viviendas están bajando. Además se está dejando de construir porque no hay financiación. Esto afecta de manera directa a la destrucción de empleo en uno de los principales colectivos vulnerables: el de los hombres inmigrantes.
Pero además y también como consecuencia de la crisis, después del verano se han dejado contratar algunos servicios como lo del servicio doméstico que está desempeñado mayoritariamente por mujeres.
Además los pocos empleos que en este sector aparecen están siendo de peor calidad que lo eran antes del verano y nos encontramos con que el mismo trabajo que en las casas se realizaba en cuatro horas, ahora se tiene que realizar en dos o tres. Así las mujeres que lo realizaban lo tienen que aceptar o quedarse con nada.
Además está aumentando el empleo a tiempo parcial que es el que tradicionalmente han ocupado las mujeres con la excusa de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con lo cual el índice de pobreza femenina también va aumentar considerablemente en los próximos años dado que las cotizaciones por desempleo van ligadas al tiempo de trabajo.
La tasa de ocupación femenina que tradicionalmente ha sido inferior a la de los hombres y con empleos, en general, peor retribuidos que los masculinos, ha dado paso a unas pensiones de jubilación paupérrimas para aquellas de nosotras que nos hayamos dejado la piel trabajando fuera de casa y además con el añadido de los lastres sociales de haber «abandonado» nuestras responsabilidades familiares de cuidado y atención.
La aprobación en su día de la Ley de Dependencia se consideró por algunos sectores como una ventaja de cara a la retribución que iban a percibir las cuidadoras informales de esas personas dependientes, que en su mayoría son mujeres.
Pero el retraso de la puesta en marcha de esta ley en algunas comunidades autónomas tiene el efecto de no haber regularizado la situación de estas cuidadoras informales que, además, deben continuar haciendo su trabajo a pesar de que cada año van siendo más mayores ellas también.
Las mujeres en general, pero las inmigrantes en particular, van a ser las que peor paradas salgan de esta crisis.
De nuevo la pobreza surgida de esta situación va a cebarse en quien menos tienen y va a tomar rostro de mujer.
* Teresa Mollá Castells. Periodista y feminista en Ontinyent, Valencia, España.
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08/TM/GG
