De los 1,300 millones de personas que viven en la pobreza, más de 70% son mujeres. Dos tercios de la población analfabeta del mundo están constituidos por mujeres. La violencia patrimonial mantiene a las mujeres sin recursos. Cuando alimento y techo de una mujer dependen de la voluntad de su esposo, los golpes a veces son el precio de la supervivencia.
«Yo pensaba que no era un hombre violento, hasta que mi esposa se escapó, perdón, buscó refugio. Yo pensé que teníamos una buena relación familiar.
«Siempre le grité, la insultaba un poco, nada fuera de lo normal. Siempre le decía que era una tonta, cada vez que ella quería hablar conmigo sobre nuestra relación le decía que me tenía harto con sus tarugadas sentimentales de viejas, hasta que un mal día se fue con los niños y después de ir a amenazar a las señoras que la guardaron en el refugio, caí con el grupo de hombres del DIF.
«Yo fui, la mera verdad, para que me devolvieran a mi mujer; pero luego descubrí que ella no era mi propiedad, que nadie se la llevó, que ella huía de mí porque me tenía miedo, vi su fotografía de la boda y luego otra reciente y pensé: está muy deprimida.
«Luego entendí que desde el principio de la relación la traté de manera violenta, igual que mi padre trataba a mi madre y mis hermanas… como si fuera uno su dueño».
Este es uno de los múltiples testimonios que durante tres días escuchamos en el Congreso Internacional de Capacitación para Profesionales en el Trabajo de Refugios y Atención a Mujeres y Menores en Situación de Violencia Familiar y Sexual, que se llevó a cabo en Monterrey Nuevo León, del 6 al 8 de noviembre.
Este evento internacional marcó un hito en el trabajo de atención a víctimas de violencia en nuestro país. Fue organizado por Alternativas Pacíficas, uno de los nueve albergues de la sociedad civil organizada que trabajan con una visión de futuro y con estrategias de empoderamiento y educación para la paz; Alternativas, dirigida por Alicia Leal Puerta, es tal vez el refugio de mayor importancia en el país, que durante seis años ha demostrado que la atención a la violencia familiar y de género es asunto de políticas de Estado; incluidas salud, seguridad pública y legislativa.
A diferencia con aquellos que atienden a personas o infantes con estrategias asistenciales o caritativas, negociando la dignidad de las mujeres, o arrebatando a las y los menores de las familias sin trabajar con el conjunto familiar, el refugio neoleonés propone nuevas estrategias globales para enfrentar la violencia estructural. La convención fue un éxito, a ella asistieron magistrados, juezas, la CNDH y especialistas en refugios de Texas y California.
Una de las conclusiones trascendentales para la atención de la violencia en el país es la creación de una norma oficial para los refugios; tal y como se maneja en Estados Unidos y Canadá, de manera que los tres poderes del Estado, gobiernos estatales y municipios solamente asignen recursos etiquetados para aquellos centros de atención o refugios que trabajen con perspectiva de género, para resolver un problema de justicia y salud pública, no para menguarlo, como en general se hace en la mayoría de los DIF del país.
El juez cuarto de lo penal Ángel Mario García solicitó a las especialistas que las y los magistrados reciban talleres de perspectiva de género con la finalidad de seguir dialogando bajo los mismos términos y lograr avances reales en el trabajo contra la violencia hacia las mujeres y menores. Miguel Villegas, el coordinador del Grupo para Hombres del DIF de Nuevo León, dio un ejemplo de trabajo terapéutico real con hombres que violentan a sus parejas.
Esa fue una muestra de que los nuevos modelos con perspectiva de género atienden el problema de raíz, evidenciando la inequidad entre hombres y mujeres como un factor de poder en el que la violencia es uno de los mecanismos de control en la pareja, mecanismo, como él asegura, fortalecidos por la educación, la cultura, las leyes y la política hechas por políticos varones.
Solamente en Texas existen 40 refugios para mujeres que viven violencia, en México están registrados nueve. El doctor Alejando González, juez de Michoacán, llevó a cabo un análisis de cómo funciona la violencia estructural y cuestionó el paradigma jurídico de nuestro país. Cecilia Loría, del Indesol, habló sobre la inminente necesidad de crear políticas públicas con perspectiva de género, haciendo especial énfasis en la visibilización de la violencia hacia las mujeres como un problema de desarrollo social.
En suma, la conferencia de Monterrey, que reunió a casi 400 personas, sentó el precedente de una exigencia social impostergable para México: la violencia no puede seguir siendo tratada de manera asistencial; la cultura, las costumbres y la actividad inercial han creado modelos ineficientes. El miedo del DIF nacional a «romper» el modelo de familia tradicional fortalece un discurso público que violenta más a las mujeres, les pide que denuncien y cuando lo hacen les impone la negociación de su libertad con los esposos; ellos se fortalecen cada vez que un ministerio público les llama cuando la mujer lo denuncia.
Si después de un asalto a mano armada el agente del ministerio público llamara al delincuente para decirle: «mira, aquí el señor dice que lo asaltaste, ¿es cierto?, ¿por qué no van a ese cuartito y negocian para que te perdone el delito?», cualquiera pensaría que algo falla en la impartición de justicia. Ahora, en Nuevo León se marcó específicamente en qué y de dónde falla el sistema de justicia y se propuso cómo resolver a corto, mediano y largo plazos el problema de la violencia hacia mujeres y menores. Fue una cumbre en Monterrey que sí abrió la puerta de la esperanza por un país no violento.
* Columnista de Quintana Roo y directora de la revista Esta Boca es mía. Correo electrónico: [email protected].
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