La discriminación y la desigualdad de género son producto de una construcción social y, por lo tanto, pueden modificarse con decisión y voluntad política, aseguró Isabel Torres García, oficial del Programa Derechos Humanos de la Mujer del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
Al participar en la presentación de la experiencia La institucionalización de la perspectiva de equidad y género en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sostuvo que si bien los derechos de las mujeres están plasmados ya en leyes e instrumentos internacionales «hay una brecha enorme entre lo que establece la norma y lo que ocurre en la práctica y en la realidad social».
En su conferencia La importancia de integrar la perspectiva de género en las instituciones que trabajan en derechos humanos, destacó que analizando la evolución y desarrollo histórico de los derechos humanos, se puede constatar que éstos nacieron con una vocación universal, en realidad nacen en clave masculina, con el hombre como centro, paradigma y protagonista único.
«Lo que pasó con los derechos de las mujeres fue que fueron pensados como un elemento particular del universal masculino, no como la otra parte y bajo una concepción de las mujeres como minoría, lo que hizo que durante muchísimo tiempo las mujeres no hayan sido sujetas de derechos», explicó.
Esa construcción en clave masculina, agregó, provocó una exclusión de los derechos, necesidades, e intereses de las mujeres que fue concebida como algo natural, «no se vio como una conducta desigual y discriminatoria, sino como parte de las conductas privadas de las personas, como un hecho casi biológico que la mujer, por el hecho de ser mujer, nacía con menos derechos», señaló.
De esa forma fue que la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres se establecieron en la práctica social, pero no es algo natural, es un fenómeno referido a patrones y valores culturales que establecen relaciones de poder a partir de asignar valores distintos a las personas, sostuvo Torres García.
Sin embargo, aclaró, por tratarse de una construcción social, esa desigualdad puede transformarse a partir de la incorporación de la perspectiva de género en los programas y las políticas públicas, así como en las instituciones.
La perspectiva de género, dijo, es una herramienta para cambiar las relaciones sociales y democratizarlas, y tiene un gran valor político «porque evidencia que los moldes y los estereotipos en los cuales se basan la desigualdad y la discriminación no son inherentes al sexo de las personas, sino una construcción social que, en ese sentido, es susceptible de transformarse», afirmó.
La incorporación de la perspectiva de género, sin embargo, requiere de decisión y voluntad política, y es más una decisión que una voluntad política, «involucra a todas las personas y provoca cambios a nivel de la estructura organizacional», puntualizó.
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