Más allá de la lógica del discurso tradicional sobre prostitución, tráfico y migración que estigmatiza a las mujeres como víctimas, están las estructuras de explotación sexista, clasista y racista que existen en las fábricas, los trabajos domésticos, el comercio sexual y la reproducción de mano de obra.
Aunque las razones económicas pesan mucho a la hora de migrar, muchas mujeres lo hacen huyendo de sus roles tradicionales, en busca de un proyecto de vida y libertad que no encontraron en sus países natales. Hay mucha migración hacia los países industrialmente desarrollados industrialmente por la demanda de mujeres para ser empleadas como mano de obra barata, para el matrimonio o para trabajos relacionados con la limpieza, la costura y la elaboración de alimentos.
Es lógico que, bajo situaciones de desigualdad y discriminación estructural, las mujeres se vean obligadas a buscar nuevas estrategias de supervivencia para sí mismas y sus familias. Pero la migración laboral de mujeres en el ámbito internacional no es sólo un factor de la economía mundial controlada por los países industrializados: hay elementos sociales y subjetivos que casi nunca se toman en cuenta porque se generaliza una problemática tan compleja como la industria del sexo.
Las investigaciones demuestran que, si bien la mayoría de personas víctimas del comercio sexual son mujeres, cada vez hay más hombres, trasgéneros, niñas y niños. Asimismo, el debate sobre la prostitución no debe centrarse en si es un trabajo voluntario o forzado, o si es o no trabajo, sino en el hecho de que la prostitución constituye una relación de poder sobre el cuerpo de las mujeres y atenta contra su integridad sexual y sus derechos humanos.
Hay quienes se preguntan si la prostitución es una opción para ganarse la vida voluntariamente cuando las alternativas de trabajo están determinadas por los estereotipos de género y las demandas del mercado. Más allá de los debates a favor o en contra de su reglamentación o abolición, muchas mujeres perciben que esta actividad les ofrece ciertos beneficios, como la flexibilidad de tiempo, pero el carácter clandestino del oficio obstaculiza la protección social.
Así, dado que la industria no es legal, las personas que ejercen la prostitución carecen de servicios, como la protección policial, incluso si son violadas, robadas o coaccionadas por clientes, aunque parece que es la misma policía quien más abusa de ellas, además de que están a merced del dueño del negocio.
La legislación refleja el manejo dualista de este tema que, por estar ligado a la sexualidad y al cuerpo de las mujeres, genera debates inacabados. Los protocolos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del año 2000, y el Protocolo para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, mencionan explícitamente la prostitución y la explotación sexual, pero no la migración. El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire aborda el contrabando de personas; no menciona explícitamente a las mujeres pero sí habla de la migración.
En estos protocolos se ve cómo el concepto de la mujer victimizada justifica la separación artificial de una misma problemática: cómo el cierre de las fronteras y el endurecimiento de las leyes migratorias conduce a los abusos denominados «trata de personas y explotación sexual». También se observa cómo ese discurso de víctimas inocentes tampoco ayuda dar una adecuada dimensión a la gravedad del problema.
Debido a la naturaleza ilícita de estas actividades se hace casi imposible obtener estadísticas reales y completas. Sin embargo, se sabe que casi 50 por ciento de los 175 millones de migrantes en el mundo son mujeres.
En algunas regiones, este porcentaje es incluso superior. La Organización de las Naciones Unidas estima que todos los años son introducidas clandestinamente entre 300 mil y 600 mil mujeres en la Unión Europea y en algunos países de Europa central; el problema también está muy generalizado en África y América Latina. Las ganancias del comercio sexual, según datos de la Organización Internacional de Migraciones, oscila entre 5 y 12 millones de dólares en el mundo.
Expuestas a graves peligros de salud, sobre todo en la realización de trabajos pesados o insalubres, las mujeres carecen de información y poder para bregar con las infecciones trasmisibles sexualmente, especialmente el VIH/Sida.
En cuanto al trabajo infantil, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que existen en el mundo cerca de 250 millones de niñas y niños, de entre 5 y 14 años, explotados en trabajos peligrosos: agricultura, minas, canteras, fábricas de ladrillos, de cerillos y fuegos artificiales, tejido de alfombras, servicio doméstico, prostitución y pornografía. Además, se ven involucrados en los conflictos armados. La OIT reconoce que las niñas son empleadas en las peores formas y condiciones de trabajo.
Es importante que el abuso físico y sexual de las mujeres migrantes, durante su traslado o en los lugares de detención, sea considerado como una forma específica de violencia en su contra, de conformidad con la Recomendación general No. 19, párrafo 6, del Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres.
Las trabajadoras migrantes deben gozar de los mismos derechos y beneficios que las trabajadoras nacionales; asimismo, los gobiernos deberían acatar las obligaciones provenientes de la legislación internacional para crear los mecanismos necesarios que prevengan las violaciones de sus derechos humanos.
*Senadora del Partido Revolucionario Institucional
05/LS/YT
