Sorprende la eficiencia que se adjudica la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), cuando los resultados en torno al combate de los delitos relacionados con la inducción o compra del voto han sido magros.
Hay quienes sostienen y podríamos coincidir que las democracias se consolidan cuando disminuyen las denuncias y los resultados son positivos y los delincuentes electorales van a la cárcel, sin embargo el hecho de que disminuyan las denuncias no necesariamente se debe a tal fortaleza, más bien al desánimo ciudadano frente a los exiguos resultados.
Las denuncias por abusos de autoridad y corrupción -vía las estrategias publicitarias y el manejo del erario público-, con el claro propósito de inducir el voto e influir en el ánimo de la gente a favor del candidato del Partido en el gobierno, han tenido que llegar a la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Federal Electoral, mientras la FEPADE no acusa recibo hasta ahora cuando en realidad es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales que son del conocimiento público.
Preocupa entonces, que sean las autoridades como el IFE y la FEPADE los más lentos para actuar y detener la inducción del voto, como sucede en Sonora.
A ocho días de haber interpuesto la denuncia de hechos en contra de los actos de promoción del voto que promueve la FECANACO en Sonora en coordinación con el Consejo Electoral Estatal, en franca ilegalidad y desafiando a las disposiciones del IFE y del COFIPE, se pronuncian por intensificar y ampliar su campaña de promoción del voto a cambio de recompensas, de beneficios o gratificaciones.
Bajo el lema «Vota, cumplir tiene su recompensa», en evidente coincidencia con la campaña de promoción del PAN hacia los jóvenes que en vez de ofertar la propuesta política a cambio del voto les entregan una credencial de descuentos en sendos establecimientos comerciales, sin que la FEPADE actúe como se esperaría en una democracia consolidada.
La indolencia de las autoridades electorales resultan funcionales a la inducción y compra del voto, el malabarismo legaloide de la FEPADE y la impunidad se deben de combatir con la participación ciudadana denunciando todo acto que vulnere la voluntad popular, ojalá que las autoridades rectifiquen por el bien de la democracia que aspiramos alcanzar en el país.
* Leticia Burgos Ochoa, senadora mexicana
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