La organización internacional Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) aseguró que siempre exigirá que la Iglesia Católica que esté fuera de la política en tanto no asuma posiciones progresistas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La presidenta mundial de CDD, Frances Kissling, aclaró que esa organización al igual que otras agrupaciones civiles de derechos humanos, ambientalistas y contra la pobreza, aplaude que la Iglesia Católica rechace la injusticia. Queremos que la religión participe en políticas públicas siempre y cuando esté a favor de los derechos femeninos, precisó.
Durante la presentación la noche del martes del informe El Papel de la Religión en México, en la Casa Lamm de esta capital, la dirigente de CDD explicó que los gobiernos del mundo tienen la obligación de no planear y aplicar sus políticas públicas con base en la teología y las doctrinas religiosas más sectarias.
«El problema no es que las religiones se expresen sino que los gobiernos les presten más atención» a las voces más conservadoras de las iglesias, advirtió Frances Kissling.
El informe elaborado por el especialista Roberto Blancarte para CDD, Católicas por el Derecho a Decidir sección mexicana, y el Centro para el Estudio de la Salud, la Fe y la Etica de Park Ridge, Chicago, advierte de la posibilidad de que en la gestión del presidente Vicente Fox –más cercana a la Iglesia Católica– se atente contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En tanto, el investigador de El Colegio de México, Roberto Blancarte, reiteró su intención de interponer una demanda por anticonstitucionalidad en contra del próximo reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al considerar que atenta contra los principios del Estado laico.
«El reglamento va contra el espíritu de la ley. Si se publica tal y como viene en la versión preliminar será una acción semejante a desaparecer el Congreso», alertó.
Blancarte explicó que el nuevo reglamento permitirá a los funcionarios legitimarse políticamente a través de la religión. Ese código prevé otorgarles el permiso de acudir libremente a actos de culto público. «Es un atentado a la separación de lo público y lo privado», subrayó.
El especialista Rodolfo Casillas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y el maestro en Historia por la UNAM Rubén Ruiz, coincidieron en la importancia de que el Estado mexicano preserve el principio de laicidad como mecanismo para garantizar la libertad religiosa y la pluralidad de ideas.
2003/RM/MEL
