Inicio » La impunidad del fuero militar

La impunidad del fuero militar

Por Manuel Fuentes Muñiz*

A Valentina, indígena del pueblo Tlapaneco de Guerrero, de apenas 17 años se le acabaron los sueños un día de repente cuando fue agredida y violada sexualmente por dos miembros del Ejército Mexicano.

Eran casi las dos de la tarde del 16 de febrero de 2002 cuando Valentina lavaba su ropa junto a un arroyo, cuando aparecieron dos militares que traían amarrado a un campesino del lugar. Uno de ellos le preguntó a Valentina: ¿Dónde están los encapuchados?, ella respondió de inmediato que no los conocía.

Ante la negativa de Valentina, uno de los militares le dio un culatazo en el vientre y por el golpe cayó boca arriba, golpeó la cabeza y se desmayó. Al recobrar el sentido la siguieron interrogando. Al no obtener respuesta le empezaron a rasguñar la cara, le quitaron la falda, el fondo y la pantaleta y en el piso la violaron, mientras otros seis militares presenciaban el hecho cínicamente.

Valentina pudo pararse prácticamente desnuda corriendo rumbo a su casa, logrando pasar el cerco militar que la rodeaba y observaba burlonamente.

Valentina, con la rabia contenida por la agresión de los castrenses, acudió junto con su esposo a la clínica de Salud Pública de la comunidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, Guerrero, para ser atendida y denunciar los hechos; allí le dijeron que no la podían atender “porque no querían tener problemas con el Ejército”. Tuvo que ir a otra clínica para su atención sin recibir la presencia del Ministerio Público a pesar de su solicitud.

Tres semanas transcurrieron cuando el Ministerio Público de Ayutla le recibió la denuncia; fue un 8 de marzo de 2002 (¡qué manera de conmemorar el día de la mujer!), y fue hasta el 19 de marzo en que se le practicó el examen ginecológico, resultando negativo cualquier rastro de violación por el tiempo transcurrido; a pesar de ello se constató la existencia de los rasgos de violencia en su cuerpo.

El Ministerio Público, al enterarse de que los acusados eran militares, solicitó a la Procuraduría del estado de Guerrero definiera si el asunto era de su competencia; ésta decidió remitirla sin más trámite al Ministerio Público Militar y hasta la fecha no se sabe que alguno de los agresores haya sido castigado.

Casos como los de Valentina, agredida impunemente por miembros del Ejército Mexicano, y al menos otras mil 600 quejas reportadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 2007 y 2008, motivaron a siete organismos independientes de derechos humanos (los Centros Fray Bartolomé de las Casas, (Frayba), Fray Francisco de Vitoria, el Miguel Agustín Pro (Prodh), el de la Montaña Tlachinollan, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DH, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la Red Nacional de Organismos Civiles de DH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) a demandar al Gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La demanda pretende acabar con la impunidad que ha traído el “Fuero Militar” el cual impide que los militares sean juzgados por tribunales civiles por delitos cometidos contra cualquier ciudadano, a pesar de que el Artículo 13 constitucional señala:
“Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.

Este precepto no se respeta. Un viejo código de justicia militar expedido por Abelardo L. Rodríguez el 31 de agosto de 1933, derivado de una renuncia del Congreso de la Unión a legislar en la materia le concedió al Ejecutivo federal expedir “todas las leyes y reglamentos” que se relacionen con el Ejército y la Marina Nacional, así como con el fuero de justicia militar lo que ha permitido atropellos constantes.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Prodh, en los años 2007 y 2008 los medios de comunicación reportaron 120 casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por militares, “dejando un saldo de al menos 28 muertos”.

De la investigación realizada por el Centro Prodh, entre enero de 2006 y noviembre de 2008, 500 averiguaciones previas habían sido remitidas a la justicia militar por las autoridades civiles; de estas averiguaciones “únicamente 11 fueron consignadas: menos de una de cada diez”, y no se tiene conocimiento “de ninguna condena aplicada por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados”.

En la demanda de estos organismos de derechos humanos se acusa de parcialidad a la “justicia militar” al depender del Ejecutivo federal, sin limitación alguna, la designación del Procurador General de Justicia Militar y los integrantes Supremo Tribunal Militar y de la Secretaría de la Defensa Nacional el nombramiento de los consejos de guerra, jueces, ministerios públicos y defensores de oficio militares.

Las normas en esta materia facultan al procurador militar a imponer resoluciones a los ministerios públicos y establecen como una excluyente de responsabilidad de los militares “obedecer a un superior aun cuando su mandato constituya un delito”.

Hay muchos casos como los de Valentina que se ahogan en la impunidad de la “justicia mexicana” y un gobierno que no ve ni oye cuando se acusa a los militares que cometen delitos, los hace intocables. Eso no puede ser así…

* Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Integrante del Consejo Directivo de Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC).

manfuentesm@yahoo.com.mx

09/MF/LAG/GG

Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles. Acepto Leer más

A %d blogueros les gusta esto: