A la par que se realiza el cuarto foro internacional sobre Genocidio y prescripción: Elementos jurídicos y culturales de la impunidad, promovido por el Comité del 68 en el Senado, la República pasa una coyuntura mediática internacional y nacional de escándalo tras escándalo, sin son ni son.
La impunidad de los crímenes de Estado siendo un signo del pasado; se extiende hasta nuestros días como la prueba de fuego del Estado de derecho en nuestro país sin que se haya tenido la capacidad institucional jurídica y, sobre todo, moral, para hacerle frente.
El gobierno de la alternancia de Vicente Fox ofreció las perlas de la virgen para esclarecer y castigar con todo el rigor de la Ley a todas las personas y servidores públicos involucrados de aquel entonces; más aún, ofreció tolerancia cero a la impunidad. Sin embargo, la realidad es otra.
A cinco años de gobierno foxista, la voluntad del Ejecutivo Federal ha estado sujeta -como ha quedado claro- a los poderes fácticos que se aferran a proteger a quienes están involucrados en los delitos de lesa humanidad.
La constante, entonces, ha sido una negativa, implícita o explícita, a actuar y a resolver estos asuntos conforme al derecho internacional humanitario de los derechos humanos que el Estado Mexicano ha reconocido. Resulta que para los tenedores del poder la justicia llega hasta confirmar que, «los delitos del pasado han prescrito» o, en el caso extremo, que «no se configura el delito como genocidio»
El saldo de cinco años de alternancia es «la impunidad», principalmente por la falta de voluntad política y compromiso real por la vigencia de los derechos humanos en el país, como la falta de aplicación de la ley o la falta de vigencia de las normas imperativas del derecho internacional sobre la persecución, castigo e imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y su aplicabilidad en el Estado mexicano.
En un Estado democrático de derecho no tendría cabida la impunidad, que es el signo característico del Estado autoritario pues, como antítesis del Estado de derecho, aquél no responde a los intereses de la sociedad, sino que es secuestrado por un grupo de poder para ponerlo al servicio de intereses particulares del bloque dominante en nuestro país.
Hoy, de cara a los desafíos del siglo XXI, es necesaria la renovación de dos poderes de la Nación, el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo, para que impere el nuevo arreglo fincado verdaderamente en la defensa y la protección irrestricta de los derechos humanos de tal forma que se dignifique a las instituciones de la República que están al servicio de sociedad.
*Senadora por el Partido de la Revolución Democrática
