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La inmigración ilegal en Europa, negocio soterrado

Por Carolina Fernández

Todas las historias que guarda la retina de cada una de estas personas son espeluznantes. Son historias de riesgo, de supervivencia, de desesperación, de valor. Historias que en otro contexto serían relatos épicos de grandes hazañas, recorridos increíbles, pruebas para el ingenio y para la resistencia física y mental. Hoy, contadas al abrigo de una manta de la Cruz Roja, si para algo sirven es para avergonzar al Primer Mundo, y para demostrar una vez más lo absurdo y lo cruel de unas políticas económicas que no dejan de alimentar la desigualdad.

Durante 2002, un total de 16 mil 504 inmigrantes fueron detenidos a su llegada en barcazas a las costas españolas. Las cifras de 2003 anuncian que éste será el peor año de la inmigración clandestina, ya que a finales de noviembre la Guardia Civil ya adelantaba que 17 mil 327 inmigrantes irregulares habían sido detenidos en las costas de Andalucía y Canarias.

Pero antes de poner pie a tierra han tenido que pagar una buena cantidad de dinero para poder jugar a la ruleta rusa, es decir tener una plaza en una barcaza, pasar horas navegando en un bote inestable, generalmente saturado y medio hundido por el sobrepeso, en la oscuridad y sabiéndose en manos de un patrón que no duda, como ya ha sido el caso, en hacer una llamada por teléfono móvil y abandonar la embarcación en el mar, cargada de personas, si la cosa se pone fea. Dicen que él es el único que lleva chaleco salvavidas. El resto se agarra como puede a la lancha y se cuida bien de mantener el equilibrio. Pero es complicado, sobre todo cuando se avista una lancha y el miedo se apodera de sus ocupantes.

El personal encargado de la vigilancia de la costa no descansa. A cualquier hora del día o de la noche se puede recibir un aviso. Se movilizan la Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja, para ofrecer ayuda sanitaria de urgencia. Si todo va bien, llegan a tierra, la mayoría en unas condiciones penosas. Hambrientos, agotados, con síntomas de hipotermia, con quemaduras producidas por el contacto del combustible de los motores y el agua salada, sobre todo con el desánimo impreso en el rostro, al ver que al final de su viaje se topan con una gruesa coraza: los sistemas de vigilancia que impone la política migratoria tanto de España como de la Unión Europea. Eso si la barcaza llega a tierra sin mayores problemas.

En otros casos las aguas del Estrecho se cobran un alto precio. A finales de octubre del presente año tenía lugar uno de los episodios más dramáticos de la historia de la inmigración en nuestro país. El naufragio de una barcaza en aguas cercanas a Rota se saldaba con la muerte de 36 personas. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se comprometió a investigar la veracidad de las denuncias por «falta de coordinación» de los servicios de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil, que a su vez denunció la «penuria absoluta de medios» con que trabajan en las costas de Cádiz.

«Es verdad que aquí estamos instalados en la falta de medios y en la descoordinación. No es que haya habido mala voluntad, pero ciertamente esto ha dejado al aire todo el problema de los medios tanto de servicios marítimos, como de la Guardia Civil», confirma José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz.

LA LLEGADA

La mayoría de los inmigrantes que llegan a través del Estrecho son marroquíes. Suelen pasar muy poco tiempo en territorio español, porque Marruecos es uno de los países con los que hay un convenio de expulsión que hace posible el inmediato viaje de vuelta. Los subsaharianos y asiáticos, por ejemplo, se quedan, al menos de momento.

El primer escalón son los llamados Centros de Acogida, que prevén una primera asistencia a la persona que llega. Teóricamente deberían servir para integrar a la persona en algún circuito, de manera que pudiera acabar regularizando su situación e integrándose en la sociedad, pero la realidad es que el recorrido se queda en una primera ayuda básica, muchas veces con grandes dificultades y pocos recursos.

CENTRO DE INTERNAMIENTO

Existe en torno a los Centros de Internamiento una fuerte polémica. Son muchas las organizaciones que denuncian la permanente violación de los derechos humanos, al retener a unas personas que no han cometido ningún delito. SOS Racismo, en su Informe anual 2003 sobre el racismo en el Estado español, recoge las quejas sobre estos centros, denunciados durante el 2002 por el Defensor del Pueblo y por organizaciones como Human Right Watch. «Saturación, pésimas condiciones de higiene y alimentación, falta de ventilación, asistencia médica y jurídica deficiente, vulneración de la prohibición de internar a menores, prohibición de visitas a familiares y de utilización del teléfono, y falta de intérpretes, son las denuncias más graves de unos centros cuya misma existencia es denunciable puesto que privan de libertad por un máximo de 40 días a personas que no han cometido delito alguno».

De hecho, la indocumentación está considerada como una falta administrativa. La portavoz de esta organización explica que la reforma de la Ley de Extranjería todavía abre la puerta a más arbitrariedades, puesto que lo que antes estaba establecido por ley y bajo responsabilidad de la administración, ahora dependerá del criterio del director del centro.

La arbitrariedad es también lo que determina el tiempo de estancia en estos centros. A veces, quedan en libertad sencillamente porque «no toca organizar un viaje con todos los expulsados», reconocen desde SOS Racismo.

NEGOCIO PARA –CASI- TODOS

Alrededor del tráfico humano en el Estrecho florece un suculento negocio que alimenta muchas bocas; de hecho el viaje en barcaza es bastante más caro que el viaje en barco o en avión. Quienes lo tienen cerca no dudan en afirmar que es realmente rentable, porque en los lugares pequeños se sabe de vecinos que han cambiado de negocio: del tráfico de drogas al tráfico de inmigrantes.

Hay un entramado que cubre todas las posibles necesidades del recién llegado. Algunas personas se dedican al negocio de fabricar las embarcaciones; otros los esperan al llegar a tierra, otros los trasladan. Cada paso es dinero. La burocracia también se paga, y a precios desorbitados. Hay abogados que prometen permisos de trabajo. Cobran grandes cantidades y prometen «papeles» en poco tiempo. Asesorías, falsificadores de documentos, venta de certificados de empadronamiento… La burocracia es negocio. Hay quien va más lejos y secuestra a los recién llegados; posteriormente se ponen en contacto con su familia para pedir dinero a cambio. También es común la extorsión: dinero a cambio de no denunciar a los indocumentados a la policía. Es la experiencia de Algeciras Acoge.

AMOR Y ODIO

El control de las fronteras fue uno de los principales temas abordados durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrada en junio de 2002, bajo presidencia española, donde los 15 sentaron las bases para poner en marcha una política común en materia de inmigración, a saber: un programa de repatriaciones para la expulsión masiva de los inmigrantes ilegales. Desde enero de 2003, buques de España, Francia, Reino Unido, Portugal e Italia vigilan el Mediterráneo para controlar la llegada ilegal de barcazas. En junio de 2003, los 15 aprobaron un nuevo paquete de medidas para reforzar el control de las fronteras. ¿Dónde están las políticas de integración? «Es una enorme contradicción -explica Begoña, de SOS Racismo-. Tanto en España como en Europa se necesita a esa gente para trabajar, y sin embargo no se les otorgan derechos como ciudadanos».

Mientras tanto, la entrada de inmigrantes nos está salvando de un crecimiento demográfico negativo que sería muy perjudicial para nuestro país. Gracias a los más de 20 mil bebés nacidos de padres extranjeros, la balanza demográfica se mantiene y las muertes no superan a los nacimientos, según cifras del INE. Este dato quizá debería bastar para facilitar su regularización y su incorporación al país de acogida con los mismos derechos que el resto de la población. Sin embargo, ya sabemos, no es así.

SE BUSCA EMPLEO DIGNO

Las últimas cifras facilitadas por el Ministerio del Interior revelan que España ha ganado más de dos millones de habitantes desde 2000, gracias a la inmigración. En nuestro país viven más de dos millones y medio de extranjeros, y suponen más del 6% de la población. Sólo la mitad tienen tarjeta o permiso de residencia. El resto, espera por los ansiados «papeles». Las entradas en barcaza son las que crean más alarma social, pero no son ni mucho menos las más numerosas. «El año pasado por el aeropuerto de Barajas entraron cuatrocientos ochenta mil ciudadanos de países de Hispanoamérica, con sus visados de turista -apunta Carlos Ugarte, coordinador general de Proyectos Cuarto Mundo de Médicos Sin Fronteras-. Todo el mundo sabe que es la forma de entrar, y que se quedan una vez que esos visados vencen, mientras que por el Estrecho llegaron sólo diecisiete mil el año pasado, de los cuales únicamente se quedó el 20%». ¿Por qué estas diferencias?

También en el campo hace falta gente con ganas de trabajar. El inmigrante aprovecha el vacío que dejan los trabajadores españoles, que prefieren otras ocupaciones antes que la dureza de la agricultura. «El campo tira de esta mano de obra barata, para la que no se necesita una gran cualificación profesional -explica Julio Martínez-. Además, en la mayoría de los casos la gente no está dada de alta, no se cotiza por ellos, no se les paga lo que se les tiene que pagar. No cotizan pero tampoco reciben, y en un futuro, cuando llegue el momento de la jubilación o de irse del país, se van como vinieron, sin ninguna prestación, sin ninguna pensión. Con lo cual tanto el empresario como el propio Estado hacen el agosto. De esta situación todo el mundo se beneficia menos el pobre que tiene que estar trabajando en estas condiciones».

*Carolina Fernández, periodista peruana. Retomado de la revista mensual española Fisión, de su número de su número de enero 2004

04/CF/GMT

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