La semana pasada la LXI legislatura aprobó reformar el artículo 40 de la Constitución para incorporar el principio de laicidad, como uno de los atributos fundamentales de la República. Un tema de alta relevancia en estos momentos en que la jerarquía católica no solo hace política, sino que busca llevar sus pecados a la ley.
El proceso de esta modificación no ha sido nada sencillo, hasta el día de hoy lleva cuatro años gestándose en el seno de la Cámara de Diputados, desde el 4 de enero de 2006 cuando fue presentada la primera iniciativa hasta el 11 de febrero del presente año, cuando fue aprobada. Es decir ha sido tema durante tres legislaturas.
En este proceso han abonado a la reflexión y discusión diputadas feministas quienes han llegado al congreso para legislar a favor de la mayoría de la población: las mujeres. Entre ellas, Elsa Conde, entonces diputada de la LX, por el partido Alternativa y en la actual legislatura la presencia de las diputadas Enoé Uranga y Teresa Inchaustegui.
Para la jerarquía católica, la laicidad, es un atentado contra su hegemonía, la cual le ha permitido prerrogativas discrecionales para su beneficio, así como mantener a delincuentes eclesiales al amparo del manto púrpura, solo por recordar a los sacerdotes pederastas quienes aún siguen en la impunidad.
La incorporación de la laicidad como eje rector del Estado nos revela también la doble moral con que juegan los partidos y sus legisladores, pues mientras en la Cámara de Diputados se aprobaba que la República Mexicana es representativa, democrática, plural y laica, en el estado de Tlaxcala legisladores de Convergencia, Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), se unen, basados en principios religiosos; para penalizar el derecho de las mujeres a la maternidad libre y voluntaria.
Es decir que mientas en la Cámara de Diputados sus fracciones y líderes partidistas se vestían de avanzada, a unos cuantos kilómetros les salía la mano oscura y retardataria que ha pactado con la jerarquía católica y fundamentalista, para embestir contra los derechos de las mujeres y poner en riesgo siglos de lucha femenina.
Por ello no es menor, la exigencia de incluir en el debate político sobre reforma del Estado la visión feminista sobre el derecho de las mujeres a ser consideradas pares, para ser tratadas como ciudadanas con derechos.
Lograr la presencia de políticas comprometidas con los derechos humanos de las mujeres en los espacios legislativos y de toma de decisión en general dejará al descubierto, como hoy lo hace, esta visión pragmática con que los partidos hacen política según su beneficio.
Declarar estar a favor de un Estado Laico implica no solo teoría, sino una práctica congruente con ese principio lo cual debe llevar a revertir los errores legislativos en los estados que han cancelado la posibilidad de un aborto legal y restituirles a las mujeres su derecho a la maternidad libre y voluntaria.
Implica indudablemente que se haga efectivo el compromiso declarado el 4 de febrero y desechar la iniciativa presentada por el priísta veracruzano Fidel Herrera, es desechar también toda iniciativa que atente contra los derechos de las mujeres, en Tlaxcala y en cualquier otra entidad. Algo de congruencia se necesita también para garantizar la laicidad del Estado Mexicano.
*Periodista y feminista mexicana, coordinadora general de CIMAC.
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