Ya pasó un mes desde el 1 de julio y el enojo y la desconfianza sobre la calidad del proceso electoral siguen aflorando en todo el país. Las marchas, las impugnaciones y las reuniones para definir estrategias con el fin de impedir el ascenso de Enrique Peña Nieto al poder continúan con gran intensidad.
28 millones de personas que votaron por los candidatos del PAN y del Movimiento Progresista no entienden cómo es posible que el PRI retorne a la Presidencia de la República; 19 millones que votaron por la coalición PRI-PVEM en cambio están muy contentos por el triunfo y por el derrame de recursos que seguramente los salpicó un poquito.
Creo sin embargo que aún con todo el debate poselectoral sobre la autenticidad y la equidad de la elección, deberíamos sentirnos satisfechos por los importantes avances en la competencia que pudimos observar en este proceso.
En ese sentido, como señalaba en algún comentario anterior, durante las campañas observamos un cambio en los términos de relación entre las y los candidatos con la sociedad civil. Estos fueron interpelados por muy diversos grupos con los que se vieron obligados a dialogar y a comprometerse.
Asimismo, la jornada electoral transcurrió sin sobresaltos en poco más de 140 mil casillas que se montaron en todo el país. Hubo incidentes menores y dispersos que no pueden tomarse como patrones generalizados de violación a las reglas.
Se dio una notable participación ciudadana con 63.3 por ciento de las personas en listas nominales que salieron a votar, y cerca de 600 mil personas que vigilaron y contaron los votos.
El recuento de votos de casi el 55 por ciento de las casillas en sólo cuatro días se realizó sin contratiempos, y es necesario reconocer el gran trabajo, responsabilidad y sacrificio de los integrantes de los consejos distritales y locales del IFE.
Si bien en algunos distritos electorales se manifestó el corazoncito priista que aún late en ciertos funcionarios locales del IFE, estos fueron vigilados y acotados por los consejeros locales y distritales.
Es decir, operó bien la vigilancia ejercida por los consejeros ciudadanos del IFE gracias a que en su integración participan ciudadanos independientes en todo el país.
Los resultados en el Congreso nos indican que las y los ciudadanos hicieron un voto diferenciado para diputados y senadores, y no le dieron "carro completo" al PRI en la conformación del próximo órgano legislativo.
Sin embargo, la percepción compartida por muchas y muchos es que se violaron los topes de gasto de las campañas; se utilizó mucho dinero público y privado ilegalmente, incluyendo el proveniente de actividades ilícitas; se realizaron campañas de compra y coacción del voto, y privó la inequidad en la promoción de las y los candidatos, especialmente en los niveles locales.
Si bien este tipo de prácticas se presentan desde hace mucho tiempo en los procesos electorales mexicanos, su reiteración en esta ocasión generó un mayor enojo.
¿Por qué y a quién debemos atribuir que se presente la compra y coacción del voto en una magnitud que es difícil de probar, pero que se percibe como enorme en esta ocasión y muy inequitativa?
Personalmente encuentro dos culpables: en primer lugar a los propios partidos políticos, a sus legisladores y a sus gobernadores, y en segundo lugar a los grupos de interés que buscan mantener sus privilegios.
Después del proceso electoral de 2006 y durante la gestación de la reforma de 2007-2008, los partidos cuyos legisladores la formularon sabían muy bien que al ya no tener que comprar tiempos en medios electrónicos, el importante volumen de recursos que seguirían recibiendo para las campañas lo podrían destinar a la compra de votos en todo el territorio.
También sabían que si bien los programas sociales federales estaban sujetos a reglas de operación y eran ampliamente observados, los programas sociales estatales en cambio sufrían de una total opacidad y de un manejo discrecional por los gobernadores.
Varias organizaciones y especialistas advertimos que el gran problema del proceso electoral de 2012 sería la compra y coacción del voto.
Sin embargo, las y los legisladores de todos los partidos políticos no legislaron para prevenir estas prácticas y las sanciones impuestas por rebasar los topes de campaña son sólo multas que además se pagan con los recursos públicos que reciben los partidos.
Lo trágico de esta historia es que en lugar de reclamarle a los partidos, las y los ciudadanos enojados y los mismos institutos políticos están golpeando al IFE, una institución que nos costó tanto trabajo construir, que es emblemática de la lucha ciudadana por elecciones auténticas, equitativas, periódicas y confiables, cuyo Consejo General rescatamos de su captura por dos partidos políticos en 2003, y se logró finalmente recomponer con la incorporación de tres nuevos consejeros con magistratura moral, después de que por más de un año la Cámara de Diputados no se ponía de acuerdo en su nombramiento.
El IFE tiene en su estructura a muchas personas comprometidas con la democracia, y esta injusta y ?desde mi óptica? exagerada crítica a su actuación, contribuye a desalentarlos y a ir destruyendo a una de las pocas instituciones donde persiste un sentido de responsabilidad pública.
Creo que el IFE realizó en tiempo y forma las tareas que por ley tiene encomendadas. Todos los augurios sobre el mal funcionamiento del PREP, del conteo rápido, del montaje de la organización electoral y del recuento de votos fueron derivados del desconocimiento o de esa desconfianza tan destructiva que nos caracteriza como sociedad.
Posiblemente se pueden considerar algunas declaraciones del presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, como triunfalistas, faltas de sensibilidad, de mesura y de empatía con el enojo y frustración que domina a sectores importantes de la población, pero creo que ello no hace culpable al IFE como institución del mal desempeño de los partidos políticos, de sus legisladores y de la intromisión de las élites económicas y sociales empeñadas en proteger sus intereses a toda costa.
*Analista del Cambio Social y presidenta de INCIDE Social A.C.
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