Un juez federal anuló el pasado jueves una ley que iba en contra de las y los inmigrantes indocumentados, y que había sido aprobada en Hazleton, Pensilvania, declarando inconstitucional la medida, que ha sido imitada en otras ciudades del país.
Esto es un duro golpe en contra de la tendencia dañina a la política migratoria de los gobiernos locales, afirma el New York Times (NYT) en su editorial titulado «Humanidad contra Hazleton».
El juez James M. Munley, del distrito central de Pensylvania, echó abajo la ordenanza de la ciudad de Hazleton que buscaba castigar a la inmigración indocumentada por el solo hecho de tratar de vivir y trabajar ahí, a los empleadores y dueños de casa que le proveyeran casas y trabajos.
El NYT señala que las restricciones que implicaba la ley para las y los indocumentados, impulsada por el alcalde Louis J. Barletta, era «una de las medidas más duras en los Estados Unidos.
VERDADES BÁSICAS
Por eso, la resolución del juez Munley, dice el NYT, estableció las verdades básicas que todo norteamericano debe recordar.
Primero, que la migración es responsabilidad federal, por lo cual los estados y los gobiernos locales no tienen derecho a usurpar nuestro vertical y extenso «cuidadoso esquema de mandato federal» que gobierna a quienes ingresan a este país y bajo las condiciones que cada inmigrante está, estudia, trabaja o se naturaliza. El Congreso posiblemente estropeó su trabajo, pero no lo ha delegado, dice el rotativo.
Segundo, apunta el diario, las garantías constitucionales de protección igualitaria se aplican a todas las personas, no solo a los ciudadanos.
Es falsa, aunque generalizada, la presunción de que la enmienda 14ava puede hace a un lado a las y los inmigrantes mientras están siendo perseguidos y castigados.
El juez escribió: Nosotros no podemos decir claramente lo suficiente acerca de que las personas que entraron en este país sin una autorización legal no pueden ser quitadas inmediatamente de todos sus derechos por este único acto ilegal».
Aun no está claro cuándo o cómo ocurrirá la vigilancia de Hazleton, pues el señor Barletta dijo que apelará la decisión del juez. Es posible que él, junto con otros a lo largo del país, mantenga las medidas contra las y los inmigrantes indocumentados e inventen nuevas estrategias para causarles dolor. Pero esto es legal y moral terminar con esto, dice el diario.
Estas conductas harán del sistema migratorio un lío incoherente, agrega.
Al alcalde Baarletta le enojó el fallo federal, pero debe darse cuenta de que sus restricciones, similares a las que se manejaron en el Senado durante la discusión de la reforma migratoria, empujaron a desbaratarla, sentencia el diario.
Ellos celebran su victoria, pero con su poca visión del futuro insiste en el refuerzo de la frontera antes que todo, dejando ciudades como Hazleton lidiando con el fracaso de la política migratoria en los años venideros, concluye el editorial del prestigiado diario neoyorquino.
La decisión tomada por el juez James M. Munley puso punto final a un pleito que mantuvo en vilo a cerca de diez mil inmigrantes latinos que se calcula viven en Hazleton, quienes vieron comprometido su derecho a hacer negocios, tener trabajo o recibir servicios de la ciudad, si no podían demostrar la legalidad de su estadía en el país.
La decisión del juez es un mensaje inequívoco para las autoridades locales de todo el país de que este tipo de ordenanzas son un desperdicio del dinero de los contribuyentes, un anatema de los «valores Americanos» y una violación de la Constitución, dijo Omar Jadwat del Proyecto para la Defensa de los Derechos de los
Inmigrantes, del Sindicato para las Libertades Civiles-ACLU, publicó el diario La Prensa.
En tanto el Consejo Nacional de La Raza (NCLR) aseguró que ordenanzas como esa y otras similares en todo el país que prohíbe a patronos arrendar propiedades o dar empleo a indocumentados, «no seguirán en pie».
«El reglamento público hubiera facilitado actitudes y acciones extremas tales como seleccionar personas en base a su raza, discriminación y la negación de beneficios a inmigrantes con papeles, dijo La Raza en un comunicado.
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