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La Militarización existe y nos incumbe

Por Sara Lovera

El silencio y el olvido son las dos divisas a que aspiran los patriarcas. Esos que además de controlar la economía, producir las desigualdades y ejercer su poderío por doquier, ayudados de sus armas y sus ejércitos, controlan en forma específica la vida y la libertad de las mujeres.

Seguramente por ello habría que resaltar el valor de la abogada feminista Martha Figueroa, quien trabaja en Chiapas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres que viven en esa zona militarizada, víctimas del acoso, la prostitución, el desplazamiento y la marginación. Ella vino a recordar en momentos de cuentas alegres que las cosas allá, en los altos de la montaña, en los pueblos y comunidades de Chiapas, no han cambiado.

Mientras allá, en la zona del Ejécito Zapatista de Liberación Nacional, el subcomandante Marcos discute la estrategia a seguir para incorporarse a la vida civil, con representantes de agrupaciones de izquierda no incorporadas al sistema de partidos, Martha Figueroa documentó cómo se vive la desigualdad y la opresión femeninas en aquellos lugares.

Sin ambajes, en el marco del Congreso Internacional Camino a la Igualdad de Género, que evaluó las ocho Metas del Milenio, insistió: la militarización existe, tiene consecuencias gravísimas para la vida de las mujeres, nos incumbe y es una forma muy clara del poder masculino.

Casi puedo escuchar la enjundia de la abogada feminista. En ese espacio donde quedó bien claro que la evidencia empírica de que los rezagos que padecen las mujeres se traducen en menor bienestar social para el conjunto de la población. A la desigualdad milenaria, caldo de cultivo de la violencia, ofenden más profundamente el gasto militar, la indiferencia y con frecuencia el olvido.

Durante más de 11 años, al menos públicamente, las mujeres de Chiapas, indígenas, campesinas, trabajadoras o empresarias, según se vea, son convertidas en objetos y objetivos de guerra. Un continuo que no se ajusta a la evaluación tecnocrática de las Metas del Milenio, que está ahí, y Martha Figueroa para recordarlo.

La descripción es intolerable: convertidas en objetos y objetivos de guerra, las mujeres indígenas son las principales víctimas de los actos de terrorismo; torturas físicas y psíquicas, desapariciones, violaciones y desplazamientos forzados.

La abogada les dijo a quienes estuvieron en ese congreso que no estaba hablando de un cuento, que se trata de la cotidianidad traumática de las indígenas chiapanecas, cuyas consecuencias sociales y psicológicas son inhumanas. De las 45 víctimas asesinadas en Acteal 21 eran mujeres, cuatro estaban embarazadas, 11 eran niñas, cuatro niños y cinco hombres adultos. Las sobrevivientes de la violencia, se cuentan por miles.

El reporte sobre las consecuencias de la militarización que no ha cesado en Chiapas, se suma a los muy diversos informes que se dieron en ese Congreso, cosas que ya sabemos, sobre el analfabetismo mayor entre las mujeres; la pobreza extrema; la falta de oportunidades económicas, sociales y políticas. Se suma también el cinismo y el escamoteo al reconocimeinto de la violencia estructural contra las mujeres que hoy llamamos feminicidio, como un grave fenómeno específico, y su extremo, el homicidio. Según el texto de la abogada, en cuentas cruzadas de diarios, denuncias y hechos, fue asesinada una mujer cada mes sólo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, 13 en 2004.

Pero Martha Figueroa documentó. La tasa de agresiones sexuales tumultuarias contra las mujeres aumentó en Chiapas, tierra de caciques y de guerra, de 5 por ciento en 1993, a 30 por ciento en la última década, de las cuales 60 ataques fueron directos para activistas o integrantes de organizaciones sociales, hasta 1997.

Más allá de la prostitución y el tráfico de mujeres para “atender las necesidades” de los soldados, los armados y con botas propician conflictos familiares por abuso sexual a menores y cuestiones “culturales”; pago a trabajo domético y un continuo de estigmatizaciones varias contra las mujeres forzadas a “servir” a los militares.

Hablar de Derechos Humanos de las mujeres, es hablar de su especificidad, en un mundo donde las mujeres extrañas al sistema patriarcal, se las quiere ver inmersas en ese mundo violento que ellas no han creado. ¿Cuál puede ser la explicación de estos horrores? Que no sea el hecho simple, pero palmario, de su ser mujeres.

En Chiapas, dijo la abogada, pero también en otras zonas militarizadas con el pretexto del narcotráfico o la violencia organizada, se vive esta situación. Eso pasa en Oaxaca y Veracruz.

¿Quién vigila el gasto militar? ¿Quién pide cuentas a la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Dónde está el mapa de los movimientos el ejército, cuyas pisadas, presencias y acciones agravan la situación de discriminación, marginación y exclusión que vivimos las mujeres?

Ningún diagnóstico de los derechos humanos de las mujeres puede olvidar que ahí están, tras cada recodo del camino, en las sombras de la vegetación selvática, en los caminos y apostados a la entrada de los pueblos, ésos, los militares y paramilitares en la herida tierra chiapaneca.

Para no callar y para no olvidar, Martha Figueroa, que todavía espera una respuesta del gobierno mexicano por la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se juzguen civilmente a los militares, habló en el Congreso Internacional en el que funcionarias encumbradas se duelen por la desigualdad entre los hombres y las mujeres y están buscando y buscando soluciones micro, a la urgente necesidad de una política integral para atajar, realmente, la violencia que viven todas las mujeres.

05/SL/GM

*Periodista

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