La falta de credibilidad en la palabra de la mujer, la corrupción del aparato de justicia y una obstinación por mantener unida a la familia –auque eso signifique poner en peligro la integridad física, mental y moral de sus integrantes– son las principales causas que inhiben las demandas por violencia familiar.
En conferencia de prensa Julia Pérez, directora del Bufete Jurídico Vereda Temis, aseguró que el procedimiento penal que deben seguir las afectadas, además de ser engorroso pues dura de seis meses a un año, es discriminatorio y peligroso.
De acuerdo con el procedimiento penal, debe notificarse al agresor sobre la denuncia que pesa en su contra en un plazo no mayor a cinco días; pero, pese a que el ministerio público tiene la facultad de establecer la medidas preventivas para salvaguardar la seguridad de la denunciante –con todo y que ésta no lo solicite– en la práctica no recibe ningún tipo de protección.
Julia Pérez también subrayó que el trato de los servidores públicos hacia las afectadas es otro tipo de violencia que ellas tienen que padecer, ya que además de ser tratadas como si ellas hubiera provocado la violencia, para que el ministerio público comience una averiguación previa tiene que presentar golpes visibles.
Más aún, señaló, las mujeres no denuncian porque no tienen los recursos económicos para llevar un proceso penal, ya que los sobornos que les piden para agilizar trámites sencillos como la entrega a tiempo del citatorio y de copias de su expediente ascienden a más de 200 pesos.
En este contexto José Luis Castro, juez cuadragésimo de lo familiar, señaló que la actual legislación tiene vacíos jurídicos lo que ocasiona que la violencia familiar sea uno de los delitos más difíciles de demostrar.
De igual forma denunció que la falta de recursos para abordar el tema de forma seria y responsable, así como para brindar protección a la denunciante y asegurar su seguridad física y emocional viene a ser otra forma de violencia hacia la afectada.
Por lo anterior, Julia Pérez exhortó al poder legislativo para que tome las medidas necesarias a fin de garantizar al máximo los derechos y la seguridad de las personas que denuncian la violencia familiar, sin cuestionar quién la provoca.
Pero sobre todo, insistió, es necesario que «el sistema de justicia se quite la idea de que la familia debe prevalecer sobre todas las cosas, aun sobre los derechos de sus integrantes».
Esas medidas, finalizó, deben contemplar mecanismos que hagan posible en la práctica el cumplimiento de las leyes.
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