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La opacidad de las candidaturas al Congreso

Por Clara Jusidman*

En la última semana ha surgido una inquietud relacionada con el origen y la calidad de las y los candidatos que están postulando los partidos políticos, para incorporarse al Congreso a la importante tarea de desarrollar o modificar las leyes que rigen la vida de nuestra sociedad.

Esta inquietud deriva de un desplegado de prensa que acusa a Carmen Aristegui de defender los intereses de Carlos Slim y que fue firmado por Alejandro Puente Córdoba.

Parte importante de la noticia es que Puente es presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), y fundador y presidente del Consejo de Administración de EfectoTV, empresa de la cual posee el 75 por ciento de acciones y tiene vínculos claros con Televisa.

Pero además no satisfecho con todas estas actividades, Puente aparece como candidato propietario a una senaduría de representación proporcional por el Movimiento Ciudadano (MC), en una posición en donde es casi seguro que sin mayor esfuerzo llegue al Senado. Un dato más es que su suplente es un viejo militante activo del MC, Alejandro Chanona Burguete.

Las noticias dicen que Puente desplazó a Porfirio Muñoz Ledo de la posibilidad de tener esa posición y entrar al Senado. Tanto Chanona como Muñoz Ledo son dos hombres que tienen sentido de Estado, y que han contribuido en Legislaturas anteriores con aportaciones valiosas.

Este caso aporta a la evidencia de que los partidos políticos están siendo utilizados por las élites empresariales para colocar a sus empleados y directivos en posiciones dentro del Congreso, y a su vez refleja una relación absolutamente mercantil con las cúpulas de los partidos donde algo ofrecen a éstas.

De 15 casos hasta ahora detectados por el Comité Conciudadano para la Observación Electoral y otras organizaciones, de candidatos a senadurías y diputaciones provenientes de los consorcios televisivos, nueve son postulados por el PVEM, cuatro por el PRI, uno por la coalición PVEM-PRI, y uno por el MC.

Es decir, dos terceras parte de estas postulaciones las hace el PVEM, lo que hace también que la mayoría sean postulados por la coalición Compromiso por México. Esto podría ser prueba del fuerte vínculo entre las televisoras y esa coalición.

También se ratifica la percepción crecientemente generalizada de que el PVEM se dedica a vender franquicias, y que para muchos es una vergüenza que su negocio sea mantenido con los recursos públicos que todos aportamos para el sostenimiento de los partidos.

Promovido hace varios años por Manuel Camacho y Carlos Salinas de Gortari como un partido de origen familiar, y habiendo sido expulsado por las organizaciones internacionales de partidos ecologistas, el PVEM representa un enorme boquete en el sistema político mexicano.

Su permanencia proviene de un electorado desinformado y engañado mediante la publicidad mentirosa y de los candados que sus propios legisladores han ayudado a construir en el Cofipe, para fortalecer y proteger a la partidocracia existente.

El "affaire" se inserta y corrobora la opacidad con la que los partidos eligen a sus candidatos al Congreso y su vulneración del derecho a la información de las y los ciudadanos para realizar un voto informado.

En la mayoría de los partidos son sólo sus cúpulas las que eligen a los candidatos, vulnerando incluso los derechos de sus militantes y negociando candidaturas en posiciones privilegiadas para los empleados y directivos de los poderes económicos reales.

No es sólo la "telebancada", sino también legisladores para las empresas de alimentos industrializados, farmacéuticas, del tabaco, de las telecomunicaciones, etcétera.

Desde las elecciones de 2006, el Comité Conciudadano y las organizaciones que lo integran desarrollaron un proyecto llamado "Congreso con rostro", en el cual mediante la solicitud de información al IFE y a los partidos, se pretendía construir una base de datos curriculares de las y los candidatos para algunos distritos electorales con el fin de que las y los votantes de esos distritos pudieran emitir un voto informado.

En 2009 se repitió el proyecto para ocho estados y 80 distritos, y un total de 600 candidatos de mayoría relativa.

Al incluir el proceso electoral actual el Comité Conciudadano ha solicitado información de contacto y curricular de las y los candidatos a los partidos, y con excepción de alguna información parcial del PAN, MC y PRD, los demás partidos responden que no cuentan con esa información.

El PVEM dice que no está obligado a darla. En otros países como Brasil, Ecuador y Perú, esa información es accesible para todos.

En esta ocasión hay poco más de tres mil candidatos registrados por los partidos para competir por posiciones de senadores y diputados. ¿Sabemos quiénes son? ¿Sabemos a quién y que representan? ¿Realmente son nuestros representantes? ¿Tenemos, como sus electores, medios para que nos rindan cuentas?

Ellos son los que definen las reglas de nuestra convivencia plasmadas en leyes. ¿Son leyes que ponen el interés colectivo y el bienestar de las personas por sobre los intereses privados que parecen representar cada vez más?

Ante situaciones como la descrita es nuestra obligación informarnos quiénes son las y los candidatos que nos proponen los partidos y elegir y votar de manera informada.

*Analista del Cambio Social y presidenta de INCIDE Social AC.

12/CJ/RMB

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