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La paridad, todavía un horizonte lejano en AL y Caribe

Por Gladis Torres Ruiz

En América Latina y el Caribe hay avances importantes en la igualdad entre los sexos y la autonomía de las mujeres, aunque en países como Bolivia, El Salvador, Guatemala, Ecuador, México, Paraguay y Perú todavía se muestra una importante brecha entre mujeres y hombres en ciertos temas, señala el Informe Regional Objetivos de Desarrollo del Milenio 2006: una mirada a la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.

El documento fue presentado ayer por José Luis Machinea, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), como parte del esfuerzo iniciado con el Informe 2005 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y el Caribe.

El nuevo informe aborda con profundidad el camino recorrido por la región en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio Número 3 (ODM 3): Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, así como su vinculación con la erradicación de la pobreza, la violencia basada en el género, el trabajo no remunerado, el acceso a los puestos de toma de decisiones y los derechos reproductivos.

Con relación a las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres, de entre 15 y 24 años, la paridad ha sido alcanzada en la mayoría de los países, salvo en aquellos con una alta proporción de población indígena, como Guatemala, Bolivia y Perú.

También son visibles algunos avances en materia de representación política, ya que la presencia de las mujeres dentro de los parlamentos nacionales tiende a crecer en la mayoría de los países de la región. De 1990 hasta el año 2006, la proporción de mujeres en los parlamentos aumentó en 8.5 puntos. Así, en 2006 se ubicó en un 20.34 por ciento. Pero la paridad aparece todavía como un horizonte lejano.

En la esfera económica, respecto a la proporción de mujeres entre los empleados del sector no agrícola, se ha reducido sostenidamente la brecha entre mujeres y hombres, a pesar de la heterogeneidad existente entre los países. De esta manera, la proporción de mujeres empleadas en el sector no agrícola aumentó en cuatro puntos porcentuales en el período 1990-2004, llegando a un 42 por ciento en el ámbito regional.

Solo en Surinam, Puerto Rico, Honduras y Jamaica la proporción de mujeres bajó, mientras en Cuba, Panamá y Bahamas no hubo cambios. En Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y República, hubo un aumento leve o moderado.

Y en Antillas Neerlandesas, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, República Venezuela, Uruguay y Trinidad y Tobago, se observó un incremento importante, superior a cinco puntos porcentuales.

IMPORTANCIA DE LOS ODM 3

La importancia de observar el cumplimiento de los ODM 3 radica en que supone analizar brechas de género que los indicadores originales no reflejan en toda su extensión. El Informe señala que la igualdad de género y la autonomía de las mujeres tienen consecuencias en varias dimensiones, sobre todo ante el imperativo de reducir la pobreza en la región.

La aproximación hacia la manera en que mujeres y hombres viven y enfrentan la pobreza pone en relieve un conjunto de inequidades de género que dejan a las mujeres más expuestas a padecerla y con más obstáculos para superarla.

En casi todos los países de la región, en los que se dispone de datos, la jefatura femenina es mayor entre los hogares pobres e indigentes. Mientras en 2005 un 30 por ciento del total de hogares tenía jefatura femenina, entre los hogares indigentes dicho porcentaje alcanzó cerca de un 37 por ciento.

Esta brecha incluso se ha ampliado, puesto que esta realidad se ha incrementado sostenidamente en el tiempo y a un ritmo más acelerado en el último período.

Para los años 1990 y 2002, en los 12 países con información disponible, la proporción de hogares en situación de indigencia con jefatura femenina pasó del 27 al 32 por ciento, mientras sólo entre 2002 y 2005 dicha proporción pasó del 32 al 36 por ciento.

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA

El índice de feminización de la pobreza en 12 países, hasta el año 2002, presentaba un valor promedio relativamente estable en torno a las 108.5 mujeres por 100 hombres. No obstante, esta relación aumentó en el año 2005, alcanzando las 112 mujeres por 100 hombres. Esta situación se presenta incluso en países como Argentina, Chile, Costa Rica y Panamá, que no se caracterizan por tener altos niveles absolutos de pobreza.

En cuanto al cambio en el ingreso de las mujeres en proporción al de los hombres, indica el documento que la brecha entre ambos sexos ha tendido a caer con lentitud. La equidad en los ingresos laborales podría ocurrir más prontamente entre los asalariados (alrededor del año 2015).

En este contexto, el Informe plantea que el fortalecimiento de la autonomía económica y de la generación de ingresos propios de las mujeres es un reto fundamental que debe ser asumido por las políticas públicas.

Y destaca que además de los vínculos existentes entre el ODM 3 y la erradicación de la pobreza, lograr la plena igualdad entre los sexos y la autonomía de las mujeres supone su empoderamiento en al menos cuatro dimensiones relevantes, tanto desde el punto de vista del seguimiento de los avances, como de las estrategias que deben asumir las políticas públicas.

Supone, el trabajo no remunerado y de cuidado que realizan las mujeres de forma casi exclusiva; el acceso insuficiente de estas a la toma de decisiones en todos los niveles; la violencia contra las mujeres, y el ejercicio pleno de los derechos reproductivos.

La evidencia exhibida a lo largo de este Informe señala que el gran cambio cultural que implicaría el logro de la igualdad de género y la plena autonomía de las mujeres difícilmente será posible sin políticas y estrategias que contemplen esas cuatro dimensiones.

Por ello, el documento puntualiza un problema regional recurrente: donde ya existen normas o leyes dedicadas a promover la igualdad entre los sexos o la autonomía de las mujeres, su aplicación concreta constituye también un nuevo desafío.

Por lo que las políticas en materia de igualdad de género requieren de un diseño cuidadoso y de una voluntad política más decidida a la hora de llevarlas a cabo por parte de todos los sectores, además de la participación y el seguimiento activo de la sociedad civil.

07/GT/GG/CV

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